Marta Domínguez en una rueda de prensa en julio de 2011
Marta Domínguez en una rueda de prensa en julio de 2011 - JAIME GARCÍA
ATLETISMO

El último ardid de Marta Domínguez

La atleta busca que la justicia ordinaria, y no la deportiva, resuelva su caso por supuesto dopaje abierto por la IAAF

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En la justicia ordinaria hay que demostrar la culpabilidad del imputado y, además, prevalece el principio de in dubio pro reo, es decir, en caso de duda, se decide a favor del reo. En la justicia deportiva, como ha quedado de manifiesto en sonados y recientes casos, el señalado por un positivo debe demostrar su inocencia. Si no lo consigue, le aguarda el oprobio y un retiro forzoso. Ante esta disyuntiva, Marta Domínguez lo tiene claro: el mejor camino para escapar del acoso de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que cree que es una tramposa, es el de la justicia ordinaria. Y en ello está centrando sus esfuerzos.

La que, por historial, es la mejor atleta española de todos los tiempos, se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades deportivas de nuestro país desde que su nombre apareció grapado a la operación Galgo. Tras resultar absuelta de los cargos de tráfico de sustancias dopantes y fraude fiscal, Marta Domínguez tuvo un hijo y se despidió de la alta competición en los Juegos de Londres.

La tregua duró poco. La IAAF puso la lupa sobre ella y detectó resultados anómalos en su pasaporte biológico —documento que recoge los resultados de los análisis biológicos efectuados a cada deportista y permiten determinar su perfil hematológico y urinario—, por lo que decidió abrirle un expediente. Ya no se trataba de tráfico, sino de consumo. Según el Panel de Expertos de la IAAF, las variaciones en los valores sanguíneos de la palentina desde agosto de 2009 a enero de 2013 tienen como causa más probable prácticas dopantes, ya sean transfusiones o consumo de EPO.

Una patata caliente

La IAAF pidió dos años de sanción para la atleta y remitió en abril el expediente a la Federación Española de Atletismo (RFEA), que puso el caso en manos de su Comité de Disciplina Deportiva. Este órgano independiente formado por tres juristas descartó, «dada la complejidad del asunto», dictar una resolución en el plazo previsto (dos meses más uno de prórroga si fuera necesario). «Nos es imposible practicar las pruebas interesadas por la defensa», señala el escrito con el que se inhibe y envía la patata caliente a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.

Este organismo, presidido por Ana Muñoz, todavía forma parte de la estructura del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero realiza funciones que la nueva ley antidopaje ha adjudicado a la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. Esta vía abriría la posibilidad de un futuro recurso ante la justicia ordinaria. Pero, según fuentes de la Comisión, este grupo de juristas solo puede fallar en casos en los que el control antidopaje lo haya realizado una federación nacional y se trate de un deportista nacional. En el asunto de Marta Domínguez, los análisis los realizó la IAAF y la palentina tiene la consideración de atleta internacional. Por lo tanto, la Comisión no tiene facultades sancionadoras.

El CSD ha pedido un informe al respecto a la Abogacía del Estado y se ha puesto en contacto con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la IAAF para informar del «pantanoso» estado de la cuestión. El expediente, en puridad, debe volver a la Federación Española de Atletismo, al mismo comité que ha querido inhibirse. Si al final de todo este embrollo alguna autoridad deportiva española resuelve a favor de Domínguez, la IAAF y la AMA acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que siempre ha respaldado la validez del pasaporte biológico.

Si resuelve en contra, la atleta recurrirá probablemente a la justicia ordinaria española y, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo. Domínguez, a punto de cumplir 38 años, no quiere una solución al estilo Contador, sancionado por el TAS, sino al estilo Roberto Heras, a quien el Supremo devolvió la Vuelta a España de 2005.