La SGAE quiere acotar la investigación de la supuesta trama de falsificación de votos

En un escrito remitido a la juez que investiga la querella de Ezpondaburu contra varios altos cargos, entre ellos su presidente y su director general, la SGAE impugna el recurso de reforma presentado hace unas semanas por el ex secretario general. Ezpondaburu aportó en ese recurso documentación que el juzgado no tenía cuando solo aceptó investigar una de las cuatro asambleas celebradas entre enero de 2020 y junio de 2021; ese material incluía 35 informes caligráficos encargados por la propia SGAE que documentaban falsificaciones de firmas en delegaciones de voto de autores tan relevantes como los dos integrantes del grupo Camela, el director de cine Cesc Gay o el escritor Benjamín Prado.

Pues bien, la SGAE solo está de acuerdo con que se esclarezca lo ocurrido en la asamblea de junio de 2021, la única que, hasta el momento, la juez está dispuesta a investigar. En ella, Ezpondaburu, por entonces secretario general, descubrió que 32 de 33 delegaciones de votos presentadas en las votaciones eran falsas; más de mil votos computables que no fueron tenidos en cuenta. Fue entonces cuando la SGAE amplió su investigación interna a las asambleas previas, con los informes caligráficos mencionados y llamadas y correos a socios que corroboraron que no habían delegado sus votos.

Esto es la que principal entidad de derechos de autor de España expone en sus alegaciones, una cronología de antecedentes en la que explica que el 26 de julio de 2021 el entonces secretario general –ahora querellante– presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Una vez que Ezpondaburu fue relevado, su cargo lo ocupó Marta Beca, y se informó de ello a las autoridades policiales. En marzo, el ex secretario general presentó la querella, a título particular y, el 27 de julio, «la SGAE presentó escrito de personación ya en el presente procedimiento, antes de haberse admitido a trámite la querella». Y hasta aquí.

¿Por qué la SGAE no quiere, como perjudicada, ampliar la investigación a todas las asambleas y a las elecciones de 2020? No lo argumenta. Tampoco hace referencia a un informe interno de Compliance en el que reconoce las falsificaciones denunciadas, pero sin encontrar la «trazabilidad» de entrega de las delegaciones de voto. En sus alegaciones, eso sí, la SGAE defiende que «no ha retirado en ningún momento la denuncia y lo único que ha hecho es mostrarse como perjudicada». E insiste: «El exclusivo interés de la SGAE es que sea el juzgado instructor quien pueda llevar a cabo la investigación de los hechos objeto de denuncia, colaborando en todo aquello respecto de lo que sea requerida».

A la espera de que la Fiscalía se pronuncie, y mientras la juez termina de estudiar la nueva documentación aportada, tanto el querellante como Rafael de Tena, socio que se ha adherido a la causa, sostienen «la presunta existencia de una trama organizada de corrupción en el seno de la SGAE dedicada a la falsificación generalizada de votos que habrían sido utilizados para tergiversar el resultado» de cuatro asambleas y las elecciones de 2020.