CATALUÑA

Afirman que Zapatero pudo frenar la prohibición taurina

Así lo afirmó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Joan Vintró Castells

MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA Actualizado:

El ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, pudo frenar la entrada en vigor de la ley catalana que prohíbe las corridas de toros. Así lo afirmó ayer el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Joan Vintró Castells durante una conferencia organizada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.

Vintró analizó los fundamentos jurídicos del recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley abolicionista, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Según explicó, cuando el recurso es presentado por un grupo de diputados o senadores, como es este caso, la aplicación de la norma sigue su curso. Sin embargo, si hubiera sido el presidente del Gobierno quien impugnara la ley —aprobada en julio de 2010—, el TC sí podría haber ordenado la suspensión cautelar, según establecen las normas procesales. Zapatero tuvo un plazo de tres meses para hacerlo.

Lo que debe hacer el PP

Vintró sugiere que el actual Gobierno del PP apruebe lo antes posible un decreto en el que se declare la Fiesta patrimonio cultural español pues, de esta forma el TC tendría más argumentos para aceptar el recurso contra la abolición. En este sentido, recordó que actualmente no hay ninguna normativa que diga expresamente que la Fiesta forma parte de la riqueza cultural española. De ahí, añadió, la importancia de que prospere la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por las entidades taurinas —en fase de recogida de firmas—, donde sí se otorga esa categoría.

El catedrático entiende que, entre todos los argumentos jurídicos incluidos en el recurso del PP, el que más peso tiene es el que considera vulnerado el artículo 46 de la Constitución española, que ordena a los poderes públicos proteger el patrimonio cultural. Considera infringido el artículo 9.3, que obliga a las autoridades a no ser arbitrarias y a aplicar criterios de proporcionalidad, algo que no cumple la ley catalana, pues en su opinión, supone una contradicción prohibir las corridas con la finalidad de evitar el maltrato animal, para luego blindar los «correbous» con pocos días de diferencia. Recuerda Vintró que la Constitución otorga al Estado la ordenación de la actividad económica, por lo que la norma autonómica podría entrar en colisión con esa competencia nacional.