Archivada la causa contra Neymar por su fichaje por el Barça

En un auto, el juez señala que las conductas de los clubes podrían «tener repercusión deportiva, ética y disciplinaria pero no encajan en un procedimiento penal ». Explica que «parece obvio» que el Barça, el Santos, el futbolista y su padre «incumplieron paladinamente las obligaciones estatutariamente impuestas por los Estatutos FIFA de contratación de jugadores» por diversas razones. El Barcelona no informó por escrito al Santos de que comenzaba a negociar con Neymar, algo obligatorio.

Aun así, el juez rechaza que los clubes simularon una estafa para pagar menos dinero al fondo brasileño de inversión DIS , el que interpuso la querella de este caso y que poseía un 40% de los derechos federativos del jugador. De la Mata asegura que los contratos cuestionados por el fondo son «claros, ciertos y con un contenido real: pagar el Barcelona a Neymar» y su padre «el transfer del jugador; es decir sus derechos federativos y económicos».

Tampoco habría un delito de corrupción entre particulares, según el juez, porque el compromiso que adquirió Neymar en 2011 de que ficharía por el Barça, a cambio de un pago de 40 millones, no alteraba el normal funcionamiento del mercado del fútbol. «No existe pues un mercado libre, transparente y perfecto de fichajes a la mejor oferta. Existe de hecho un sinfín de elementos y de partes con voluntad propia que deben tomarse en consideración».

El juez, sin embargo, desvela que uno de esos pagos que se realizaron en la maraña de contratos para fichar al jugador se transfirió solo días antes de la final del Mundialito de Clubes que jugaron Santos y Barça, en la que el club azulgrana se impuso por cuatro gole a cero. Neymar, que entonces militaba en el club brasileño, recibió en la empresa que posee con su madre 10 millones de euros el 9 de diciembre de 2011, ocho días antes del partido.

El fiscal cifraba el dinero 'real' abonado por el fichaje en 83 millones de euros y precisaba que como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, la empresa DIS dejó de percibir 10 millones de euros, por lo que debe ser indemnizada con 3,2 millones. El fondo brasileño de inversión se querelló al considerar que, debido a la ocultación del coste real a través de la maraña de contratos, se quedó sin cobrar el dinero que le correspondía. El juez es tajante, en un auto de 45 páginas, y concluye que esa reclamación puede realizarse en la jurisdicción civil, pero no en el ámbito penal.