Matar por blasfemar, el arma del islam para intimidar a sus minorías religiosas

La orden de ejecutar a quien profiera un insulto contra el Corán o Mahoma es uno de los puntos más controvertidos de la Sharía, la ley islámica. Los gobiernos de los países de mayoría musulmana más moderados se limitan a no aplicarla. Pero no pueden o no quieren hacer nada por eliminarla de su ordenamiento, o perseguirla, y es habitual que una vez que el acusado es puesto en libertad sea una turba o un musulmán fanático el que lleve a cabo la ejecución con arma blanca.

Años después del decreto de Jomeini contra Rushdie, y una vez que llegó al poder un gobierno islamista más moderado, Teherán se comprometió a no 'ejecutar' la orden del fundador del régimen contra el autor de 'Versos Satánicos' (una burla en toda regla del Corán y de Mahoma), pero no la levantó. La obligación de localizar y matar al 'blasfemo' seguía en vigor, e incluso una fundación cercana al poder iraní subió la recompensa a 4 millones de dólares. La mayor retribución de un musulmán fanático es, no obstante, haber cumplido una grave obligación religiosa que le proporciona además prestigio y el aplauso de los medios islamistas.

La Ley de la Blasfemia es uno de los mayores obstáculos en el diálogo entre el mundo musulmán y el de raíces cristianas, que solo admite la persecución legal por la difamación de personas, nunca la de ideas o de convicciones religiosas. En Occidente, la libertad de expresión es al menos tan sagrada como la ley de la blasfemia islámica. El sistema liberal considera, además, que la libertad de expresión está estrechamente vinculada a la libertad religiosa.

Basta para ello observar cómo se practica en el mundo del islam. La ley solo es invocada por ciudadanos musulmanes –el testimonio de dos es suficiente– normalmente contra fieles de otras religiones minoritarias, habitualmente pobres e incapaces de contratar abogados que les defiendan en los tribunales. Irónicamente, la norma que persigue con la cárcel o la muerte la blasfemia solo se aplica a los sospechosos de haber insultado al Corán o al profeta Mahoma, y en ningún caso a los musulmanes que injurian a otras religiones allí donde el islam es el credo mayoritario.

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Por extraño que parezca, la presión del mundo musulmán en la sociedad occidental –que ha banalizado hasta el extremo la blasfemia contra su propia religión mayoritaria– es mayor de lo que aparenta. En 2010, los 56 estados islámicos de la ONU estuvieron a punto de sacar adelante una resolución condenatoria de la «difamación de las religiones», en realidad un eufemismo para restringir la libertad de expresión en Occidente y blindar la ley de la blasfemia islámica. El islam cuenta además con un 'lobby', la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que paradójicamente es mayoritaria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano menor de Naciones Unidas que todos los años condena la que llaman «difamación de las religiones». Desde el 'caso Rushdie', la propaganda islamista se encarga de recordarnos que fenómenos como Osama bin Laden y el supuesto aumento del rechazo a Occidente en Oriente tienen su causa en los ataques dialécticos al islam.