Un nuevo enredo judicial dilata la subasta de la casa de Aleixandre

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los propietarios han presentado en este tiempo varias alegaciones acerca de las condiciones de la subasta. En la presentada por Amaya Aleixandre, propietaria del 60 por ciento de la casa, se pedía que no se tuviera en cuenta la pretensión de los otros herederos, la rama de los Merlo-Usera, de que se celebren tantas subastas como sean necesarias para la venta de Velintonia. Es decir, que si nadie accede a pagar los 4,6 millones de euros solicitados, este procedimiento quede archivado.

A los Merlo-Usera, que pusieron en marcha la venta de Velintonia para finiquitar diecisiete años de desencuentros, les sorprende que el juzgado haya atendido a estas alegaciones. Sobre todo, porque el edicto dispuso en mayo que la interposición de posibles recursos no tendría «efectos suspensivos» sobre la subasta pública judicial. En su correspondiente recurso de reposición consideran que la sobrina segunda del Nobel no tiene intención de desprenderse de la vivienda. Recuerdan, además, que hay una sentencia firme que obliga a publicar la subasta en el BOE sin que en ningún caso esté previsto que se archive el expediente.

Por su parte, Amaya Aleixandre, en declaraciones a ABC, cree que «en algún momento el inmueble acabará saliendo a subasta». «Si las administraciones no hacen nada al respecto y no intentan contactar con los propietarios para acordar en breve una compra razonable, lógicamente el inmueble acabará subastándose por deseo de los restantes propietarios, y sin que yo pueda hacer nada. La administraciones están más preocupadas por otras cuestiones que por preservar el patrimonio cultural, y serán muy culpables de que esta casa no llegue nunca a convertirse en una 'casa de la poesía'», añade.

Llueve sobre mojado en un caso que lleva envenenándose desde hace tres décadas, cuando por primera vez las administraciones públicas empezaron a plantearse comprar la casa del premio Nobel, lugar de reunión de la Generación del 27. Pero la falta de acuerdo entre los herederos y la escasa determinación de los políticos, que solo en 2007 se sentaron a negociar la compra del chalé, han impedido que en todo este tiempo se hayan producido avances. En diciembre de 2020, dos meses después de que se declarara firme la subasta, el Ministerio de Cultura inició los trámites para proteger la casa.

Todo esto culminó en junio del año pasado: la Comunidad de Madrid, en contra de los intereses de todos los afectados –los herederos y la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre–, aprobó la declaración de Velintonia como Bien de Interés Patrimonial (BIP), el segundo nivel de protección previsto por ley. El objetivo de la Consejería de Cultura regional era impedir que, fuera quien fuera el propietario de la vivienda, cada vez en peor estado, mantuviera inalterables elementos como la fachada o las habitaciones que fueron frecuentadas por figuras como Lorca.

Antes de irse de vacaciones de verano, Miquel Iceta recibió en el Ministerio de Cultura a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para debatir los siguientes pasos a dar con Velintonia y con el archivo del poeta, declarado Bien de Interés Cultural en junio. Desde entonces, ningún responsable público se ha vuelto a pronunciar al respecto; silencio informativo.