El fraude menguante de Cristiano Ronaldo

En términos futbolísticos, aún quedaría un último fleco, pues la defensa del futbolista solicitará sustituir esos dos años por el abono de una multa, con lo cual no constarían en su expediente antecedentes de penales. El asunto no es menor, pues cualquier delito que cometiera a partir de ahora en España le supondría el ingreso inmediato en prisión. Hacienda no parece dispuesta a aceptar este cambio, pero eso se resolverá en la vistilla en la que Ronaldo prestará su conformidad en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, donde el internacional portugués declaró como investigado hace casi un año.

En cualquier caso, la cuestión primordial para el futbolista es que no tendrá que entrar en prisión y que se marcha a Italia sin cuentas pendientes con la Justicia epsañola. El pacto se produce dos años y medio después de que Hacienda abriera en diciembre de 2015 una inspección a Cristiano Ronaldo por haber utilizado una estructura «offshore» con la intención «de obtener un beneficio fiscal ilícto». Unos meses antes, tras conocerse la investigación a Messi y a otros jugadores por casos similares, Cristiano había intentado regularizar su situación con Hacienda. Abonó de golpe 2,8 millones de euros . En esa cifra surge la primera gran discrepancia, pues el fisco español considera que el portugués debería haber abonado la cuantía correspondiente a sus derechos de imagen año a año, mientras que la defensa siempre mantuvo que esa forma de abono fue la correcta y que en ningún caso supuso un beneficio para Cristiano. De hecho, los anteriores abogados del futbolista, del bufete bufete «Baker&McKenzie» llegaron a alegar que Ronaldo habría ahorrado dinero si hubiera optado por pagar sus impuestos año a año.

Esa era una cuestión opinable, que ofrecía dudas incluso a los técnicos de Hacienda. También había diferencias de interpretación respecto a la procedencia de los ingresos por derechos de imagen. Los asesores del Balón de Oro alegaban que el portugués obró adecuadamente cuando solo tributó sobre el 20 por ciento de dichos derechos, pues la denominada «Ley Beckham» solo le obligaba a declarar lo generado en España y quedaba exento lo que procedía del extranjero. Hacienda valoró en más del 50 por ciento los derechos de imagen que se generaban en nuestro país, pero Cristiano presentó dos informes periciales que aseguraban que menos de un 10 por ciento de dichos derechos surgen en suelo español y que el 90 por ciento corresponden al ámbito internacional.

Esos dos informes periciales -elaborados por el profesor Eusebi Nomen, director de la Cádedra Esade de Análisis de Activos Intangibles, y por la empresa Nielsen, especializada en medir el comportamiento de los consumidores- han sido claves para que las cuotas defraudadas hayan bajado de 14,7 millones a 5,7 millones . Por lo tanto, Hacienda viene a reconocer que en su primera valoración infló la base imponible de las rentas obtenidas por Cristiano en España.

Sin embargo, la mancha que no ha podido evitar la defensa del futbolista es la de la estructura opaca que había montado en el Reino Unido cuando militaba en el Manchester United y que se trajo a España en 2009 al fichar por el Real Madrid. La Fiscalía denunció que, «con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España», Cristiano simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en Ias Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único. Tollin cedió a su vez la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de «Multisports & Image Management LTD» que era la que realmente se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen del futbolista, de tal manera que la sociedad de las Islas Vírgenes «solamente tenía como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen».

Finalmente, Cristiano decidió cambiar de estrategia y buscar como abogado a José Antonio Choclán , especializado en acordar condenas de conformidad con Hacienda. Para reforzar esta estrategia, también fichó al bufete económico Equipo Económico, que fundó Cristóbal Montoro antes de ser ministro de Hacienda. Uno de los socios de dicho bufete, Manuel de Vicente-Tutor , experimentado inspector de Hacienda del Estado en excedencia, fue el encargado de elaborar el último informe que ha sido fundamental para este pacto con la Agencia Tributaria.