Los agujeros del Espai Barça: la auditoría del Camp Nou que obligó a Laporta a recular

El planteamiento inicial de la directiva de Laporta era dividir la estructuración de la financiación en tres «tramos de bonos senior de 500 millones, con vencimiento en junio de 2032, junio de 2045 y junio de 2052». Ahora el club, acuciado por los malos resultados deportivos y el caso Negreira, tiene sobre la mesa un nuevo diseño de la operación, con una colocación de 1.300 millones de deuda en cinco plazos (2028, 2030, 2032, 2037 y 2047). Para sumar los 200 millones restantes se introduciría a la banca en la ecuación. Pero este escenario de urgencia ha sido recibido por KBRA con una calificación inferior al anterior plan, BBB, pues ve inviable que el club llegue a los nuevos plazos de pago.

Este giro, sobre el que el club se ha dado hasta el 31 de marzo para decidir, confirma los riesgos que arrastra el proyecto estelar de Laporta. El informe de KBRA ya apuntaba ciertas dudas sobre la constructora elegida para afrontar la obra, la compañía turca Limak. «La calidad crediticia del contratista no es suficiente para respaldar las calificaciones», aunque indicaba que «existe suficiente liquidez para financiar el peor escenario de reemplazo, en caso de insolvencia del contratista». También establecía una previsible demora de 12 meses en las obras con respecto a los plazos originales -«si bien el asesor técnico ha declarado que el programa de construcción planeado permite suficiente tiempo para entregar los trabajos de renovación y que el precio de construcción es razonable, hemos asumido un retraso de 12 meses en la construcción junto con los costos de retraso asociados en nuestro caso de calificación»-. A este respecto indicaba que habría dificultades para amortizar el préstamo en el primer vencimiento (2032), aunque no estimaba que hubiera problemas para la refinanciación de la deuda y el incremento del coste.

KBRA también cifraba este coste de los posibles retrasos adicionales. El peor de los escenarios era llegar a finales de 2024, fecha límite para que el primer equipo pudiera volver al Camp Nou coincidiendo con el 125 aniversario del club, sin haber concluido el 50% de las obras. «En general, el impacto de los costes sería de 180 a 232 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 20% al 26% en el precio de las obras fijada en 850 millones de euros», explicaba el informe. En todo caso, KBRA confiaba en la capacidad del Barcelona, económica y de masa social, para minimizar las dificultades: «Existen suficientes contingencias y liquidez adicional para financiar el reemplazo del contratista y completar el estadio en caso de que sea necesario».

La valoración de la agencia de rating tampoco daba muchas esperanzas sobre los beneficios económicos que el club podría conseguir a corto plazo. De los 346 millones de ingresos que el proyecto debería haber dejado en 2025, 246 volarían directamente para afrontar parte de la deuda contraída.

No todo eran pegas. KBRA valoraba con buena nota el apoyo de los socios al proyecto, aprobado el presupuesto por un 87,8% en la votación de diciembre de 2021, y la apuesta por ampliar la experiencia del espectador, algo que el actual Camp Nou no ofrece. Reconocía además que presentaba algunas especificaciones distintas a otros proyectos de este tipo: un fondo de titulización de activos que recibirá derechos por ciertos flujos de ingresos, como la venta de entradas al estadio y al museo, aunque a partir de 100 millones de euros, y que forman parte de la financiación.

Sin embargo, el informe subrayaba, que «los prestamistas no tienen ninguna garantía directa sobre ninguno de los activos del emisor o del club, incluidos los ingresos y el estadio». Una de las exigencias impuesta por los socios. A pesar de ello, KBRA consideraba que existían suficientes protecciones a los inversores en las leyes de titulización españolas.

Las sombras han debido imponerse a las luces y Laporta, como anunció este diario, cambia el paso. Aunque la nueva rebaja de calificación anuncia más turbulencias.