De multa a disolución: los castigos penales y deportivos que amenazan al Barça por cohecho

La clave está en la reforma del Código Penal de 2015, en la que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las penas por el delito de cohecho están recogidas en el artículo 427 bis, referidas al pago de multas de diferente cuantía en función de los años de prisión a los que sean condenadas las personas físicas que cometieron el delito en nombre de la sociedad.

Pero, además de esas multas, que es el castigo penal más probable al que se enfrenta el Barça como club, también están recogidas otras posibilidades en atención al artículo 33.7. Esas penas van desde la intervención judicial, pasando por la suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones, hasta llegar a la disolución de la persona jurídica -es decir, la desaparición del Barça como club de fútbol-.

El posible castigo de suspensión de actividades, de producirse, es el único que podría llevar a posibles sanciones deportivas al Barça, en especial en territorio español. Al no poder competir no podría disputar las diferentes competiciones en las que aparece inscrito.

Hasta ahora, la Ley del Deporte cerraba la puerta a esas posibles sanciones deportivas al considerar prescritos los hechos investigados al haber transcurrido más de tres años desde que se cometieron los delitos (aunque los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira comenzaron en 2001, la investigación del juez se refiere al periodo comprendido entre 2015 y 2018). Esa prescripción mantiene atados de pies y manos tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Federación Española de Fútbol, que no pueden actuar ya contra el Barça pese a que tanto la Ley del Deporte como el Código disciplinario de la RFEF recogen como una infracción muy grave «las conductas encaminadas a a predeterminar el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultados».

En ambos casos las sanciones por esa infracción hablan de «pérdida de categoría» para el infractor. Y en la nueva Ley del Deporte, en vigor desde el 31 de diciembre del año pasado, se amplía un posible castigo a la «pérdida definitiva de los derechos que, como socio o miembro de la respectiva sociedad, asociación o entidad deportiva, le correspondan».

Tanto el CSD como la RFEF han señalado a ABC su respeto por la decisión del juez. «Confiamos en que los hechos que se denuncian se esclarezcan», dicen desde la Secretaría de Estado para el Deporte. «El interés del Gobierno es que se llegue hasta el fondo de la investigación», explican, mientras insisten en recordar que intentaron, sin éxito, personarse en la investigación. «Cualquier situación se estudiará detenidamente en la casa en los órganos que correspondan», cuentan, a su vez, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el caso Negreira ha pasado a un evidente segundo plano en los últimos tiempos. También LaLiga se ve incapaz de ir más allá. «El solo hecho de intentar influir es sancionable en el ámbito penal, ya es corrupción deportiva. No estoy señalando, hay que seguir investigando, pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave», aseguró Javier Tebas, que lamentó no tener las armas «para llegar hasta el final en la vía deportiva». ««Somos la única acusación particular que está dando impulso al caso Negreira».

Tampoco ha habido pronunciamiento de la UEFA al conocerse la nueva situación procesal del Barça. La imputación por cohecho no cambia la perspectiva del máximo organismo continental, que en julio decidió, tras escuchar a los miembros del Comité de Ética designados para investigar el caso, no sancionar al Barcelona ni excluirle, de forma provisional, de esta edición de la Champions. Ya en aquel comunicado la UEFA se reservaba la potestad de suspender a la entidad catalana en un futuro y exigía a sus inspectores que continuaran la investigación, un avance de que la decisión final del órgano presidido por Aleksander Ceferin se tomará con los papeles de una sentencia firme de la Justicia española sobre la mesa.