Los siete señalados del fútbol español

Pese a todo, al ser interpelado sobre si existe alguna queja en relación al nuevo campo de San Mamés o si se descarta la apertura de un expediente 'ad hoc', Almunia, lejos de aclarar la controversia suscitada, respondió con vaguedades: «No tengo necesidad de responder esa pregunta (...) No excluimos nunca investigar alguna posible ayuda y su compatibilidad de Estado ni analizar cualquier caso que nos llegue». Incluso después de la comparecencia, en un corrillo con periodistas, se aferró a lo dicho y alegó que «tiene prohibido hablar de quejas», de si existen o no en relación a San Mamés.

Al margen de esta polémica, Joaquín Almunia sí confirmó el anuncio del ministro de que siete equipos se enfrentan a un procedimiento de infracción por haber recibido ayudas públicas supuestamente irregulares. El Athletic, junto a Real Madrid, Barcelona y Osasuna están bajo vigilancia comunitaria por su estatus jurídico, por no haberse convertido en sociedad anónima deportiva. Según Bruselas, este hecho les habría reportado sustanciales «privilegios» fiscales por tributar desde 1990 «a un tipo impositivo preferente del 25% en lugar del 30% aplicable a las sociedades anónimas deportivas». En el caso del equipo vizcaíno y dada la autonomía fiscal del territorio, los porcentajes sería del 21% y del 28%, respectivamente.

El segundo de los expedientes se abre al Real Madrid. Lo hace, según la documentación comunitaria, por el «muy ventajoso» intercambio de terrenos. La permuta se realizó con el Ayuntamiento de Madrid por un valor de 22,7 millones de euros aunque esos terrenos fueron tasados en apenas 595.000 en 1998, lo que supone una revalorización del 3.700%.

El tercer procedimiento de infracción se abre a tres clubes valencianos (Valencia, Hércules y Elche) por el mismo motivo: haberse recibido préstamos bancarios avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas y concedidos a través de diversas entidade financieras. Estos créditos, aclara la Comisión, fueron concedidos entre 2010 y 2013 para financiar la adquisición de acciones de los tres equipos por parte de fundaciones creadas con tal efecto. Ascendieron a 86 millones en el caso del Valencia, 18 para el Hércules y 14 millones para el Elche. «La apertura de una investigación formal no prejuzga el desenlace de la misma», aclaró Almunia, muy cuidadoso a la hora de hablar de cifras, plazos o futuros expedientes. Lo que sí recalcó es que los clubes profesionales «deben financiar sus costes de funcionamiento y sus inversiones aplicando una buena gestión financiera en vez de hacerlo con cargo al contribuyente».

Ahora, se abre una larga y compleja etapa burocrática que puede durar meses que no tiene por qué terminar en sanción. En caso de que Competencia dictamine que ha habido irregularidades, España, contra quien se abre la investigación, deberá concretar las cantidades a devolver. Una vez realizado el reintegro se finaliza el expediente. Sólo en caso de que la parte afectada se niegue a pagar es cuando entraría en funcionamiento el mecanismo sancionador.

Los expedientes vigentes tampoco incluyen por el momento las deudas de algunos equipos españoles con Hacienda y con la Seguridad Social, sobre las que también se habían presentado quejas ante la Comisión. Se «ha mirado y pedido información» sobre estas deudas pero «no hay ninguna decisión al respecto», aclaró el vicepresidente.

Por su parte, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró este miércoles en Bruselas que el Gobierno ofrecerá «su total colaboración» y se mostró convencido de que se llegará a un acuerdo satisfactorio.