El Reina Sofía niega el «fraude de ley» de Borja-Villel y critica la información sobre las irregularidades

La primera razón que aduce el comunicado es que el primer contrato –anterior a la Ley 34/2011 que regula el museo–, contemplaba «dos prórrogas», pero varios catedráticos consultados por ABC recuerdan que, en realidad, más que prórrogas estamos ante renovaciones por dos periodos de igual duración, «que no serían, ni siquiera sin cambio de legislación, automáticas sino meritorias».

Lo que se firma en noviembre de 2012, «a dos meses escasos de extinguirse el contrato primigenio, no es una prórroga sino una supuesta adaptación a la reforma laboral y a la regulación de contratos directivos del sector público. Decimos 'supuesta' porque es en realidad un contrato nuevo: mejoran sustancialmente las condiciones, es mucho más proteccionista con la figura del director, y sin embargo no se adapta a la propia ley específica del Reina Sofia». Pero sí se cambia el nombre del cargo, de director artístico a director. ¿Por qué? «Porque la Ley 34/2011 en su disposición final tercera contempla la vigencia del artículo 8 del viejo Estatuto hasta la entrada en vigor del nuevo, que regula, entre otras cosas, la adaptación de los contratos suscritos previamente». Algo que está vigente desde marzo de 2013. Por eso se suscribe el contrato de 'adaptación' en noviembre de 2012 pese a que expira un mes después: para allanar el terreno a la prórroga que contemplaba el primigenio de director artístico pero con el cargo de director.

El comunicado del Reina Sofía invoca después el Estatuto de los Trabajadores porque dice que «continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades contractuales que estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se concertaron, salvo que otra cosa se hubiera establecido legalmente».

Las fuentes jurídicas de ABC subrayan que «lo que se había establecido legalmente era, precisamente, un cambio legal del sistema de nombramiento de la figura del director, por lo que no procedía prorrogar sino activar el nuevo sistema legal de nombramiento».

Añaden que «de este modo es como el Sr. Borja-Villel se ha mantenido en un cargo que nominalmente ya no existe en la Ley del Museo Reina Sofía, tampoco en su Estatuto, prácticamente una década más del tiempo debido, porque esa relación laboral, en rigor y en coherencia con el nuevo marco normativo que afecta al museo, se debió extinguir, como mínimo, con la entrada en vigor del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, si es que no debió extinguirse antes, es decir, desde el momento mismo del cambio de organización y sistema de nombramiento establecido en la Ley 34/2011, del Museo Reina Sofía».

El Reina Sofía se enroca en los informes previos de la Abogacía del Estado, que en su opinión bastaban para asegurar la legalidad del proceso de nombramiento: «Debe incidirse en que las renovaciones del contrato han contado con una cobertura legal absoluta y plena, por lo que en ningún caso se puede hablar de fraude de ley; las actuaciones del Ministerio han venido siempre respaldadas, como no puede ser de otra manera, por los preceptivos informes de la Abogacía del Estado». Son exactamente los mismos informes que fueron desestimados en el informe del Tribunal de Cuentas, al que ninguno de los dos comunicados del museo, por cierto, hace mención.