El exgobernador de Río reconoce la compra de votos para acoger los Juegos Olímpicos

Esta ha sido la primera vez que el político admitió la compra de los votos de hasta nueve miembros del organismo y apuntó que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), encarcelado por corrupción desde el año pasado, lo sabía, aunque no participó del esquema, según informaron los medios locales.

De acuerdo con el relato del exgobernador, el extitular del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, le sugirió ponerse en contacto con el senegalés Lamine Diack, el entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo, quien «aceptaría ventajas indebidas».

Cabral también confesó que él mismo se puso en contacto con «un empresario de confianza»para conseguir el dinero, Arthur Soares, acusado también en el proceso.

«Yo llamé a Arthur Soares y le dije que necesitaba conseguir dinero para (comprar) los votos», sostuvo.

A través de otros intermediarios, se cerró el acuerdo con los senegaleses Papa Diack y su padre, Lamine Diack, que fue el presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo entre 1999 y 2015, según recogen los medios brasileños.

Tras estos primeros contactos y con similares acuerdos, Cabral confesó el pago de dinero a cambio del voto de hasta nueve integrantes del Comité Olímpico, entre ellos el exatleta ucraniano Sergei Bubka.

Durante el interrogatorio, en Río de Janeiro, Cabral expresó que el exalcalde de la ciudad Eduardo Paes, así como Lula, sabía del pago de sobornos, aunque no participó del esquema.

En junio del año pasado, Lula fue llamado a declarar por el mismo juez ante el que Cabral se pronunció este jueves, pero en calidad de testigo, y negó tener conocimientos sobre cualquier «negociación ilegal».

Cabral, gobernador de Río entre 2007 y 2014, fue preso en 2016 acusado de recibir sobornos a cambio de la concesión irregular de obras públicas.

El político acumula penas que superan los 198 años de prisión por diversas condenas que resultaron de la Lava Jato, el mayor operativo anticorrupción en el país, y se enfrenta a una veintena de procesos penales relacionados con asuntos de corrupción.