La primera ley de Urtasun se empantana por las 'enmiendas intrusas'
La Oficina de Derechos de Autor, de la que se empezó a hablar en 2022, sigue acumulando retrasos por el debate de enmiendas que nada tienen que ver con la ley
El sector de la cultura aguanta la respiración ante la guerra arancelaria de Trump

Al ministro Urtasun se le está atragantando lo de sacar adelante leyes. (Por eso se dedica a los anuncios, dirán algunos; o a la propaganda). Lo que está ocurriendo con la ley para la creación de la Oficina de Derechos de Autor es un ... buen ejemplo. Un texto de carácter técnico, heredado de la anterior legislatura y que contaba con cierto consenso, no para de encontrar obstáculos en su tramitación. El último: presiones desde distintos agentes del sector para modificar la ley a través de enmiendas que nada tienen que ver con el redactado original. El 'qué hay de lo mío'. O las 'enmiendas intrusas', como las critica el PP. Así han pasado ya catorce meses... y lo que queda.
Lo que está provocando tensiones en estos momentos son dos enmiendas: una relacionada con las cotizaciones reducidas de los artistas y otra para aplicar deducciones fiscales en las inversiones para determinados tipos de eventos. Son dos modificaciones que nada tienen que ver con la ley de la Oficina de Derechos de Autor, un texto que pretende dotar a la gestión de la propiedad intelectual de un organismo autónomo para agilizar los procesos, más aún después de la supresión de la dirección general.
Esta ley la presentó el anterior ministro, Miquel Iceta, en diciembre de 2022, quedó en el aire por el adelanto electoral de 2023 y Urtasun la recuperó, con el mismo texto, en febrero de 2024. El objetivo del ministro de Sumar era aprobarla lo antes posible, pero a su llegada al Congreso empezó a acumular nuevos retrasos. La ley pasó siete meses sumando ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas y a punto estuvo de ser vetada por Junts. Hasta la constitución de la ponencia, el siguiente paso necesario, hubo de pasar otros cinco meses. Y aquí es donde ha vuelto a quedar encallada la ley.
Los diputados ponentes se reunieron en marzo para poner en orden las enmiendas, pactar algunas transaccionales y establecer un calendario de trabajo. No ha habido una segunda ponencia en los días posteriores, como suele ocurrir en estos casos, ni la va a haber ya hasta al menos el 7 de mayo, informan fuentes parlamentarias. El Gobierno ha abierto la veda a introducir atajos en la ley, para apuntarse algún tanto extra, y se le está volviendo en contra.
El PNV registró una enmienda transaccional que recoge una reivindicación de la Unión de Músicos y de otras asociaciones que representan a trabajadores del sector. Se trata de aplicar una cotización reducida a los artistas autónomos con rendimientos inferiores a 4.000 euros, dado que muchos músicos se ven obligados a hacerlo en negro o a acudir a empresas intermediarias de facturación. El texto incluye además una cláusula para que el Gobierno presente en un plazo de seis meses una modificación de las cotizaciones a la Seguridad Social que afectaría a autónomos de otros sectores.
Este era el acuerdo al que habían llegado, pero a última hora la asociación ConArte se ha desmarcado con un comunicado en el que alerta de que esta medida «aboca al alta como autónomos a artistas que deberían ser trabajadores por cuenta ajena». Esto es lo que se conoce como falsos autónomos. Detrás de esta discrepancia está el Sindicato de Músicos Activistas de Cataluña. Y el ministerio, en manos de Sumar, suele ser muy sensible a lo que dicen estas entidades... A esto hay que añadir que se trata de una reforma que afecta al Ministerio de Seguridad Social, que hasta ahora, en el marco del Estatuto del Artista, no ha querido saber nada de estos temas.
Hay otras enmiendas en las que tampoco hay acuerdo, como una que pretende aplicar deducciones por inversiones en espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación ha advertido de que se pone en riesgo la viabilidad de espectáculos de teatro de calle que organizan empresas pequeñas y microempresas. Lo mismo ocurre con otra que pide deducciones fiscales en las inversiones para producciones de películas.
Fuentes consultadas alertan de que al Ministerio de Cultura le están empezando a venir grandes estas discrepancias. El PP ya advirtió hace unos meses de que los partidos que apoyan al Gobierno de coalición habían presentado decenas de 'enmiendas intrusas' y que no estaba por la labor de tramitarlas de esta manera. «Nosotros no estamos en contra de muchas de esas enmiendas, pero lo que hay que hacer es registrarlas como proyectos de ley».
Está por ver cómo el Gobierno arregla este desaguisado. Hay quien apunta que estos nuevos obstáculos se deben al intento de Urtasun de dejar su sello en una ley que en realidad no es suya, sino del ministro anterior, y con la que tiene poco que ganar. Las entidades de gestión, mientras tanto, se impacientan cada vez más. Hace un mes sentó muy mal que, en la constitución de la ponencia, después de tantos retrasos, el presidente de la Comisión de Cultura, Gerardo Pisarello, se marchara a la tele en lugar de acudir al Congreso, por mucho que no estuviera obligado a ello.
La otra ley que Urtasun ha enviado al Congreso, la del Cine, va por su vigésimo sexta ampliación de plazos para la presentación de enmiendas a la totalidad. Con la Oficina de Derechos de Autor hubo diez prórrogas. Con todo, el ministro sigue sosteniendo que la conseguirá aprobar antes de que acabe el año.
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