Fin de la moratoria para cazar en los Parques Nacionales

Hasta el último momento se ha intentado buscar una solución, sin que haya sido posible ante la falta de acuerdo de los distintos partidos políticos y haber sido rechazadas las propuestas de Vox y del Partido Popular . La primera consistía en modificar la ley permitiendo que se pudiera cazar en aquellos parques en los que la caza sea una actividad tradicional y hubiera necesidad de controlar las poblaciones de ungulados, y la del Partido Popular proponía una nueva moratoria hasta 2023.

La situación a partir de ahora será muy complicada ya que, desde un punto de vista medioambiental, al dejar de cazar aumentarán de forma descontrolada las poblaciones de ungulados en la zona, fundamentalmente ciervo y jabalí. Su incidencia en los hábitats que se pretenden conservar con la declaración del parque nacional será inmediata, poniendo en peligro la conservación de diferentes especies de flora y fauna, como revela un reciente informe sobre la Gestión de Ungulados en Parques Nacionales elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, Cátedra de Parques Nacionales y la Red de Parques Nacionales.

Esta situación ya se ha producido en otros parques nacionales como el de la Sierra de Guadarrama donde la sobrepoblación de cabra hispánica y su ausencia de control han producido daños irreparables en la flora autóctona, provocando graves riesgos sanitarios.

Desde un punto de vista económico, según estimaciones realizadas en base a distintos informes periciales de valoración, prohibir la caza en los parques nacionales de nuestro país podría costar 320 millones de euros a los españoles en plena crisis del coronavirus.

Esa cantidad solo se refiere a las indemnizaciones que las arcas públicas deberían abonar a los propietarios por prohibirles cazar en sus fincas, a la que habrá que añadir el gasto de tener que contratar empresas o personal especializado para realizar anualmente el necesario control de poblaciones. La forma de realizar este control de poblaciones, ya sea a través de empresas especializadas, guardería forestal, sociedades de cazadores locales o los propietarios de las fincas, es uno de los temas que habrá que aclarar, de la misma forma que habrá que aclarar si este control se puede hacer con armas de fuego o mediante trampas y posterior sacrificio, como ya se hace en algunos parques y se ha propuesto hacer en el Parque de Monfragüe con el rechazo mayoritario de los miembros del patronato.

Y desde un punto de vista social, la consecuencia inmediata será que los titulares de las fincas, al no poder cazar, suprimirán o reducirán las inversiones en gestión cinegética y en guardería. Esto provocará un aumento del desempleo y afectará de forma directa a la economía de la zona, ya que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior de los parques o en zonas limítrofes viven de la caza, sobre todo de las monterías que se organizan en estas fincas, a las que acuden cientos de cazadores nacionales e internacionales.

La fundación Artemisan ha coordinado la elaboración de un informe que revela que en la última década los municipios del entorno de los parques nacionales de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo. En concreto, los catorce municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe (declarado como tal en 2007) han perdido un 2% de su población en los últimos diez años, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible en todos los pueblos de la zona y un aumento del 82% del número de parados. En todos los casos, la evolución de estas estadísticas es peor a la registrada en el conjunto de la provincia.

En Cabañeros , su zona de influencia está formada por seis municipios que, desde la declaración de parque nacional (en 1995) han perdido casi un 19% de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40% en la última década.

El problema está servido y, de no encontrar una rápida solución, las consecuencias las veremos en breve.