Olivier Hinnewinkel: «Los autores perderán hasta el 95% de sus ingresos»
El presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Gestión alerta sobre los errores de la futura Ley de Propiedad Intelectual
susana gaviña
Madrid ha sido estos días anfitriona de la reunión bianual que celebra la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Una institución que reúne a 227 entidades de gestión pertenecientes a 120 países y a tres millones de creadores. Sus funciones principales ... son promover la gestión colectiva de los derechos de autor en todo el mundo y defender el trabajo de los creadores . Al frente de ella se encuentra el francés Olivier Hinnewinkel . «La CISAC es la única organización del mundo que tiene reglas profesionales para todas las organizaciones del mundo. Mi labor no es meramente política, sino que consiste en asegurarme de que estas reglas se emplean en todos los países de manera correcta».
Las diferencias culturales entre Latinoamérica, Asia o Europa no afectan a la hora de formular estas reglas: «Son las mismas para todas las sociedades de gestión, que se rigen po r tres principios fundamentales : recaudar dinero, distribuirlo entre los autores y los propietarios de los derechos y mantener un remanente para llevar a cabo la gestión. Eso es todo». Una metodología que la SGAE no ha seguido durante la etapa liderada por Eduardo Bautista . «Hay endidades que tuvieron problemas en el pasado, otras que necesitan mejorar su funcionamiento. La CISAC las ayuda a hacerlo. La SGAE ha cambiado su método de gestión, ha adoptado uno nuevo. Conozco muy bien a Natalia Garzón , directora general de la institución, y confío en la nueva SGAE. Está trabajando de la manera correcta. No puedo cambiar su historia, pero s í cambiar su futuro y eso es lo que estoy haciendo».
La SGAE y sus errores
¿Cuál fue el error de la SGAE? «Es un problema que le pasa a algunas entidades de gestión, que a la hora de aplicar las reglas no hay entendimiento entre el papel que tiene que jugar el director general y el presidente. Lo importante es que exista un gobierno en el seno de la entidad apropiado, y que se conozcan las responsabilidades de cada uno». Y tiene muy claro que quien debe llevar las riendas es el gestor y no el presidente, cuya labor es «la representación».
«¿Qué haría España sin su cultura, sin su música, sin sus pintores?»
El papel de la CISAC es muy activo a la hora de participar en los debates sobre la nuevas normativas que afectan a los derechos de autor. «Hemos estado muy presentes en el proceso regulatorio europeo. Hemos hech o un lobby a los políticos de tal manera que los cambios que quieren introducir las administraciones públicas estén más o menos en consonancia con las necesidades de gestión que tienen las entidades».
Más ayudas
Hinnewinkel muestra su «preocupación» ante los cambios que introduce la nueva Ley de Propiedad Intelectual sobre la copia privada, «que supondría para los creadores españoles la pérdida de hasta el 95% de los ingresos por los derechos de sus obras. Eso contribuiría al d eclive de la industria cultural en España. Eso es terrible. Se puede imaginar una discoteca sin música, una radio sin música española. ¿Qué haría España sin su cultura, sin sus pintores, sin sus músicos, sin su cine ? Los creadores contribuyen en muchos sectores de la industria, aportan dinero a la economía. El Gobierno debería darles más ayuda, no reducírsela».
Otros aspectos en los que disiente del nuevo texto es la intención del Gobierno de crear «una mayor competitividad entre las entidades de gestión » para acabar así con el monopolio de algunas entidades, como la SGAE. Algo que, en su opinión, «encarecería el proceso» y desencadenaría la «precariedad de los ingresos de los creadores. CISAC promueve la idea de una única entidad de gestión por cada actividad –música, artes plásticas, audiovisual...–. Si tienes más, rompes el mercado», advierte.
También se muestra en desacuerdo con el control que el Gobierno quiere ejercer sobre las entidades de gestión. «La CISAC ya tiene unas reglas muy duras por las que se rige. Se produciría un desequilibro si el Gobierno impone una reglas restrictivas a la entidades y no se hace lo mismo con otras empresas privadas. Si el Ejecutivo español quiere fijar una r eglas de funcionamiento a las entidades, está bien; pero no creo que deban meterse en temas como precios, tarifas ... Eso le corresponde a ellas».
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