El complejo equilibrio de los clubes ante un caso Rafa Mir: entre la presunción de inocencia y la condena social

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Nacho Pérez

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La resolución de la magistrada llega tras un año de diligencias que le llevan a concluir que en la causa existen indicios -«y no meras sospechas»- de que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una joven a la que previamente había invitado a su domicilio. Junto al actual jugador del Elche, cedido por el Sevilla el pasado verano, pero que cometió el presunto ilícito estando a préstamo en el Valencia, también ha sido procesado el futbolista Pablo Jara, amigo del delantero, por un delito de agresión sexual sin acceso carnal y otro leve de lesiones.

Por ahora, la situación judicial de Mir apenas varía. Su siguiente paso será prestar declaración indagatoria el próximo 13 de octubre, un trámite previo a la posible apertura de juicio oral. Lo que sí se incrementa es la condena social que ya se cernía sobre él. No es un caso aislado en la élite. Mason Greenwood, Benjamin Mendy, Dani Alves, Robinho, Santi Mina, Raúl Asencio y Thomas Partey han afrontado denuncias similares en los últimos años. De hecho, el fenómeno parece en expansión.

En paralelo, crece la presión sobre el Elche, el club que apostó por su incorporación pese a conocer su situación penal. Su caso difiere del de otras entidades que se topan de golpe con la detención de uno de sus jugadores y deben gestionar una crisis inesperada. En esta ocasión -como en otros episodios recientes- el club era plenamente consciente de que incorporaba una bomba de relojería y aun así decidió hacerlo.

La constante entre todos los equipos es la búsqueda de un difícil equilibrio: respetar la presunción de inocencia y la relación laboral con el jugador sin comprometer la imagen ni la reputación institucional. «Lo que les ocurre a los clubes que se enfrentan a esta situación es que deben responder a un clamor popular y, al mismo tiempo, respetar el plano jurídico», explica Gonzalo Jiménez Illana, socio en derecho deportivo del despacho Martínez-Echevarría Abogados. En su experiencia, las entidades profesionales han comenzado a ponerse al día ante la proliferación de casos.

«La mayoría de los contratos actuales hacen referencia al cumplimiento de códigos internos de conducta. Son cláusulas genéricas que rara vez contemplan estos supuestos con precisión. Un comportamiento penal como el que se investiga en el caso de Rafa Mir probablemente vulnera esos códigos, pero hasta que no haya una condena firme, las posibilidades de actuación de los clubes son muy limitadas».

Según apunta, cualquier decisión deportiva que afecte a la relación laboral puede ser recurrida por el jugador, con el riesgo de que el club deba pagar una indemnización millonaria. Por eso, lo máximo que suelen permitirse las entidades es apartar al futbolista y hacerle entrenar al margen del grupo.

En el caso del Elche, la cesión de Mir se formalizó en agosto de este año. Para entonces, el jugador ya había pasado una noche en el calabozo tras su detención en septiembre de 2024. Estaba en libertad con cargos, sin pasaporte y con una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la denunciante.

«Cuando se analizan fichajes así surge la dicotomía entre el impacto legal y la necesidad deportiva», continúa Jiménez Illana, que en los últimos años ha asesorado a varios clubes sobre esta materia. «Hasta hace poco era impensable prever que uno de tus jugadores pudiera verse envuelto en algo semejante. Pero el Elche ficha a Mir con pleno conocimiento de causa. Con más razón debía tener todo previsto y revisar cada punto del contrato. Tenían que protegerse». Y recomienda hacerlo extensible a todos los jugadores, también a los de los canteranos: «Hoy en día son muy susceptibles de sufrir una acusación como esta. Son mediáticos y cualquier persona con un teléfono móvil les puede buscar un problema».

Entre las cláusulas que recomienda incluir figuran las relativas a restricciones de movilidad del futbolista, la imposibilidad de participar en campañas publicitarias o las vinculadas a cualquier cambio en su situación penal. «Hay que blindarse jurídicamente por si una sentencia condiciona el desempeño del jugador. Y dejarlo por escrito. Registrar que cualquier circunstancia relevante sirva para rescindir el contrato. En definitiva, contemplar todas las variables que permitan al club actuar con seguridad».

Por el momento, la entidad ilicitana no ha emitido ningún comunicado oficial tras el procesamiento, limitándose a expresar su respeto por la presunción de inocencia de Mir.

Jiménez Illana insiste en que los clubes que apuestan por este tipo de fichajes deben haber sopesado el impacto reputacional frente al rendimiento deportivo -«muchas veces consultan más a sus departamentos de marketing que a los asesores legales»-, conscientes además de que la resolución definitiva, absolutoria o condenatoria, puede demorarse. «Son procesos que no se resuelven en semanas ni en meses, sino que pueden prolongarse durante años».

Mientras tanto, LaLiga seguirá denunciando los cánticos contra el jugador y la RFEF abriendo expedientes como el del pasado fin de semana, después de que el árbitro del Alavés-Elche detuviera el encuentro en el minuto 69, coincidiendo con la sustitución del delantero, en aplicación del protocolo antiviolencia. «La Federación y LaLiga deben proteger el derecho al honor de los futbolistas. Están obligados por normativa. Es más, incluso aunque finalmente hubiera una sentencia condenatoria y, por lo que fuera, el jugador pudiera seguir compitiendo, deberían actuar», concluye Jiménez Illana.