10.000 euros por un luchador: las reglas ocultas del mercado negro de las nacionalizaciones

El suyo no es un caso singular. En España hay muchos campeones sin corona, como ella. Deportistas que son los mejores en su disciplina, pero que no suben al podio porque no tienen la nacionalidad. Medallistas fantasma a los que se permite competir, pero que no obtienen ningún premio, mientras crece su frustración a la espera de que la burocracia les abra las puertas del país. Cada año llegan a la mesa del Consejo Superior de Deportes (CSD) decenas de peticiones de nacionalización por Carta de Naturaleza. Un proceso extraordinario que cada atleta eleva a título personal en el Registro y que gestiona el Ministerio de Justicia, aunque es el informe deportivo requerido al CSD el que más peso tiene en la decisión final del Gobierno. «Tiene que ser un mecanismo excepcional. No podemos basar nuestros resultados deportivos en las nacionalizaciones salvo causas que sean excepcionales, como ocurrió con Lorenzo Brown», señala Txus Mardarás, subdirector general adjunto de Alta Competición. Se refiere el directivo a la nacionalización exprés del base, que le permitió disputar el pasado Eurobasket con España, en el que resultó clave para el éxito final. En su caso –como ha ocurrido recientemente con el futbolista Le Normand o la baloncestista Megan Gustafson–, los plazos se acortaron para que llegara a tiempo a esa cita, pero no siempre es así. Al contrario. «No hay un tiempo establecido porque depende de muchos factores y no solo del deportivo. Justicia pide informes al CSD, pero también a Interior, al CNI… Estamos hablando de muchos meses o años», señala Mardarás.

Esta farragosa burocracia hace que parte del talento deportivo que se asienta en España acabe saliendo hacia otros países donde las nacionalizaciones son más sencillas. Lugares en los que no se ponen trabas y que, en ocasiones, pagan un buen dinero por hacerse con el atleta en cuestión. Es el mercado negro de las nacionalizaciones, que funciona de una manera distinta según el deporte. Siempre con un reglamento oculto que es conocido de puertas para adentro pero que no trasciende al gran público.

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En el baloncesto, por ejemplo, el interés parte de los propios jugadores, pero también de los clubes y las federaciones. Está establecido que si un club quiere 'adquirir' un pasaporte para que uno de los integrantes de su plantilla no ocupe plaza de extranjero pague a la federación en cuestión una cantidad que oscila entre los 30.000 y los 100.000 euros (según la valía del jugador). Ocurre lo mismo cuando una federación acude al mercado para encontrar un perfil que le pueda cuadrar en una determinada posición. Los agentes ponen sobre la mesa las diferentes opciones y el jugador acaba cobrando una especie de 'prima de fichaje' que va más allá del propio proceso de obtención del pasaporte.

Uno de los deportes que más alegrías ha dado a España gracias a las nacionalizaciones es el atletismo. De las 108 cartas de naturaleza otorgadas en el deporte por el Gobierno en los últimos 30 años, 24 han correspondido a atletas, según datos recogidos por Civio. Medallistas olímpicos como Orlando Ortega o Joan Lino Martínez y campeonas del mundo como Niurka Montalvo. Nombres a los que se unió hace solo unos meses Jordan Díaz, cubano nacionalizado que podrá representar a España en los próximos Juegos, donde tiene muchas opciones de subir al podio.

En el caso del atletismo, la federación nunca ha pagado por nacionalizar a un deportista, pero sí que desde el Gobierno se ha dado un trato especial a esos que aterrizaban aquí con el interés de lucir la bandera y poder llevarla a lo más alto. «Para nosotros es importante que el deportista que quiera ser español tenga verdadero interés y quien se ofrece a varios países no lo tiene... Si alguien te dice que si no le das la nacionalidad se va a otro país, no me vale. Es un indicativo de que no es la persona indicada», explica Mardarás, que reconoce que hay países más laxos que España en este tipo de procesos.

Confirma la denuncia Constantino Iglesias, presidente de la federación de halterofilia, que ha visto cómo jóvenes promesas llegadas desde fuera en busca de buenas condiciones para entrenar, acababan en países del entorno donde en cuestión de días obtenían un pasaporte que en España se les negaba. «Teníamos un chico cubano que apuntaba muy bien y que terminó yéndose a Rumanía por la inacción del Gobierno. Entiendo que estos procesos llevan su tiempo, pero muchas federaciones acabamos perdiendo talento. El otro día, el compañero de este chico, que también estuvo aquí, ganó una medalla para Italia», explica a ABC, al tiempo que pide una solución para el caso de Ayla Camila, a la que tutela y donde tiene puestas grandes esperanzas.

Cada vez es más habitual ver a países –principalmente de Oriente Medio– comprando deportistas de alto nivel con el único objetivo de lucir su bandera en el podio y escuchar su himno en las grandes competiciones. Qatar, Kazajistán, Bahrein o Turquía han exhibido este tipo de artimañas con éxito. El velocista Guliyev, oriundo de Azerbaiyán, recibió 200.000 dólares por hacerse turco y un millón más cuando sucedió a Usain Bolt como campeón del mundo de 200 metros. Más dinero del que podría haber ganado en toda su vida, como él mismo reconoció en su momento.

Para evitar estos casos, World Athletics, la federación internacional de atletismo, retocó la norma que permitía participar a cualquier atleta con su nuevo país tras recibir el pasaporte de rigor. Ahora, deben pasar tres años desde que se estableció su vínculo con el país de acogida y cada caso se estudia individualmente. Así, Thierry Ndikumwenayo, burundés que fue nacionalizado por España en 2022, no ha recibido la luz verde para participar como español hasta hace unas semanas.

No ocurre así en otras disciplinas, en las que la propia federación internacional es cómplice de este tipo de mercadeo. «En lucha es algo muy, muy frecuente. Hay países que nacionalizan prácticamente de un día para otro. Se suele pagar 5.000 euros a la federación internacional para tener la licencia y otros 5.000 al país de origen por 'derechos de formación'», explica a ABC Javier Iglesias, presidente de la lucha española. Esas cifras de las que habla pueden variar en función de la valía del deportista o de la reticencia de la federación de origen, pero están más o menos estipuladas. En halterofilia pasa algo parecido. Incluso fabricarse todo un 'Dream team' a golpe de talonario, como ha hecho uno de los jeques de ese país fichando a algunos de los mejores halteras del mundo a golpe de talonario.

«Anosotros no es algo que nos guste ni que queramos que sea lo habitual. No queremos que alguien venga y que sea español de la noche a la mañana. Por eso, aprobamos un reglamento interno en el que, para que un deportista pueda solicitar la nacionalidad, tenga que llevar al menos dos años con licencia competitiva de aquí», señala Javier Iglesias, que reconoce que sí lo han hecho alguna vez. Uno de los deportistas que ya han recibido el visto bueno del CSD para su nacionalización es Moha Mottghinia, iraní que llegó a España previo pago de 10.000 euros y que todavía no ha podido debutar como nacional a la espera de un pasaporte que, ahora sí, está a punto de llegar, según ha podido saber ABC. En su caso, las cosas se torcieron por un cambio de contrato laboral que generó sospechas en Justicia y frenó el proceso.

El principal vivero mundial en este deporte es Rusia, cuyo nivel es tan alto que exporta luchadores que allí no tienen cabida y buscan una bandera bajo la que competir. «Se puede llegar a pagar hasta 25.000 dólares de 'derechos de formación' si se trata de un campeón y no una promesa. Pero nosotros no nos lo planteamos, porque sería un menosprecio a nuestros deportistas», apunta el dirigente, que destapa un mercadeo que, a diferentes niveles, salpica a casi todo el deporte mundial.

Una deriva que el Comité Olímpico quiere desterrar, pero que las federaciones internacionales alientan en busca de un negocio que alimente sus arcas.