«La crisis institucional en España puede provocar una catástrofe»
Santiago Muñoz Machado, nuevo académico de la Real Academia Española - igacio gil
santiago muñoz Machado: jurista y escritor

«La crisis institucional en España puede provocar una catástrofe»

El gran renovador del Derecho Público en España ingresa hoy en la Real Academia para ocupar la vacante de Mingote

antonio astorga
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Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, está considerado como el gran renovador del Derecho Público, Constitucional y Administrativo, en España. Su obra tiene una gran influencia en Europa e Iberoamérica.

Muñoz Machado trabajó, en la época de Adolfo Suárez, desde la sala de máquinas de Presidencia del Gobierno en los cambios jurídicos que precisaba el nuevo Estado democrático y descentralizado. Con 30 años obtuvo la cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia; después la ganaría en Alcalá de Henares (1982) y Complutense (1994), en cuya Facultad de Derecho sigue impartiendo dociencia.

Es autor de más de 30 libros que abordan los problemas del Derecho Público, la Constitución, el Estado, la Comunidad Europea... Ahora trabajará como maquinista de la general del idioma jurídico en la Real Academia Española, junto a Eduardo García de Enterría, «maestro y amigo, con el que he compartido infinidad de proyectos». Y recuerda a ilustres académicos juristas: Jovellanos, Martínez Marina, Ranz Romanillos, Javier de Burgos, Alejandro Oliván, Pacheco, Alcalá Galiano, etc.

Intelectual, escritor, biógrafo, ensayista, narrador, Muñoz Machado es criador y ganadero del hierro «Jaralta» y se encierró ayer en la Academia, a las siete de la tarde, con el discurso «Los itinerarios de la libertad de palabra».

-Su currículum revela que ha tenido hasta ahora una vida, como profesional, universitario y escritor, muy variada y rica. ¿Qué espera aportar a la Academia?

-Me gustaría participar en el trabajo cotidiano con la mayor intensidad posible. Participar en todos los proyectos y actividades. Aunque soy consciente de que mi apoyo más principal es el que tiene que ver con mi condición de jurista.

-¿Qué papel espera desempeñar como jurista en la Academia?

-La profesión de jurista se vale fundamentalmente del discurso y es, esencialmente, argumentación. Utilizamos las palabras con más cuidado que nadie porque de su manejo exacto dependen la garantía de los derechos y el control del poder público. En mi caso, espero ayudar a resolver los problemas que puedan presentársele a la RAE como institución, porque los tendrá como cualquier otra entidad, pública o privada, con gran volumen de actividad. Confío en ayudar a la limpieza continua y puesta al día de las palabras cuando su utilización esté más próxima a mis áreas de conocimiento.

-¿No le parece que el lenguaje de las leyes y los jueces es más bien enrevesado?

-Todos los lenguajes técnicos son difíciles para las personas que no pertenecen a la comunidad de los especialistas, o no tienen contacto con las palabras y estructuras que se emplean. El derecho tiene especial mala fama porque, además de sus particularidades, suele decirse que los jueces y magistrados escriben sus resoluciones y sentencias en términos muy oscuros. No siempre es verdadera esta imputación. Aunque quizá se pueda mejorar mucho la literatura judicial ordinaria.

-¿A veces la significación de las palabras es crucial para entender los mandatos del legislador o las decisiones de las sentencias?

-Siempre lo es. Los legisladores están obligados a utilizar las palabras más exactas para definir sus mandatos. Las leyes que no son claras no merecen la calificación de tales. A menudo, sin embargo, los legisladores usan conceptos que no remiten a significados únicos, sino que sus contenidos son vagos o indeterminados. Entonces el papel de los juristas es decisivo para concretar lo que las leyes quieren decir. Entre otros auxilios, en este trabajo se usa mucho en la práctica el Diccionario de la RAE. Le sorprendería comprobar cuántas veces los abogados y los jueces se valen del Diccionario para apoyar sus tesis o fundamentar sus sentencias.

-¿Se ha notado en nuestra lengua la influencia que en nuestro sistema jurídico tiene la Unión Europea?

-En nuestro sistema jurídico la influencia comunitaria europea ha sido determinante de un cambio de dimensión histórica. Hemos recibido un aluvión de regulaciones, instituciones y conceptos nuevos, que se han formado tomando tradiciones que no siempre existían en España. Algunas veces la procedencia es anglosajona, otras alemana y, casi siempre, el derecho nuevo aprovecha experiencias de muy diferente origen.

-Hablemos ahora de algunas de sus obras. La última, «Informe sobre España», ha formado un gran revuelo.

-He tenido mucha suerte con la acogida que se le ha dispensado porque en apenas un mes hemos hecho tres ediciones sucesivas. Pero me importa principalmente que ha contribuido a movilizar el debate sobre los problemas que el Estado tiene en la actualidad.

-¿Qué problemas concretos le preocupan?

-Muchos, en verdad. Estamos atravesando un momento de grave crisis institucional. Son pocas las instituciones constitucionales que no están afectadas por un deterioro muy serio, de los partidos a los sindicatos, de la universidad a la escuela, de la justicia a la organización territorial del Estado, etc. En el «Informe sobre España» enuncio con carácter general la razón de ser de estos problemas, pero me centro en el análisis de la degeneración del Estado de las autonomías, en el sentido de que buena parte de los instrumentos y técnicas de que se valía para funcionar están muy seriamente quebrantados.

-¿A qué atribuye el deterioro?

-A una notable dejadez. Al principio de los actuales tiempos constitucionales, cuando se diseñó el Título VIII de la Constitución, era bastante fácil regular el Estado en términos muy poco precisos y abstractos. Todo empezó a funcionar de una manera aparentemente correcta porque, viniendo como veníamos de una época dictatorial, todo el mundo puso la mejor voluntad en tapar los defectos de la regulación constitucional y apañarse con ella. Con los años, ya casi treinta y cinco, todo ese edificio se ha ido deteriorando sin que se haya hecho el menor gasto en repararlo. Actualmente estamos en un momento en el que los poderes territoriales hacen bastante poco caso a la Constitución y al garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional, cuando resuelve los conflictos que se le plantean.

-¿Habría que reformar la Constitución?

-A mí no me cabe ninguna duda. Las Constituciones no se hacen para durar indefinidamente. En España se está produciendo una resistencia incomprensible a reformar la Constitución para corregir sus defectos y adaptarla a la situación actual. Se trata el texto como si fuera un libro sagrado, intocable por definición. Creo que es bastante fácil identificar los problemas a que aludo y establecer las reformas adecuadas. También pienso que no sería muy complicado que los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Y, pese a todo, soy consciente de que no lo harán.

-Entonces, ¿qué hay que hacer?

-Los partidos políticos se han adueñado tanto de las instituciones, que se resisten a modificarlas por lo que pueda afectar al poder que han acumulado. Pero el pueblo los acabará castigando si continúan en esta actitud. Hay que apelar al patriotismo de los dirigentes políticos para que reflexionen sobre la gravedad de la situación. Suelo afirmar que la crisis institucional de España es bastante más grave que la crisis económica. Ésta se arreglará pronto; aquélla puede provocar una catástrofe.

Mientras se lo piensan, la única salida es que se vayan reformando las leyes orgánicas y ordinarias que regulan algunas instituciones y servicios, para establecer, a través de ella, una nueva racionalidad. El problema es que ni para eso existe suficiente consenso. Verá usted cómo la reforma de la administración local que el Gobierno va a intentar acaba convirtiéndose también en un lío enorme. No digamos lo que ya ha empezado a ocurrir con la imprescindible reforma del sistema educativo. Y ¿qué le voy a decir de mi maltrecha universidad, deteriorada e irreconocible?

-Su obra y experiencia revelan que tiene usted intereses en muchas áreas de conocimiento. ¿De qué se ocupa ahora?

-¿Quiere decir, además de que trabajo de profesor y abogado? Atiendo muchísimas invitaciones para dictar conferencias en España y en el extranjero, preparo el último tomo de un tratado extenso del que he editado varios volúmenes en los últimos diez años, trabajo en un libro sobre literatura y derecho, me cuido de la edición mensual de El Cronista, una revista de cultura jurídica y política que ha conseguido una gran difusión, estoy en el proceso de edición de mi inmediato libro «Los itinerarios de la libertad de palabra», que publicará editorial Crítica, y busco tiempo para entregar a la imprenta nuevas ediciones de bastantes libros míos que están agotados. No sé, me dejo muchas cosas en el tintero, pero tampoco quiero aburrirle.

-Entre sus últimos libros, ¿es quizá «Sepúlveda, cronista del Emperador» el preferido?

-Me he divertido muchísimo estudiando al personaje Juan Ginés de Sepúlveda y escribiendo ese libro. Es la biografía de uno de los más importantes humanistas españoles, que vivió durante dos terceras partes del siglo XVI. Fue un siglo apasionante, y Sepúlveda estuvo en medio de todas las grandes polémicas, y se relacionó con todos los grandes personajes: los papas del período, el Emperador, el príncipe Felipe, Erasmo, Lutero, Garcilaso de la Vega, Alfonso y Juan de Valdés, los teólogos juristas de la Universidad de Salamanca, Bartolomé de las Casas …

Me ha complacido muchísimo sacar a un personaje así de la oscuridad y, sobre todo, terminar definitivamente con el tópico, mantenido durante muchísimo tiempo, de que lo único que hizo Sepúlveda en su vida fue mantener una fuerte polémica con Las Casas. La sostuvo, pero hizo muchísimas cosas más, y sin duda más interesantes. Por ejemplo, polemizar con los referidos Erasmo y Lutero, estar presente en el Saco de Roma al lado del Papa, o escribir un tratado sobre la ilegitimidad del divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón.