El sector cultural europeo se revuelve contra Bruselas por favorecer a las tecnológicas en la regulación de la IA

Las entidades que integran esta amplia coalición de titulares de derechos de los sectores cultural y creativo de la UE sostienen que el Código de Buenas Prácticas publicado el 10 de julio, así como una serie de directrices no vinculantes difundidas hace unos días, no cumplen con la protección a la propiedad intelectual que desde el lado de los creadores se reclama ni se garantizan herramientas efectivas frente al uso masivo e ilícito de obras culturales por parte de las compañías que desarrollan herramientas de IA generativa.

El comunicado lamenta que la Comisión Europea ha ignorado las demandas del sector, y se califica el resultado del proceso como una «oportunidad perdida». Las entidades firmantes reclaman la intervención urgente del Parlamento Europeo y los Estados miembros, como colegisladores, «para que cuestionen el proceso insatisfactorio de este ejercicio». Acusan a Bruselas de favorecer un marco desequilibrado, donde las tecnológicas –en su mayoría estadounidenses– salen indemnes y los creadores ven frustrado su derecho a controlar el uso de sus obras.

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Los dos textos cuestionados pretenden aclarar la aplicación del artículo 53 sobre transparencia y derechos de autor del reglamento sobre IA, que entrará plenamente en vigor en 2026, aunque varias de sus disposiciones comienzan a aplicarse ya. El artículo 53 establece que los desarrolladores de modelos de IA deben respetar el marco legal sobre propiedad intelectual y facilitar a los usuarios una explicación clara de los contenidos con los que han entrenado los sistemas.

Sin embargo, el sector denuncia que las directrices publicadas no garantizan una trazabilidad real de las obras utilizadas en el entrenamiento de los modelos. Estos resúmenes podrán hacerse con descripciones genéricas o referencias a fuentes de información amplias e imprecisas, sin identificar con claridad las obras concretas utilizadas en el entrenamiento, lo que en la práctica vaciaría de contenido esta facultad y dejaría a los autores y titulares de derechos en una posición de indefensión.

Se permite además que los desarrolladores eludan responsabilidades por los contenidos utilizados hasta la fecha: se sabe que las plataformas tecnológicas han entrenado sus modelos de IA con contenidos protegidos por derechos de autor sin pagar por sus usos o, directamente, con obras pirateadas. Los textos aprobados en Bruselas establecen que los modelos comercializados antes del 2 de agosto de 2025 no estarán obligados a reentrenar ni a eliminar los contenidos utilizados en el pasado si no es técnicamente viable o representa una carga desproporcionada.

Al no exigirse la eliminación retroactiva de esos datos, los autores y editores pierden su derecho a defenderse frente a usos pasados de sus obras ya incorporados a modelos ya comercializados: ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok...

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A ello se suma la preocupación por la naturaleza voluntaria del código. El texto no tiene carácter vinculante, y su cumplimiento por parte de las empresas desarrolladoras de IA depende de su adhesión voluntaria. Meta ya ha anunciado que no suscribirá el Código. En ausencia de mecanismos de control y sanción claros, es de prever que las grandes compañías del sector tecnológico opten por ignorar las buenas prácticas que propone Bruselas.

La declaración conjunta ha sido suscrita por más de cincuenta entidades representativas del sector creativo europeo, entre ellas organizaciones del ámbito de la música, el cine, la literatura, el periodismo o las artes visuales. Entre los firmantes figuran la Federación de Editores Europeos (FEP), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC), la Federación de Periodistas Europeos (EFJ) o la Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA).