Cisma culé: Laporta, al banquillo

El Barcelona llevará a los tribunales a su ex presidente y ahora candidato a la Generalitat Joan Laporta. La asamblea de compromisarios del club azulgrana decidió acudir a la vía judicial contra el anterior mandatario por una diferencia de 29 votos (468 a favor, 439 en contra y 113 en blanco). Es la primera vez en la historia de la entidad que el propio club demanda a un ex presidente, pero es que las auditorías encargadas por la actual junta directiva no dejaban otra opción. Hasta Laporta lo tenía claro, tanto que pocos días antes de abandonar el cargo suscribió en nombre del club una póliza de seguro, que está en vigor hasta 2016, con la que se protegía, así como a sus más directos colaboradores, ante acciones legales en el caso de negligencias en la gestión. Dicha poliza le costó al socio 84.000 euros y cubre «incumplimientos del deber, de las obligaciones legales, de derecho fiduciario, de contrato, de facultades, negligencia, error, declaración incorrecta o engañosa o cualquier acción u omisión lícita» hasta 25 millones de euros.

Sin embargo, se trata de una cantidad ridícula a la vista del agujero practicado por el ahora líder de «Solidaritat Catalana» durante una gestión avalada por el prestigioso economista Xavier Sala i Martín —el de las chaquetas de colores— y oculta tras el mejor ciclo deportivo de la historia del Barça. Allá donde el profesor independentista afirmaba que dejaban el club con un superávit de once millones de euros, los técnicos de las auditoras que han escudriñado las cuentas del Barça han descubierto unas pérdidas de 79 millones, una deuda de más de 500, facturas millonarias en insólitos lujos, gastos sin justificar, viajes en jets privados, restaurantes a cargo del club, compras de entradas para conciertos y toda clase de bagatelas en relación a lo de «tirar de tarjeta» que arrojan un tufo malayo a ventilar en los juzgados.

La posibilidad de presentar una acción social de responsabilidad está recogida en las Disposiciones Transitorias quinta y Adicional séptima de la Ley del Deporte (Ley 10/1990), así como en la Disposición Adicional tercera del real Decreto 1.251/1999 que regula el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas Deportivas. Bajo ese soporte legal, Sandro Rosell ha escenificado un papel entre sardónico y salomónico. «Este momento no es nada agradable, nos lo hemos encontramos porque la Ley así nos lo marca. Tenemos que cumplir La ley. Estamos pasando un muy mal trago. Judicializar el club...», se lamentaba un compungido Rosell. A la hora de la verdad, votó en blanco, como Pilatos y la mitad de los miembros de su junta (los otros votaron a favor de «empurar») y hasta dio tres razones para absolver a Laporta del juicio asambleario: la erradicación de los «boixos», el acuerdo con Unicef y el fichaje de Guardiola, «las tres mejores decisiones de la historia del club».

Se le partía el corazón, hubiera dado su carné por poder «pasar página» y puso tanto empeño Rosell en su papel de abogado defensor que a poco deja la sentencia social en tablas. Sólo 29 votos decantaron la balanza que podría poner a Laporta contra las cuerdas y aún más si no consigue un acta de diputado en las próximas elecciones autonómicas. El cisma culé es total y la guerra, sin prisioneros. Rosell ya sabe cómo se las gasta Laporta porque fue víctima del espionaje y a la debilitada esperanza blanca del independentismo le consta que su sucesor se guarda cartas y otras facturas en la manga.

Las encuestas rolaban a favor del partido de Laporta, al que conceden 3 y hasta 5 diputados, así que intentará retrasar el procedimiento para que no interfiera en su campaña. Y se desenvuelve bien como víctima.