Iceta puso el presupuesto de Cultura al servicio del Gobierno Frankenstein

ERC, socio preferente del Ejecutivo, consiguió modificar partidas por valor de casi 31 millones de euros (13 enmiendas). Bildu, con cuatro diputados, arrancó a Cultura 14,7 millones (6 enmiendas). En tercer lugar se sitúa el PDeCAT, que logró 8,8 millones (26 enmiendas). El PNV pactó 11 enmiendas por valor de 5,5 millones. La mayoría de las cesiones de Iceta fueron a parar a Cataluña y País Vasco. Pero Teruel Existe y Compromís también sacaron tajada. Los primeros, con un solo diputado, lograron 6,3 millones (6 enmiendas) en inversiones. Compromís consiguió una inversión extra de 1,2 millones para la Comunidad Valenciana. Dos cifras para poner estas cantidades en perspectiva: el presupuesto total de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura para 2023 es de 22 millones; la contratación de 600 funcionarios, con los museos estatales cerrando desde hace tres años por falta de personal, se estimó en 10 millones.

Estas últimas semanas, después de que Alberto Núñez Feijóo pusiera en duda la continuidad de un Ministerio de Cultura propio si el PP llega a La Moncloa, Iceta ha sacado pecho de la apuesta de los socialistas. «Si la gente quiere que siga habiendo un Ministerio de Cultura, ni se le ocurra votar a los conservadores, porque vamos a perder todo lo que hemos avanzado», ha dicho, implicado de lleno en la campaña de las elecciones generales. «Cuando gobiernan los socialistas hay ministerio y se aumenta el presupuesto», resume. De esto ha venido sacando pecho Iceta durante su mandato: gracias a los fondos europeos en 2022 y 2023 contó con presupuestos récord de 1.589 y 1.804 millones. El dirigente del PSC siempre señaló a Sánchez y a la ministra de Hacienda como principales responsables de esta apuesta, pero nunca habló de la cara b. Y esta no era otra que convertir el presupuesto de Cultura en la muleta del Gobierno de coalición.

La evolución desde 2021, cuando Iceta sustituyó a Uribes, da la medida de cómo el titular de Cultura ha ido permitiendo un desvío cada vez mayor de sus presupuestos iniciales. Ese año, el Gobierno pactó con los partidos de la oposición 85 enmiendas en total durante la tramitación parlamentaria de las cuentas. Cultura asumió 12 de ellas, un 14 por ciento. Fue el cuarto departamento que más enmiendas aceptó. Las cuentas de aquel ejercicio estuvieron en el aire hasta el último momento porque ERC exigió incluir una protección del catalán en la ley audiovisual.

La tornas empezaron a cambiar al año siguiente, coincidiendo con el primer año completo de Iceta como ministro de Cultura. En 2022 ya no hubo sustos de última hora: el diálogo con los grupos nacionalistas se encauzó. ¿El coste? Abrir la caja. El número global de enmiendas aprobadas aumentó de 85 a 106. Y Cultura se convirtió en el segundo ministerio más generoso, al asumir 24 de ellas, un 23 por ciento del total. Solo Transportes superó a Iceta, que en esta ocasión tuvo que asumir una factura de 7,2 millones, cuatro veces más que el año anterior. En 2023 todo se desparramó. El número total de enmiendas aprobadas casi se duplicó (de 106 a 194) e Iceta usó su presupuesto récord para comprometer 60 millones más en contentar a los partidos nacionalistas.

Los presupuestos son siempre una prioridad política para cualquier gobierno, puesto que estos fijan las líneas de actuación a seguir de los distintos departamentos. Si el bono cultural joven ha sido posible es porque Iceta ha reservado 210 millones, por ejemplo. Otro caso: en las cuentas de los años anteriores, se contemplaba la creación de un Centro Nacional de Difusión de la Danza; en 2023 ha desaparecido. Los presupuestos que se envían al Congreso, donde tiene lugar la negociación de enmiendas, no son inocentes, y aceptar modificarlos tampoco: es una decisión política. Supone dar de baja una línea de actuación considerada preferente por un equipo ministerial para dar entrada a otra que no lo era. Los socialistas, con tal de seguir en el poder, aceptaron financiar proyectos y organizaciones de las comunidades más ricas: Cataluña y País Vasco, esencialmente.

La desproporción entre la desviación presupuestaria de Cultura, comparada con otros ministerios, es llamativa. Departamentos de peso como Defensa, Interior, Trabajo o Hacienda, apenas han permitido modificaciones en los últimos ejercicios. El segundo ministerio que más se sacrificó fue el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con un total de 35 -un 18 por ciento-, muy lejos de las 62 de Cultura. Más lejos se sitúan otros departamentos como Ciencia e Innovación y el de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ambos con 21 enmiendas, un 11 por ciento. Igualdad y Consumo, ambos en manos de Podemos, llevan dejando su cuenta a cero desde 2021. Lo más paradójico en el caso de Cultura es que estuvo entre los ministerios menos dotados económicamente y, pese a ello, en términos porcentuales fue el que asumió el mayor coste. El Congreso presentó más de 5.400 enmiendas a todos los departamentos.

Cuando Iceta compareció el pasado mes de noviembre ante la Comisión de Cultura para dar cuenta de su gestión, dijo que los presupuestos que presentaba su departamento eran una «alegría», pero también «una responsabilidad agravada porque luego conviene utilizarlos bien, con la finalidad que las Cámaras hayan decidido». Hizo esta precisión, pero no dijo una palabra de la factura que le estaban pasando esos días. Tres semanas después, el Ejecutivo presumía de aprobar los presupuestos por «una holgada mayoría», y además «en tiempo y forma», permitiendo que entraran en vigor el 1 de enero «por tercer ejercicio consecutivo, algo que no ocurría desde mediados de la pasada década». Salieron adelante con el respaldo de diez formaciones políticas: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC.

¿Es esto una política de Estado como la que Iceta le está reclamando ahora a Feijóo en materia cultural? La mayor parte del dinero de las enmiendas de Cultura han beneficiado a partidos independentistas, es decir, a aquellos que públicamente se jactan de contribuir a la desmembración del Estado, cuando no a partidos con intereses de terruño. El decreto 509/2020 que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Cultura dispone que a este departamento le corresponde la «promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, así como la promoción y difusión de la cultura española, el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura».

Para contentar a sus socios, con intereses que poco o nada tienen que ver con los fines y funciones que debe tener un Ministerio de Cultura, Iceta ha optado por dar de baja partidas destinadas a comunidades y entidades locales para apoyo a la cultura por valor de 33,4 millones, y otras contempladas para inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios (4,5 millones) y obras en edificios de los servicios centrales. Esos 66,9 millones desviados en total de los presupuestos iniciales superan, por ejemplo, el importe del capítulo dos, el correspondiente a los gastos corrientes en bienes y servicios, que asciende a 56,4 millones. Cultura, mientras tanto, sigue sin abordar la prometida reforma de la sede de Plaza del Rey para eliminar el amianto, por citar una de los muchos asuntos que hay sobre la mesa del ministro. Las prioridades son otras.