Los socialistas tienen la llave en la semana decisiva contra la prohibición de los toros
En abril de 2004, Barcelona se declaraba ciudad antitaurina. Seis años después, Cataluña puede convertirse en la primera comunidad española donde se prohíbe la Fiesta. La gran diferencia es que, mientras la iniciativa barcelonesa nunca tuvo efectos prácticos -la Monumental continuó funcionando con lleno total en las faenas de José Tomás-, la abolición por vía parlamentaria conllevará el cierre de este ruedo.
Mañana comienza el Pleno del Parlamento catalán, donde esta semana se someterá a votación la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la plataforma «Prou!», previo aval de las 50.000 firmas necesarias para impulsar la reforma del artículo 6 de la Ley catalana de Protección de los Animales de 2008, con la finalidad de prohibir la muerte del toro en la plaza.
En esa sesión, un portavoz de la citada asociación subirá a la tribuna de los oradores -posiblemente el día 17- para presentar la ILP, mientras que PSC, PP y Ciutadans defenderán sus enmiendas a la totalidad del texto. Los grupos mayoritarios, CiU y PSC, han dado libertad de voto a sus diputados, pues existe división en sus filas. Por su parte, ERC e ICV votarán a favor de la ILP. Si se rechazan las enmiendas, la ILP seguirá su trámite parlamentario y podría ser aprobada en primavera.
Mayoría en 68 votos
La mayoría de diputados nacionalistas están a favor de la prohibición, por lo que según la aritmética parlamentaria -la mayoría está en 68 votos sobre 135 diputados-, todo depende del voto del PSC, sabedor del desgaste electoral que esta prohibición puede provocarles. Los socialistas han colocado a un firme defensor de la Fiesta, David Pérez, como interlocutor en este polémico proceso, pero no todos los diputados del PSC opinan igual que él.
Pérez rechaza que el debate se circunscriba al ámbito identitario, esto es, a un enfrentamiento entre Cataluña y España. «La discusión debe ceñirse al ámbito de la protección de los animales», afirma. Por contra, el diputado del PP, Rafael Luna, aseguró a ABC que la supresión de la Fiesta «tiene consecuencias más allá de Cataluña» y, tras defender el arraigo de la Fiesta en esta comunidad, aseguró que los socialistas intentan disfrazar su ambivalencia «a un año de las elecciones autonómicas». La diputada de ERC, Patricia Gomà, también criticó la libertad de voto acordada en PSC y CiU, pues recordó que los ciudadanos votan listas cerradas en las elecciones, y no posturas personales. Los republicanos consideran la Fiesta «un anacronismo», postura compartida por la portavoz de ICV, Dolors Camats, quien recuerda que este asunto fue votado en el seno de su partido, con una clara mayoría abolicionista.
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