El PP entra en la pelea para acabar con la censura

Los populares registran una iniciativa para dotar de seguridad jurídica a la contratación y evitar arbitrariedades, mientras Sumar logra aprobar otra propuesta que reduce el debate a combatir el «supremacismo de Vox»

Urtasun y Vox se declaran la guerra (cultural)

Protestas de Vox en el estreno de la obra 'Altsasu' Guillermo Navarro

Madrid

18/03/2024
Actualizado 19/03/2024 a las 12:16h.

Con el permiso de la descolonización, el gran punto de fricción en lo que llevamos de legislatura está siendo la censura. Comenzó ya en la campaña electoral, cuando la izquierda comenzó a denunciar cancelaciones en ayuntamientos gobernados por PP y Vox. Y Urtasun, claro, ... nada más llegar al Ministerio de Cultura dijo que su misión sería levantar una «bandera» contra «la censura y el miedo». Con ese propósito ha anunciado una nueva Dirección General de Derechos Culturales que se enfocará en la «defensa de la libertad de expresión» y la Comisión de Cultura del Congreso aprobó la semana pasada una proposición no de ley (PNL) de Sumar que insta al Gobierno a garantizar la producción artística. La iniciativa salió adelante, pero antes Sumar y Vox se llamaron unos a otros de «censores», «supremacistas» e incluso «analfabetos». En el ámbito cultural, tampoco va a ser esta una legislatura amable.

En el PP, en cambio, no creen que sea un problema de censura, sino de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica. «Llevamos cincuenta años de democracia. Los nodos y la censura quedaron atrás», sostiene Sol Cruz-Guzmán, portavoz de Cultura del PP en el Congreso. «Nosotros pensamos que hay que mejorar el contrato del sector público para contrataciones artísticas, algo que ya se habló cuando se debatieron las ayudas al sector por el Covid». Por esto, mientras la Cámara Baja debatía la PNL de Sumar, el PP registraba otra encaminada a dotar de «seguridad jurídica» las contrataciones por parte de la Administración Pública. ¿Cómo? A través de una guía de buenas prácticas articulada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), revisando la normativa dentro de las mesas del Estatuto del Artista y desarrollando la reglamentación necesaria para evitar cancelaciones que no sean por fuerza mayor o la seguridad de los artistas y espectadores.

Los populares, que gobiernan en once comunidades autónomas, recuerdan que antes de los casos que denuncia la izquierda -el 'Orlando' de Virginia Woolf, porque el protagonista cambia de género, o la supresión del Festival Periferias en Huesca-, Manuela Carmena ya retiró en el Ayuntamiento de Madrid una veintena de obras de teatro previstas, Bilbao vetó a C. Tangana por sus letras «machistas» y el Gobierno dejó la tauromaquia fuera del bono cultural joven. Vox extiende la censura a la «cultura de la cancelación» de la ideología 'woke'. «Una pequeña lista para que tome nota», dice Joaquín Robles, portavoz de Cultura de Vox en el Congreso: la reescritura de obras de Roald Dahl o Agatha Christie, las polémicas con 'La vida de Brian'... «Hay ciertas sacralidades que aquí no pueden cuestionarse: mujeres, homosexuales, indígenas, negros, transexuales... Jamás se sacraliza al hombre blanco, católico y heterosexual. Ahí sí está permitido todo», añade Robles. Será por censuras...

«Cada uno intenta politizar la cultura, y debemos huir de eso», sostiene Cruz-Guzmán, del PP. «La cultura no tiene que ser de derecha ni de izquierda»; se trata, dice, de velar por la libertad. Para los populares, la falta de regulación en la contratación pública provoca interferencias, con condiciones variables, contratos verbales y estrecheces presupuestarias que «provocan cancelaciones o virajes ideológicos que cancelan a los artistas y les provocan un perjuicio económico y reputacional que no termina de ser indemnizado». El sector necesita poder desarrollar una planificación de trabajo y cobro, sostiene el PP, y que haya un tiempo mínimo para cancelar funciones: «Y siempre por temas objetivos -presupuestarios o técnicos-, sin arbitrariedades», señala Cruz-Guzmán. «No se puede continuar en un limbo jurídico. El Estatuto del Artista no puede pasar por alto esta problemática y por eso proponemos que sea el próximo punto de acuerdo y se ponga en marcha en las comisiones y grupos de trabajo correspondientes».

Se trata de dar una mayor «seguridad jurídica» y evitar tentaciones de cancelar obras programadas, teatrales y musicales esencialmente. Al fin y al cabo, buena parte de la oferta cultural en España está financiada por la Administración Pública, ya sean el Gobierno central o las instituciones locales. Una cosa es que cada administración tenga su legítimo margen de decisión a la hora de programar, y otra es que esta esté sujeta a filias y fobias ideológicas. «Sería muy aconsejable que la ley de Contratos del Sector Público, la ley de Subvenciones y la normativa de desarrollo se modifiquen urgentemente», valora Roger Dedeu, presidente de la Fundación Gabeiras. «La mejor manera de controlar la arbitrariedad injustificada pasa por reforzar la independencia de los comités de selección que informan en los procesos de concesiones de financiación pública en cultura y garantizar la pluralidad en los procesos de selección de las personas que dirigen las principales infraestructuras públicas y centros de dirección culturales», añade.

Eva Moraga, abogada y asesora cultural, explica por su parte que uno de los motivos de que sea tan fácil cancelar «sin que se sepa si ha sido por motivos ideológicos o no» tiene que ver con que la mayoría de la contratación artística se realiza a través de contratos menores (menos de 15.000 euros), a menudo solo con compromisos verbales. A su juicio, sería conveniente incluir también en esos acuerdos menores la obligación de firmar antes de que se produzca la actuación, y que solo se pueda cancelar debido a motivos de fuerza mayor. «Para una compañía teatral, para un grupo musical o para un artista, una cancelación le supone un trastorno tremendo. Hay que acreditar las cancelaciones, y en el caso de que no se haga o sea por otros motivos se establezca una indemnización que sea acorde. Parece que solamente el trabajo es el día de la actuación, no se tienen en cuenta todos los meses de preparación previos que son necesarios», añade. En la pasada legislatura, el Ministerio de Cultura comenzó negociaciones para promover una guía de buenas prácticas en la contratación con la FEMP. «Pero no sabemos en qué estado se encuentra», dice Moraga, que ha estado presente en mesas del Estatuto del Artista representando a algunas asociaciones.

Cultura reactivó la pasada semana estos grupos de trabajo y en el comunicado que informó de ello no decía nada de esta cuestión. Urtasun lo está fiando todo a la próxima Dirección General de Derechos Culturales: desde hace un mes se sabe que Jazmín Beirak estará a su frente, pero el Consejo de Ministros ha demorado la nueva estructura ministerial. Con Hacienda hemos topado, otra vez. Hay cosas que nunca cambian. Nada dijo tampoco sobre la seguridad jurídica el jueves pasado Jorge Pueyo, de Sumar, en su defensa de la PNL sobre la libertad de expresión. Para él hay dos tipos de censura: la de dejar sin fondos, «que no ataca obras concretas, sino toda una realidad cultural», y la clásica, la de censurar títulos concretos. Sea una u otra, dijo, es la misma idea: «el supremacismo que pretende Vox». Ahora le toca a Urtasun escoger el camino de la ideología (el fácil) o el de la gestión (siempre más difícil). Una pista: para modificar la ley de Contratos Públicos hay que convencer a Hacienda.