Los socios de SGAE rechazan adaptar sus estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual

Según ha informado la entidad, la convocatoria de la asamblea por parte de la Junta Directiva el pasado 17 de diciembre responde a lo exigido en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (en vigor desde el 1 de enero de 2015) , por la que las entidades de gestión en España han de modificar los estatutos que las rigen.

En concreto, ha puntualizado que se trataba de adaptar los estatutos de la SGAE a la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI).

En este sentido, ha recordado que, en el caso de la SGAE, un cambio en sus estatutos ha de ser aprobado por sus socios con derecho a voto, por lo que la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores ha convocado esta Asamblea General Extraordinaria en Madrid.

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aseguraron a ABC que «los procedimientos internos de la SGAE no eximen del cumplimiento de la ley, ni de esta ni de otras» . La Secretaría de Estado de Cultura estudiara la situación que se presenta, pero desde esa convicción de que la ley debe cumplirse como primera prioridad.

Del 8 al 12 de febrero, la entidad celebraron Pre-asambleas territoriales en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia. A estas Pre-asambleas estaban llamados los socios con derecho a voto y residencia en dichas comunidades autónomas, según ha aclarado.

Por otro lado, ha apuntado que, aprovechando estas reuniones, la Junta Directiva de la entidad ha propuesto algunas correcciones de estilo, adaptaciones y concordancias en algunos artículos de los estatutos de la entidad, cuya terminología, redacción o numeración ha quedado obsoleta.

En este caso, según ha señalado, los socios también han rechazado la propuesta con un 50,65% de votos negativos (7.885 votos), un 47,60% de votos afirmativos (7.411 votos) y un 1,7% de abstenciones (272 votos).

Con la nueva ley, la entidad puede ser sancionada con un 5% de la facturación , ser intervenida por el Ministerio y otras medidas. Antes del cambio legal, la única sanción posible era la disolución de la entidad.