La Fiscalía pedirá que se consulte a Australia si el beso de Rubiales es delito allí

Este es un trámite habitual e imprescindible en las causas que se siguen por delitos cometidos en el extranjero. Para poder perseguirlos, tienen que estar penalizados tanto en el país donde se perpetran como en España, lo que se denomina principio de doble incriminación.

En este caso, subrayan fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por ABC, no se trata de si el beso no consentido es delito, porque tampoco el Código Penal español recoge como tal los besos: la homologación lo es en general, en la persecución de las agresiones sexuales. Y en Australia, a priori, no parece que sea legal perpetrar una agresión sexual.

Como cita Europa Press, la pauta está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando establece que los tribunales españoles conocerán de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los responsables sean españoles –es el caso de Rubiales– y el hecho sea punible en el lugar en que se produjo.

Las mismas fuentes consultadas por ABC comentan que aún en el caso de que Australia no persiguiera los delitos contra la libertad sexual de las mujeres en su territorio, habría una vía más. España, como firmante del Convenio de Estambul, tiene obligación de perseguir este tipo de delitos, con más razón, si el sospechoso y la víctima son de nacionalidad española.

En relación a esto último, este miércoles precisamente trascendió que Hermoso ya ha declarado en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ha formalizado su denuncia contra Rubiales. Según confirmaron fuentes fiscales, Hermoso presentó la «denuncia expresa» el martes 5 de septiembre, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que presentará querella a la mayor brevedad posible.

Fue el pasado 28 de agosto cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias de investigación preprocesales en relación a ese hecho al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Además, en ese mismo decreto, la teniente fiscal, Marta Durántez, anunciaba que se dirigiría a la jugadora de la absoluta para ofrecerle emprender acciones legales.

Este paso de la Fiscalía se producía a la vista de las «manifestaciones públicas» realizadas por la jugadora, de las que deducía que sostenía que el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por Rubiales no fue consentido. «Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas», apuntaba Durántez.