El empresario José María Garzón logra la gestión de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla

La llegada de este empresario a la Real Maestranza de Sevilla supone la salida de la Empresa Pagés, con Ramón Valencia al frente, que durante las últimas nueve décadas ha ostentando estas labores. Una decisión que ha coincidido con el año en el que expiraba el contrato de arrendamiento firmado en 1932 entre la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Empresa Pagés y que ha marcado, para bien y para mal, la evolución del toreo sevillano contemporáneo.

El sevillano Garzón es el máximo responsable de la empresa 'Lances de Futuro', que siempre ha defendido la importancia de involucrar a la sociedad en la fiesta de los toros. Hace ahora un año, consiguió renovar la gestión de la plaza de Santander tras hacerse con un concurso público en el que venció a la oferta que habían presentado Ramón Valencia (hasta ahora responsable de la gestión de la Maestranza) y Toño Matilla, ambos a través de una unión temporal de empresas (UTE).

En diciembre de 1932, Eduardo Pagés Cubiña rubricó con la Real Maestranza un acuerdo pionero para la época: la empresa pagaría a la institución propietaria un canon porcentual sobre todos los ingresos derivados de la explotación de la plaza.

El contrato era claro en su literalidad: el canon se calculaba sobre todos los conceptos, sin excepción, lo que incluía —años más tarde— incluso los impuestos como el IVA. Ese modelo económico, tan sencillo como inflexible, dio estabilidad al sistema durante décadas y permitió a ambas partes convivir dentro de un marco estable y continuista.

Casi un siglo después, aquel acuerdo histórico quedó extinguido al finalizar la presente temporada. Por ello, la Maestranza ha tenido que decidir si renovaba con Pagés o abría la puerta a un proceso inédito en la gestión del coso sevillano.

Lo que durante décadas funcionó sin grandes sobresaltos derivó, con el paso del tiempo, en los principales litigios entre la empresa y la institución nobiliaria. La Empresa Pagés defendió que determinados conceptos —en especial el IVA— no debían incluirse en la base del canon; la Maestranza sostuvo siempre que la literalidad del contrato de 1932 era inequívoca.

El desacuerdo desembocó en una reclamación millonaria por parte de Pagés, que exigió la devolución de cantidades abonadas durante años. El asunto se judicializó y los tribunales dieron la razón en primera instancia a la Real Maestranza en lo relativo al IVA, consolidando la interpretación histórica aplicada desde los tiempos de Eduardo Pagés. Por su lado, en lo relativo a compartir los beneficios del museo, la Audiencia de Sevilla falló en favor de la Real Maestranza, que no tuvo que abonar los seis millones de euros que exigía Pagés ni se vio obligada a tener que compartir cualquier tipo de beneficio procedente de estos espacios. Actualmente, esta misma sentencia está recurrida por Pagés en el Tribunal Supremo después de que Pagés fuera condenado a abonar las costas del proceso.

La cuestión no era menor. Las visitas turísticas —crecidas exponencialmente en las últimas décadas— representan una fuente de ingresos significativa. La Empresa Pagés entendía que estaba siendo excluida indebidamente; la Maestranza defendía que la actividad cultural debía mantenerse al margen del arrendamiento. El pronunciamiento judicial, favorable en este punto a la empresa, añadió un capítulo más a una relación tan prolongada como compleja.

Más allá de litigios y desencuentros, lo cierto es que la alianza entre la Maestranza y la empresa Pagés ha dado frutos innegables. Desde Eduardo Pagés, pasando por Carmen Pagés, Diodoro Canorea, Eduardo Canorea y Ramón Valencia.

Bajo su gestión, Sevilla ha vivido algunas de las páginas más brillantes del toreo: ferias históricas, tardes cumbre, figuras inolvidables y una afición que ha mantenido la plaza como una referencia mundial.

La Real Maestranza, gracias al canon recibido, ha podido sostener su labor patrimonial, cultural y social, señas de identidad que la acompañan desde el siglo XVII.