El bono cultural y los jóvenes de la España vacía: «Están totalmente marginados»

«El discurso de la España vacía tiene que materializarse en hechos cuando se establecen instrumentos y no quedar en una simple declaración de intenciones», asegura Soledad Cruz-Guzmán, portavoz de Cultura del PP en el Congreso. Precisamente, para revertir esta «marginación» de los jóvenes que viven en las zonas más despobladas, el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a «modificar de forma extraordinaria y urgente» los artículos que «suponen una barrera más» para estos jóvenes, quienes «merecen las mismas oportunidades que aquellos que residen en poblaciones grandes y medianas».

Desde hace tres semanas, los jóvenes que este año cumplen 18 años pueden beneficiarse de la medida estrella de Cultura en esta legislatura: un bono de 400 euros para gastar en productos culturales, con topes; 200 euros para artes en vivo, 100 euros para consumo digital o en línea y otros 100 euros para productos culturales en soporte físico, entre ellos los libros. Y aquí está la controversia. Además de impedir la compra de estos productos en plataformas como Amazon, el Gobierno no financia los gastos de envío de las librerías adscritas al bono cultural. Según Iceta, «la idea del bono es que se pueda comprar en plataformas online como todostuslibros.com, pero se tenga que retirar presencialmente».

Tres meses antes de que el titular de Cultura explicara este extremo, el Consejo de Estado había propuesto fijar «alguna excepcionalidad al artículo 8.5 del real decreto, que establece que la recogida del producto deberá hacerse únicamente de forma presencial por parte del beneficiario». Es lo que el PP recoge en su PNL, donde reclama que «en todas aquellas localidades en las que no exista una librería se pueda consumir estos productos por compra a distancia, asegurando la compra a empresas culturales nacionales, con el uso de plataformas como todostuslibros.com», la alternativa de las librerías españolas a Amazon. «Los jóvenes de la España rural resultan totalmente marginados en la aplicación práctica y efectiva de este bono».

Para valorar el impacto de la exclusión de los jóvenes de áreas rurales, el PP explica que hay comunidades como Extremadura o Aragón en las que las librerías solo cubren el 8 por ciento de los códigos postales. Solo el 4,5 por ciento de los municipios de menos de 10.000 habitantes cuenta con una librería. «No puede condenarse al 92 por ciento de los jóvenes extremeños y aragoneses a no poder consumir esos 100 euros de esa parte del bono o a tener que recurrir al transporte público y/o privado para desplazarse a una localidad, en provincias tan grandes, para poder adquirir sus libros. Supone una discriminación con los jóvenes que sí tienen librerías en sus domicilios», denuncia el PP.

Además de tener en cuenta los gastos de envío, para lo que según el PP se podría haber contado con Correos, la PNL propone también establecer una excepcionalidad para que en aquellas localidades de menos de 5.000 habitantes los jóvenes puedan alterar las cantidades gastadas en cada concepto, «a fin de no discriminarlos y de que tengan la misma oportunidad que los jóvenes de entornos urbanos de poder acceder al 100 por cien del bono». El PP hace una tercera propuesta apuntada por el Consejo de Estado: que se establezcan medidas adicionales, como el uso de las entregas a distancia, para aquellos jóvenes con discapacidad que tienen más difícil el acceso a los establecimientos físicos. «El bono cultural joven –señala el PP– adolece de errores materiales flagrantes que, aunque avisados por el Consejo de Estado, el Gobierno se ha negado a corregir».

Desde la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), en cambio, no creen que sea necesario incluir los gastos de envío en el bono cultural. «En todostuslibros.com hemos habilitado la posibilidad de la reserva. Pretendemos que los clientes vayan a las librerías. Esta medida está de acuerdo con nuestra filosofía», asegura su portavoz, Álvaro Manso. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, un tercio de los 500.000 jóvenes que tienen derecho a esta prestación ya la han solicitado, según Iceta. Para ello es necesario tener activado el certificado digital o el sistema Cl@ve, un requisito que muchos jóvenes, que por primera vez se enfrentan a la Administración, están viendo como un engorro.