LA MANO QUE MECE LA VIOLENCIA

Los partidos que han jaleado estas protestas, PSOE e IU, no pueden ahora ponerse de perfil ante el violento estallido y deben asumir las consecuencias de su irresponsable estrategia

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LA reacción de la izquierda ante la victoria del PP era tan previsible desde mucho antes de que se celebraran elecciones generales el pasado mes de noviembre que las manifestaciones que ayer tuvieron lugar en varias capitales no han sorprendido a nadie, y menos al Gobierno. Tampoco puede extrañar su violento resultado, con escenas de guerrilla urbana por parte de algunos de los manifestantes: quema de contenedores, barricadas, agresión a los agentes que deben garantizar la seguridad ciudadana, asalto de instituciones públicas y privadas y el resto del ceremonial violento larvado entre los manifestantes. Los partidos que han jaleado estas protestas, fundamentalmente el PSOE e IU, no pueden ahora ponerse de perfil ante el violento estallido y deben asumir las consecuencias de su irresponsable estrategia.

Para la izquierda debería ser un motivo de preocupación que se diera por hecho que a la mínima ocasión que se le presentara saldrían a la calle para oponer al Gobierno del PP una tensión social que compensara su derrota electoral. Y así ha sido. Ayer convergieron actos de protesta de los sindicatos, en una jornada europea de movilizaciones, y de estudiantes universitarios, que se manifestaban contra los recortes en educación. La selección de las comunidades donde se desarrollaron las principales movilizaciones —Madrid, Valencia y Cataluña— es significativa. Por eso, más que nunca es necesario distinguir entre la coartada y la justificación. En efecto, el ajuste de gasto ha llegado a la enseñanza superior, pero era inevitable ante una política que se ha traducido en la proliferación insensata de centros universitarios, hasta un número incompatible con su viabilidad económica y poco propicio para mantener una exigencia media de calidad en el alumnado y en el profesorado.

Sin embargo, los problemas de viabilidad de la universidad no son de los últimos meses y la mayoría de los alumnos españoles lo saben. El sistema universitario está en una situación de concurso de acreedores desde hace tiempo. Y el estado de crisis generalizada hará que estas exigencias de rigor alcancen a otros servicios públicos, en los que habrá que matizar qué prestaciones se puede ofrecer incondicionalmente y cuáles, por no ser esenciales, deberán estar condicionadas. Ahora bien, el Gobierno no es responsable de esta situación por el hecho de haberla dejado al descubierto. Como en el cuento del rey desnudo, era necesaria una voz que dijera que este ritmo de gasto público es inviable. Los sindicatos y los estudiantes que ayer se manifestaron no fueron tan sensibles al despilfarro mientras podía pagarse. Ahora, cuando la factura no se puede pagar, sí salen a la calle.