Industria editorial: SOS

Industria editorial: SOS

La piratería y la ausencia de leyes amenazan de muerte a uno de los sectores estratégicos del PIB español

MADRID Actualizado:

La realidad de la industria editorial en nuestro país pinta más negra que el argumento de una novela de Raymond Chandler. No es cosa de agoreros editores acuciados por el futuro, lo dicen los datos. En concreto los derivados del reciente Observatorio de Piratería, según el cual la mitad de los libros publicados se piratean. Una cifra que, según Magdalena Vinent, directora general de Cedro, se queda corta para la preocupante realidad. «¿La mitad? Ojalá. Hoy en día todos los libros están ilegalmente en la Red. La situación es muy delicada porque la regulación no está actualizada, ni para explotación legal ni para luchar contra infracciones», explica.

La situación que describe la principal responsable de Cedro llegó a un momento dramático cuando, a mediados de esta semana, apareció en la web una copia pirata del nuevo libro de Carlos Ruiz Zafón... una semana antes de su publicación. La desesperación se apoderó entonces de los responsables de Planeta, que guardaba bajo secreto de sumario todos los detalles del lanzamiento hasta su fecha de salida. ¿Y ante eso qué hacer? Poco o casi nada, ya que editores y autores se enfrentan a una perfecta maquinaria en la que múltiples páginas web han llegado a convertirse en profesionales del pirateo.

Injustificable

«Ellos mismos se consideran editores, cambian el logo de la editorial por el suyo y ya lo tienen listo con una calidad enorme», cuenta un editor. Para ello «hackean» ordenadores, archivos, pasan PDF's a OCR o lo que sea necesario para incrementar sus catálogos. Se trata de un «gremio» cada vez más numeroso y que cuenta con el beneplácito de los internautas, que cegados por justificaciones como «labor social» o «cultura gratis» terminan, sin saberlo, cometiendo un fraude que desangra a la industria editorial. «Nos están obligando a fijar los precios de los libros electrónicos en la barrera psicológica de los diez euros, porque si los subes es como si estuvieras alentando la piratería. ¡Es increíble! Y es algo que solo sucede en España», se quejan desde el sector. Ante la impunidad, su única solución es acudir a Cedro, que a diario emite cientos de peticiones a las páginas de descargas para que retiren el archivo o eliminen el enlace. «Es lo único que se puede hacer. Normalmente acceden y lo retiran, pero no tienen obligación porque suelen estar radicadas en sitios donde no tenemos jurisdicción», explican desde Cedro. La «solución real», según Magdalena Vinent, es «una nueva regulación, que es una cuestión de estado, no de un partido u otro, porque llevamos un tiempo precioso de retraso».

Esperando a la Ley Sinde

Las elecciones han retrasado la aplicación de la Ley Sinde, que es el único acuerdo parlamentario logrado al respecto para que la Justicia pueda actuar contra los piratas. Según Antonio María Ávila, del gremio de editores, el coste es enorme. El sector editorial es estratégico, la única industria cultural netamente española del PIB. Ante la «desidia» de la Administración, la piratería impide, en su opinión, «que se constituya un mercado» y repele al inversor extranjero. «Es el precio de estar en la Lista 301, España tiene una pésima imagen y el Gobierno entrante sentirá la presión de EE.UU.»

Otra maraña se añade a este problema. No hay alternativa legal a los libros pirateados porque las editoriales no logran fácilmente los derechos de edición digital. Nuria Cabutí, consejera delegada de Random House Mondadori (RHM), pediría a los agentes literarios mayor flexibilidad, agilidad y confianza en el editor. Pero los porcentajes se negocian fieramente. Cabutí defiende la postura de las editoriales que pagan anticipos, publicitan y ponen carísimos medios tecnológicos y jurídicos contra la piratería.

Como ella, Sigrid Kraus, de Salamandra, exige al Gobierno instrumentos que acaben con la impunidad del pirata. Kraus siente peligrar la industria y aboga por un acuerdo inmediato de editores y agentes, «por más que no sea el que ninguno espera, con una duración corta, de un año, revisable, pero que acabe con esta situación que solo favorece a los piratas. ¡Hemos perdido ya demasiado tiempo!» El presidente Planeta, José Manuel Lara, se sumó a la petición de endurecer la ley, pero insistió en que debe ser acompañada con «una cultura de respeto a la propiedad privada».

Es una verdadera asignatura pendiente en España. La Brigada de Investigación Tecnológica no puede actuar, los jueces —con excepción de uno en Vizcaya— no castigan las páginas de enlaces que se lucran y, por ello, no se puede deshacer la madeja.

Ángeles González Sinde prometió que la ley que lleva su nombre estaría antes de las elecciones. Promesa incumplida. El PP trae un proyecto de Ley de Propiedad Creativa. Mientras, los editores mantienen la esperanza, pero ya no tienen mucho tiempo.