Se estrecha el cerco al robo arqueológico con detectores de metal

En la misma provincia de Cáceres, la Guardia Civil recuperó hace apenas un año otras 2.500 piezas arqueológicas, en su mayoría monedas romanas acuñadas en la ciudad celtíbera de Tamusia, y desmanteló el grupo criminal que las había expoliado en yacimientos de la provincia con detectores de metales. Fue uno de los golpes enmarcados en la operación Pandora IX, una redada internacional contra el expolio llevada a cabo en 2024 en 23 países europeos y que se saldó con 80 detenciones, 37. 727 piezas incautadas y 69 detectores de metales confiscados. Una evidencia, a juicio de Europol, de «la persistente amenaza de saqueo a los sitios culturales» con estos aparatos.

Noticia Relacionada

Golpe al expolio en Europa con 80 detenciones y más de 37.700 piezas recuperadas

ABC

La Guardia Civil ha coordinado la operación Pandora IX, que pone de manifiesto «la persistente amenaza de saqueo a los sitios culturales»

«España ha sido un país profundamente afectado por esta plaga», señala Ignacio Rodríguez Temiño, arqueólogo de la Junta de Andalucía y presidente de la asociación Némesis, que investiga el expolio y el tráfico ilícito. Habla en pasado porque, aunque nuestro país fue uno de los primeros en Europa en que se extendió el uso de detectores desde finales de los años 70, sobre todo en Andalucía y Extremadura, cree que gracias a la presión policial y administrativa hoy 'España no es país para el detectorismo furtivo'. Así ha titulado un artículo que firma junto a su colega Jaime Almansa en el 'International Journal of Cultural Property'. Las medidas adoptadas en las últimas tres décadas de lucha contra este tipo de expolio, conocido como «de baja intensidad», «pueden servir de ejemplo para otras naciones que enfrentan desafíos similares», defienden. Simon Mackenzie, profesor de Criminología en la Universidad Victoria de Wellington, también destaca la eficacia de medios empleados en España frente al modelo liberal anglosajón en su último artículo sobre saqueo y tráfico de antigüedades.

«No significa que aquí no se expolie, claro que se expolia», subraya Rodríguez Temiño. No existen datos oficiales, pero el presidente de Némesis estima en unos 4.000 los detectoristas en activo en España y entre ellos, en unos 400 o 500 los depredadores más dañinos para el patrimonio. Otros, como el arqueólogo Francisco Romeo, jefe de la sección de Prevención del Patrimonio Cultural en el Gobierno de Aragón, cree que son «muchísimos más» porque «se venden unos 15.000 detectores al año». «Mi cifra anda por unos 16.000», coincide con él Francisco Javier Matas, detectorista que colabora en proyectos arqueológicos «desde hace 20 años».

Los expertos consultados distinguen tres categorías entre los piteros que Romeo bautiza como en la película de Sergio Leone: los buenos, los feos y los malos. Entre los primeros sitúan a los aficionados que cumplen la normativa (o los ignorantes de las leyes que al ser advertidos de los estragos que causan al cavar sin conocimientos arqueológicos lo dejan). El grupo más numeroso lo forman los 'coleccionistas' que no comercian con las piezas que encuentran, pero se las quedan. Y por último están los criminales, miembros de redes de expolio y tráfico de antigüedades, que planean sus golpes en los yacimientos. El daño que causan es exponencial, según su tipo, y «muy real y tremendo» en el caso de estos últimos, según Romeo.

«Ahora se busca reventar tumbas para sacar piezas de ajuar. El estrato cultural más castigado por el expolio es el mundo funerario romano»«, indica Rodríguez Temiño, que colabora con la Guardia Civil en la catalogación de colecciones incautadas. En ellas, este experto constata cada vez más falsificaciones, una señal de que a los detectoristas furtivos «no les sale tan rentable salir al campo» por el temor a ser detenidos.

Las medidas policiales y las multas a los expoliadores, unidas a una mayor sensibilidad de la población, están dando resultados. Ahora, un proyecto i+D+i, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y enmarcado en la colaboración entre la asociación Némesis y el Cretus de la Universidad de Santiago de Compostela, podría estrechar aún más el cerco sobre estos depredadores del patrimonio. Analistas de este centro de investigación en tecnologías ambientales están investigando poblaciones de microorganismos que perviven en cerámicas recuperadas en yacimientos. Intentan averiguar si es posible determinar cuándo fueron desenterradas y dónde. «Estamos haciendo los primeros análisis, buscando nuevas aproximaciones para tratar de establecer ese reloj que nos indique cuándo salieron las piezas de su contexto arqueológico, pero hasta después del verano no empezaremos a tener resultados», indica con prudencia Almansa, que lidera esta prometedora línea de investigación. «Para el tema del expolio, podría ser una prueba pericial como fue el ADN para el crimen violento» estima.

Para su colega Rodríguez Temiño, sería «una prueba que será difícil de contravenir en un juzgado». «Puede acabar con una situación contra la que es muy difícil luchar», coincide la jurista Ana Yáñez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, que se muestra «muy esperanzada». En los procesos judiciales, explica, «es muy importante determinar cuándo han salido los objetos de la tierra y el mar» porque «los delitos prescriben», recuerda. Si no se puede saber con certeza cuándo llegaron unas piezas a la casa de un acusado, la presunción de inocencia lógicamente prevalece.

Yáñez recuerda sonoras investigaciones policiales, como la operación Tertis, probablemente la mayor contra el expolio llevada a cabo en España, en la que 53 personas fueron imputadas y se confiscaron más de 300.000 piezas. «No se pudo probar el origen ilegal de las piezas ni el momento en que habían salido y toda una serie de elementos que necesitan los jueces para poder condenar a alguien». El caso fue archivado y las piezas, devueltas.

El guardia civil retirado José Antonio Guasch, que participó en esta y otras importantes operaciones, cuenta cómo cambiaron sus métodos de investigación. De arrestar a los últimos poseedores de las piezas, pasaron a identificar primero a los expoliadores y a seguir después a sus intermediarios hasta llegar a los destinatarios. «Lo aprendimos recibiendo collejas de los juzgados», dice. Así se logró la primera condena en 2015 con la operación Badia, llevada a cabo en Extremadura. Diez procesados fueron condenados por 16 delitos, se recuperaron unos 7.000 bienes y se intervinieron 11 detectores. Los daños en los yacimientos fueron valorados en 127.564 euros. Desde entonces, «las cosas han cambiado y a mejor», considera Guasch.

En su opinión, sería «un bombazo tremendo» que se pudiera determinar cuándo y de dónde se ha extraído una pieza. «Sería clave para luchar contra el expolio porque todos esos argumentos que utilizan siempre de que esto lo tengo en casa desde hace 80 años o lo heredé de mi bisabuelo se derrumbarían», dice este agente retirado, que sospecha de todo el que tiene un detector. «Son legales, pero si un paisano compra un detector que cuesta mil y pico euros, ¿para qué lo quiere?¿Para qué compra alguien un aparato que discrimina el oro y la plata o que busca huecos? Pues para eso. ¿Y qué va a hacer si encuentra algo? Colgarlo en internet y si es un tesorillo, llamar a alguno para que le busque un buen cliente».

Joan Carles Alay lleva años estudiando el 'arqueofurtivismo', término que ha acuñado para referirse a este tipo de expolio, y constata que «el 95% de los arqueofurtivos lleva detectores». Este experto elabora protocolos para que arqueólogos y policías sepan cómo actuar ante una excavación ilegal y puedan aportar la mayor información posible en una denuncia. Desde su experiencia, aboga por prohibir su uso hasta en playas y alta montaña: «Que los aficionados practiquen en lugares autorizados donde se haya constatado que no hay restos arqueológicos y que los mejores colaboren en yacimientos cuando los arqueólogos lo precisen y bajo su vigilancia».

Noticia Relacionada

Denuncian a un detectorista por apropiarse de casi 1.800 proyectiles de la Tercera Guerra Carlista

ABC

El detectorista Francisco Javier Matas, al que le fue concedida la medalla al mérito policial con distintivo blanco por la Brigada del Patrimonio Histórico, abrió camino en esa colaboración con proyectos arqueológicos y ha ido sumando a conocidos en los que confía. «Creo que es el camino ideal para poder practicar tu afición y conocer por qué estaba ahí eso que has encontrado, desde cuándo...», explica.

«El mundo del detector es bastante insano», admite, pero «infinitamente más complejo» de como lo pintan los arqueólogos. Para Matas, «la cuestión no es lo que encuentras, son las sensaciones que tienes en el intervalo de tiempo entre que el detector pita y descubres el elemento por el que se ha activado». «Nos retrotraemos a las ilusiones de nuestra infancia, a esa inquietud de saber qué puedo encontrar», añade este churrero de Granada, que tiene en su casa «unos 12 o 13 detectores» porque empresas distribuidoras le envían equipos para probar.

Él solo incluye en «el lado oscuro» a los que se lucran, «los expoliadores severos, que son los menos y se valen del detector como un atracador de una pistola». A pesar de la destrucción de información valiosa al cavar sin conocimiento, excusa a quienes encuentran una moneda y «terminan quedándosela porque no hay un procedimiento para que declare lo hallado sin que se le censure y se le machaque», dice. Y aunque no lo comparte, lo justifica porque «hay yacimientos que se han destruido con el amparo de la Administración». El detector, recuerda, «tiene un alcance limitado» para buscar «objetos del tamaño de un euro a unos 25 o en el mejor de los casos, 30 centímetros» de profundidad.

El propio Matas denunció en los juzgados el caso de la villa romana de Los Mondragones, destruida en parte por la construcción de un aparcamiento, un gimnasio y un supermercado. «Al final se archivó porque la jueza determinó que no había habido daño al patrimonio», recuerda con tristeza, censurando a los arqueólogos que «no hicieran ni dijeran nada, ni movieran un dedo tampoco para evitar el desastre que se hizo en Cercadillas con la construcción del AVE».

A esto replica Rodríguez Temiño: «El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico detectó que después del arado, el factor de alteración más importante para los yacimientos era el expolio superficial, Mucho más que cualquier obra pública en números absolutos». Y añade el arqueólogo de la Junta que «si por un error o por lo que sea, una carretera o un aeropuerto destruye un yacimiento, está muy mal, pero al menos tiene una utilidad pública. El expolio, no».