El presunto fraude de los falsos arqueólogos españoles se remonta a una denuncia presentada en 2011 en Egipto

En diciembre de 2011, Mostafa Amin, por entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, recibió una carta con «evidencias irrefutables», que se adjuntaban en un disco CD, en la que se solicitaba la suspensión de los trabajos de las dos misiones del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (IEAE) en Luxor.

En esas fechas, el IEAE que dirigían Valentín y Bedman, hoy convertido en fundación, contaba con dos proyectos permanentes, uno en la tumba de Senenmut (TT y otro en la del Visir Amen-hotep Huy, en Deir el Bahari y Asasif. Según constaba en la web de la institución, ambas estaban amparadas y financiadas por el Ministerio de Cultura español, la fundación Gaselec de Melilla y el propio IEAE. Una de las reglas del Consejo Supremo de Antigüedades prohibía, sin embargo, trabajar en más de un sitio al mismo tiempo, según recordaba el informe.

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En el escrito se denunciaba además que los directores de campos de ambas misiones «no tienen licenciatura en Arqueología o Egiptología». Con múltiples referencias, dejaba constancia de que Valentín «es licenciado en Derecho y doctor en Religión Egipcia por el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Complutense de Madrid» y pertenecía al despacho de abogados Daniel Cano & Asociados.

«Teresa Bedman dice que es licenciada en Geografía e Historia, por la Universidad de Granada, pero nadie ha visto el documento oficial que acredita su titulación», añadía el documento donde se preguntaba cómo era esto posible si la normativa egipcia para misiones arqueológicas extranjeras decía que «no se otorgará ninguna concesión a ningún director de expedición que no tenga experiencia significativa en el campo».

«Los directores de campo deben ser arqueólogos y tener experiencia significativa en el campo. No es aceptable que personas que no sean arqueólogos dirijan una excavación», subrayaba el escrito enviado a Mostafa Amin, donde se acusaba a Valentín y Bedman de ser «responsables de una mala actuación llevada a cabo sobre la tumba de Senenmut (TT353)» y de haber ocultado la verdad.

Según la denuncia, un arqueólogo, que trabajó en dicha tumba, afirmó que el grafito de Senenmut estaba manchado con barniz que se cayó durante la instalación de una rampa de madera, porque no estaba protegido. Este profesional comprobó personalmente la existencia de esa mancha de barniz y señaló que Valentín y Bedman le pidieron que la raspara con un bisturí, extremo al que se negó. «Este incidente no es una contribución a la conservación de los monumentos faraónicos, patrimonio universal», se añadía en la misiva.

Una arquitecta que había trabajado durante dos campañas en la excavación de la otra misión del IEAE, en la tumba del Visir Amen-hotep Huy, redactó un informe negativo en el que explicaba los graves problemas estructurales por los que peligraban los trabajos y las recomendaciones que se debían seguir. Pese a estos análisis, la denuncia indicó que continuaron los trabajos arqueológicos en la tumba, llevados a cabo, además, por personal no cualificado. Adjuntaba multitud de enlaces a la página de Facebook de la misión donde se veía a integrantes sin titulación del equipo clasificando, por ejemplo, cerámicas o restos humanos.

Uno de ellos fue el periodista Luis del Palacio, al que llegaron a dejarle una mañana al frente de las excavaciones cuando no estaba capacitado, según relata a ABC. Tras ser expulsado de la Casa del Sicomoro donde vivían durante su estancia en Luxor y una vez liberado «del 'voto de silencio' impuesto por los profesores Martín y Bedman», que obligaban a firmar una cláusula de confidencialidad, Del Palacio publicó un artículo crítico en el que denunciaba la falta de seguridad del yacimiento y también dio a conocer estos hechos a las autoridades egipcias.

En la detallada exposición de 17 páginas, esta denuncia de 2011 recogió el despido injustificado de una arqueóloga sobrecargada de trabajo, cuyo cometido emprendieron luego 4 o 5 personas sin titulación, que Valentín y Bedman se referían a los trabajadores egipcios como «perros» o que se grabó un documental para televisión sin contar con los permisos necesarios. Como conclusión, instaba a la paralización de los trabajos de esta misión española en Egipto por sus «muchas irregularidades».