Sandro Rosell y su abogado, Pau Molins
Sandro Rosell y su abogado, Pau Molins - EFE
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Los argumentos legales que pueden liberar a Sandro Rosell

La acusación podría variar sus conclusiones en el juicio, que se reanudará el lunes

BarcelonaActualizado:

Sentimientos encontrados en los pasillos de la Audiencia Nacional este pasado jueves al acabar la primera parte del juicio a Sandro Rosell por blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal. La contenida euforia de la defensa tras la libertad sin fianza del expresidente del Barcelona y su socio JoanBesolí contrastaba con el desánimo de la Fiscalía, que había visto desmontados todos sus argumentos. Tan contundentes habían sido los razonamientos de Rosell y de su abogado, Pau Molins, que el fiscal le comunicó a la magistrada encargada del caso, Concepción Espejel, su intención de modificar las conclusiones definitivas, algo que dejaría bien patente el paso atrás en las tesis del acusador José Javier Polo.

Lo habitual suele ser que se confirme la calificación y se eleven a definitivas las conclusiones provisionales, pero cuando el resultado de las pruebas practicadas no se ajustan a las pretensiones de la acusación las penas solicitadas deben cambiarse, que es lo que está sucediendo en este caso. A Sandro Rosell se le solicitan 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa por el presunto blanqueo de 19,9 millones por unas presuntas comisiones ilegales percibidas tras organizar 24 amistosos de la selección brasileña. Todo parece indicar que el fiscal solicitará ahora una pena mucho menor. Y fuentes consultadas por ABC aseguran que el tribunal podría dictar una sentencia absolutoria ante la «poca consistencia de las pruebas aportadas por la acusación».

Rosell fue detenido el pasado 23 de mayo de 2017 y dos días después ingresó en prisión preventiva junto a su socio andorrano JoanBesolí. También están imputados su esposa Marta Pineda, Shahe Ohannessian, Andrés Ramos y Josep Colomer, para los que se piden penas de prisión que oscilan entre los seis y los ocho años. Desde entonces han pasado 643 días hasta que la magistrada Espejel le concedió al empresario catalán una libertad sin fianza que la juez Carmen Lamela le negó hasta en once ocasiones por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Aunque su presunta inocencia no es el motivo del cambio de criterio en cuanto a su inmediata libertad (había ofrecido una fianza por valor de todo su patrimonio, 35 millones de euros, que fue rechazada por Lamela), a nadie se le escapa una cierta relación en el cambio de opinión del tribunal, que ya no ve riesgo de fuga. «Soy inocente de todo lo que me imputa la Fiscalía y voy a defender mi prestigio y mi honor. Pongo todo mi patrimonio como garantía», aseguró durante su declaración.

La defensa intentó desmontar uno por uno todos los puntos en los que basaba la Fiscalía su acusación. Pero el eje alrededor del cual se vertebró el alegato sobre la inocencia de Rosell fue el principio de la doble incriminación. Es decir, que la conducta por la que se solicita el castigo constituya un delito con arreglo a la legislación del Estado requeriente y del Estado requerido. No puede concederse si se trata de un delito excluido expresamente por leyes o tratados.

Lo explica a ABC mucho más claramente el propio Pau Molins, abogado de Sandro Rosell y encargado de desarrollarlo en su exposición inicial. «El blanqueo de capital por el que se acusa a Sandro es un presunto hecho que se produce fuera de Españay no es delito ni en Brasil ni en Andorra, que serían los dos Estados en los que se habría producido. Además, en los años en los que habría sucedido tampoco estaba tipificado en España como delito. Por lo tanto, si no era delito ni donde se ha producido, Brasil y Andorra, ni donde se juzga, España, no hace falta discutir mucho más», relata Molins.

Justifica las comisiones

Desde que se sentó en el banquillo, Rosell ha tratado de dar su versión ante todas las acusaciones recibidas. El expresidente del Barcelona quiso dejar muy claro que no había percibido comisiones ilegales procedentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). «Dicen que he blanqueado dinero pero la realidad es que fueron unos pagos que me hicieron por mi trabajo al gestionar los derechos de televisión de la selección brasileña y todos salieron ganando. La CBF pasó a cobrar el doble de lo que ganaba por cada partido y la empresa a la que fueron vendidos (ISE) triplicó sus pretensiones», aseguró el empresario, que lamenta los dos años que ha pasado en prisión preventiva. «Me han robado dos años de mi vida», se queja.

La defensa de Rosell también trató de demostrar que este no tenia ninguna fortuna en el extranjero, lo que era una de las bases para negarle la condicional, y denunció que le habían violado tres derechos fundamentales, entre ellos el de defensa por su reclusión sin acceso a sus documentos ni ordenador personal. El próximo 11 de marzo se reemprende el juicio en el que se conocerán las conclusiones definitivas de la Fiscalía.