César Antonio Molina: «El tiempo de Borja-Villel se ha cumplido»

¿Por qué el Gobierno no ha atendido al requerimiento del Tribunal de Cuentas para regularizar el contrato de Borja-Villel? «Nosotros creemos que el contrato se ha hecho ajustándose a derecho. Es un contrato que es verdad que es previo a la ley, pero yo creo que la nota del Reina Sofía lo explica claramente. Y es bastante curioso que se suscite esto pocos días antes de que se acabe, pero bueno», ha dicho, en relación a que esta semana expira el mandato del actual director del centro. ¿Es un buen candidato para volver a presentarse? «Se podrá presentar quien quiera. Yo no soy quién para juzgar a los candidatos. Se creará una comisión y habrá un jurado que aspiramos a que sea internacional». ¿Se publicarán los nombres de ese jurado? «Naturalmente, claro».

El Gobierno se alinea así con la versión ofrecida por el Museo Reina Sofía, que a última hora del domingo envió una nota informativa en la que negaba el «fraude de ley», con el argumento de que el contrato de Borja-Villel «incluye una cláusula que contempla posibilidad de prórroga si las dos partes, el empleador (en este caso el Ministerio) y el director la suscriben». Pero las voces críticas se empiezan a alzar, empezando por el exministro socialista César Antonio Molina, que puso en marcha el Código de Buenas Prácticas para evitar 'dedazos' en los nombramientos de directores de museos y rubricó el primer contrato de Borja-Villel en el Reina Sofía, en 2008.

«Un cargo público no es patrimonio de una persona. Las buenas prácticas se crearon precisamente para evitar este tipo de problemas», dijo ayer. «Su tiempo se ha cumplido, como el de todos los directores que no quieren ser eternos. La vida avanza y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Los directores también se jubilan». A juicio de César Antonio Molina, «el Borja-Villel que fue nombrado hace 15 años no es el mismo de hoy». ¿Por qué? «Su acción inicial, que fue magnífica durante sus primeros siete años, ha ido derivando a posturas ideológicas y políticas que contravienen el espacio de debate en libertad y ecuanimidad que debe tener una institución cultural. Ha coincidido con un creciente e insoportable desprecio hacia el arte español contemporáneo».

Los tres principales partidos de la oposición, por su parte, denuncian la falta de transparencia del Gobierno en este caso. «Es importante la alternancia entre quienes dirigen organismos públicos como el Reina Sofía: le da calidad y transparencia a la institución, más aún cuando hay una ley propia que lo plantea así», señala Sol Cruz-Guzmán, portavoz parlamentaria de Cultura del PP. «Hay que cumplir los mecanismos de control y las leyes para evitar que alguien se perpetúe en un puesto. El ministro es el último responsable de que se cumplan las normas. Tiene que tomar cartas en el asunto. Sería extraño que Borja-Villel volviera a presentarse; si se han puesto unas normas para evitar que alguien se perpetúe en el cargo... sería raro».

A la diputada popular le preocupa también la «deriva» que está teniendo el Ministerio de Cultura con el uso de los museos y el afán de Iceta por hacer «una revisión histórica a través de nuestro patrimonio artístico». Un ejemplo, afirma Cruz-Guzmán, es la exposición temporal que estos días recuerda en el Reina Sofía los veinte años del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas, que incluye piezas vinculadas con luchas y reivindicaciones políticas: juegos de cartas que «se remontan al republicanismo decimonónico» con «barajas ecologistas, feministas, pacifistas o antirracistas».

José Ramírez del Río, de Vox, critica por su parte «la deriva cada vez más sectaria» del Reina Sofía, con «compras de obras sin concurso de personas ligadas a la extrema izquierda de Hispanoamérica». A juicio del diputado, «que la persona que toma estas decisiones esté en una situación tan irregular hace que pueda tratarse de una forma de buscar el favor de parte del Gobierno actual, lo que obviamente perjudica la gestión de este museo». En febrero se abre un nuevo concurso para dirigir el Reina Sofía y Borja-Villel podría presentarse de nuevo. «Estos consensos bipartidistas –dice Ramírez del Río– siempre suponen una aceptación sumisa por parte del PP de una imposición del PSOE».

Por parte de Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz subraya que irregularidades como la protagonizada por el director del Reina Sofía están relacionadas con «la alergia a la concurrencia competitiva, al concurso público, a la valoración del mérito y la capacidad que tienen los sucesivos gobiernos de España, porque esta es una situación que viene de atrás». Díaz, que en las próximas horas presentará una iniciativa parlamentaria, sostiene que «la Administración debe permitir la entrada de los mejores y, sobre todo, abrirse a la libre competencia de perfiles para dirigir sitios tan importantes como el Reina Sofía».