La falta de concreción del plan de derechos culturales de Urtasun irrita a las comunidades del PP

La Comunidad de Madrid fue la más beligerante en este sentido. Durante el encuentro, que pese a las divergencias se desarrolló en un tono cordial, según todos los consultados, los representantes de la región lamentaron que Urtasun haya suprimido la Dirección General de Industrias Culturales para hacerle hueco a la nueva Dirección General de Derechos Culturales, a cargo de Jazmín Beirak. Y al término de la conferencia, fuentes del Gobierno madrileño calificaron de «errático y poco consistente» el plan de Urtasun. Madrid no va a colaborar en su puesta en marcha, como ya trasladó la Consejería por carta a Beirak con anterioridad a la sectorial de hoy.

Madrid defiende «una política cultural basada en planes estratégicos que persiguen la captación e impulso del talento, y el fomento de las industrias culturales y creativas, en constante colaboración con el tejido asociativo y empresarial del sector en Madrid y en toda España». A juicio del departamento que dirige el consejero Mariano de Paco, «esta línea de trabajo ha situado a la región como referencia indiscutible del sector a nivel nacional, por lo que se seguirá desarrollando por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que la considera incompatible con los planteamientos esbozados estos meses por el Ministerio de Cultura».

Andalucía también ha expresado sus dudas sobre el plan de Derechos Culturales, aunque ha avanzado que tiene previsto enviar aportaciones al ministerio. «Los derechos culturales ya los tenemos reconocidos. Lo que es necesario es un plan de financiación equitativo. Lo que no podemos entender desde Andalucía es que se hayan dado 80 millones de euros, a razón de 20 al año, a Barcelona por ser capitalidad cultural», afirma la consejera Patricia del Pozo. «Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Es difícilmente comprensible que no se le ofrezca un trato similar no ya a una ciudad andaluza, sino al conjunto de Andalucía», añadió. Del Pozo reivindicó que la comunidad tiene quince patrimonios de la humanidad, y Córdoba cuatro. La consejera también le recordó a Urtasun que el Estado ha adquirido desde 2023 un total de 200 obras de arte, por valor de 14 millones de euros, y ninguna ha ido a parar a museos gestionados por la comunidad autónoma.

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Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de Castilla y León, añade que varias comunidades del PP intervinieron para ir más allá de eso que Urtasun llama 'derechos culturales'. «Hay que defender acciones concretas, para que el reparto territorial sea equitativo. Y son necesarias acciones que vayan a paliar la desaparición de la Dirección de Industrias Culturales, para que se tenga en cuenta también todo lo que va vinculado a la economía de la comunidad». Sancho explica que Jazmín Beirak presentó las líneas generales de su plan, que Urtasun ha descartado desarrollar como ley, como eran sus intenciones iniciales. Este documento, al que ha tenido acceso ABC, no es más que una enumeración de los ejes temáticos del plan con una mínima descripción de cada uno.

La lectura que hace el Ministerio de Cultura es otra. Fuentes del departamento aseguran que ninguna comunidad se ha manifestado en contra y que varias han realizado aportaciones, «en completa sintonía con el plan». Han sido cuatro: Asturias, Murcia, Aragón y Navarra. Es decir, dos del PP. Aragón y Murcia han solicitado prestar atención a cuestiones como estudiar en profundidad el tejido cultural local, la creación de un observatorio de derechos culturales o clarificar conceptos como 'capital cultural'. Baleares y Cantabria, gobernadas por el PP, abogaron por «avanzar» en la redacción de ese texto. Otras fuentes consultadas matizan que Aragón, pese a esta aportación, «ha sido muy beligerante» en su intervención. «A ellos el plan les importa poco –comenta un asistente–. Están muy cabreados con el ministerio por las reclamaciones históricas que tienen, consideran que atentan contra sus derechos culturales». Siguen sin abordarse cuestiones como el Archivo de la Corona de Aragón, los cierres del Museo de Zaragoza o los bienes de Sijena por los que pelea Cataluña. También relacionado con el catalán, Galicia criticó que el grueso de las ayudas al cine hecho en lenguas cooficiales vaya al catalán.

El ministro Urtasun, por su parte, animó a todas las comunidades autónomas a participar en el desarrollo de los derechos culturales, «junto a los diversos agentes del sector y a la ciudadanía». Con este plan, Cultura pretende «garantizar que el conjunto de la ciudadanía pueda acceder y disfrutar de la cultura en condiciones de igualdad, promoviendo la diversidad cultural y protegiendo los derechos de los creadores y profesionales del sector». Actualmente está en marcha un «proceso colaborativo» abierto hasta el 17 de noviembre para que expertos en la rama aporten ideas. Las comunidades autónomas tienen hasta diciembre para remitir sus propias propuestas.

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Otro de los temas abordados fue la organización de Mondiacult 2025, que según Cultura es una cita internacional que situará a España «en el foco global de las políticas culturales y de la reflexión en torno a la cultura». La cita tendrá lugar en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre del próximo año. El propósito del ministerio es «dar contenido a un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) propio para la cultura», que «integre una mirada sobre el plurilingüismo». En Mondiacult 2025 se dará continuidad a los temas tratados en la cita de 2022, en México: los derechos culturales, la cultura y la inteligencia artificial y la cultura de la paz.