El comisionista de Negreira cobró de la Federación 771.000 euros sin justificar en dos años

La Fiscalía considera acreditado que las cantidades (cerca de 7 millones de euros) que el Barcelona pagó a Javier Enríquez Romero, hijo del éxarbitro, no fueron directos, sino que se vehicularon a través de una empresa instrumental (Tresep 2014), propiedad de Josep Contreras Arjona, que fue directivo azulgrana en las Juntas de Núñez, Gaspart y Bartomeu, además de formar parte de la comisión social durante la primera época de Laporta al frente del club catalán. Contreras, fallecido el pasado mes de diciembre, también fue directivo de la Federación Catalana entre 2011 y 2014, bajo la presidencia de Andrés Subies.

En esta época ya se lucró de la territorial catalana. En la investigación durante la 'Operación Soule' quedó demostrada una relación comercial entre la Mutualidad de Futbolistas, dependiente de la RFEF, y la empresa Tastavins, propiedad de Contreras, que le reportó al directivo más de 771.000 euros «desconociendo el servicio prestado a la Mutualidad». Es decir, 595.000 euros en 2013 y 176.463 en 2014 sin justificar. Además, en 2018 fue arrestado junto a Subies por la adjudicación de obras desde 2012 por 9,9 millones. Dichos ingresos del comisionista de Negreira fueron posibles por la excelente amistad que mantenía con Villar, al que hacía de chófer cuando el bilbaíno visitaba la Ciudad Condal. Este vínculo, junto con la buena relación que mantenía con Enríquez Negreira y el poder que ejercía como directivo del Barcelona, le habría permitido mover los hilos desde la sombra.

El Ministerio Público sospecha ahora que Contreras ha sido el comisionista de Negreira dentro del Barcelona y que se llevaba la mitad de lo que percibía el excolegiado. Por este motivo ha decidido investigar las relaciones entre Dasnil 95 y Soccercam, ambas pertenecientes a los Enríquez, con la inmobiliaria Tresep 2014, de Contreras. La Fiscalía trata de discernir si los pagos a través de dicha sociedad son una maniobra para encubrir las transferencias, que en realidad serían unas comisiones.

Por otra parte, la Fiscalía ha secundado la petición de LaLiga y ha solicitado imputar a Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del CTA, por el presunto desvío de 8 millones de euros que la RFEF tenía destinados para gastos arbitrales. La Fiscalía considera que la partida excedía de los gastos contabilizados por la Federación en 7,9 millones de euros. Los peritos de este órgano de Hacienda especificaron que la diferencia de fondos no estaba justificada.

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«La Real Federación Española de Fútbol invocando el ejercicio del derecho de rectificación de la L.O. 2/1984 con relación al artículo anterior se ha dirigido a este medio solicitando que conste que como se señala en el artículo la mencionada persona recibió los cobros de la Mutualidad y la Mutualidad no es dependiente de la Federación».