Los costes arbitrales ahogan al fútbol femenino

A muchos les sorprendió semejante crisis en una competición impulsada por el Gobierno, con viento político y social a favor. Pero la primera temporada de la Liga F está siendo mucho menos alegre de lo que debería, fundamentalmente por el conflicto con la RFEF de Luis Rubiales. Los costes del arbitraje constituyen un capítulo muy relevante de esta guerra.

Antes de su profesionalización, en septiembre de 2022, la Primera División del fútbol femenino dependía de la Federación. Hoy es independiente. Sin embargo, los árbitros –como en cualquier otra competición– siguen siendo gestionados por la Federación. El fútbol femenino profesional acusa a la RFEF de querer ahogarles con unos costes inasumibles: este año ha subido un 450% la cantidad que cobra a cada club por arbitrar. Para los clubes con sección masculina profesional (como el Real Madrid o el Betis) se trata de un problema grave, pero con solución. Para los equipos sin mayor estructura (como el Sporting de Huelva o el Granadilla Tenerife), pagar más de 250.000 euros anuales por arbitraje puede significar la desaparición.

En septiembre pasado, antes de que se desbloquease la huelga, las exigencias de la Federación eran incluso mayores: pedían un recibo arbitral de 21.000 euros por partido, idéntico al de la Segunda División Masculina (una competición que genera en torno a 150 millones de euros anuales por derechos de televisión, frente a los 7 millones que produce la Liga F). Ello hubiera supuesto un gasto arbitral aproximado de 5 millones de euros por temporada: es decir, el 70% de los ingresos audiovisuales anuales de la Liga F irían a parar a los árbitros.

Varios clubes consultados acusan a Rubiales de buscar la «asfixia» de la competición: «La Federación quiere demostrar que las chicas no pueden ser profesionales, para que vuelvan a controlar la liga ellos», dice un ejecutivo. En septiembre se consensuó un recibo arbitral por partido de 4.050 euros (1.666 euros por partido para la colegiada, 1.006 para los asistentes y 250 para la cuarta árbitra). También se fijó que el CSD aportaría 350.000 euros para la mutualidad de las árbitras y la RFEF otros 350.000 euros a los clubes para ayudar al pago de dietas, desplazamientos, etc.

La Federación celebró entonces el pacto: lo calificó de «acuerdo histórico para la profesionalización del estamento arbitral en el fútbol femenino» y «pacto pionero que permitirá el arranque de la Primera División del Fútbol Femenino». Todo cambió en noviembre, cuando el CSD obligó a los clubes a pagar íntegramente un importe de 14.646,17 euros por encuentro. (Es decir, también debían abonar la Seguridad Social, viajes, dietas, etc).

La Liga Nacional Femenina nació en 1988, pero no se profesionalizó hasta la temporada 2022-23: una profesionalización más tardía que en otros países, después de lustros de conflictos entre la Liga y la Federación por su modelo de gestión. Resultó decisivo para su creación el impulso político de Irene Lozano, entonces secretaria de Estado para el Deporte, a pesar de su inexperiencia en materia deportiva. La primera temporada profesional fue en realidad la 2021-22, todavía entre coletazos pandémicos. Pero la Liga F no existía aún; la Federación seguía al frente de la misma. Durante todo ese año, los clubes pagaron 3.300 euros por partido, seis veces menos que esos 21.000 solicitados por la Federación cuando se instituyó la Liga F como ente independiente (con la misma calificación jurídica).

Los clubes acusan a la RFEF de «intentar hacer insostenible económicamente a la Liga para hacerla fracasar, a pesar de sus supuestas muestras de apoyo al deporte femenino y a la Liga F en particular». El CSD, añaden, ha cedido ante las reclamaciones de Rubiales en el convenio de coordinación, donde además de multiplicar el coste arbitral se obliga a la Liga F a entregar un 20% de sus ingresos comerciales a la Federación (cuyo presupuesto este año asciende a 382 millones de euros). También prohíbe a la Liga F llegar a acuerdos con otras instituciones que pertenezcan a la RFEF (es decir, LaLiga) sin autorización previa de la propia RFEF.

Aunque gracias al acuerdo comercial con la Liga y a una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) por tres años los ingresos de la Liga F alcanzan ya los 12 millones de euros, la desproporción respecto al fútbol masculino sigue siendo abismal (el presupuesto anual de LaLiga supera los 2.000 millones). Como demostración de sus argumentos, un club pequeño destaca la «racanería» de la RFEF con el salario de los árbitros de la Primera RFEF (donde se paga 300€ por partido al árbitro principal, sin subidas). Los clubes femeninos pueden quejarse, pero no pueden no pagar: si el 17 de julio no han pagado la factura a la Federación, no podrán ni siquiera inscribirse en la competición.