«Misivas del terror», ética ante la extorsión

Como señala Sáez de la Fuente, durante un tiempo a pesar de «la contundencia» de determinadas declaraciones públicas, «ciertas instancias políticas aconsejaban pagar y, en todo caso, negociar a la baja la cantidad requerida». Destaca cómo «el empresariado vasco con sus organizaciones al frente, en general afín a los postulados del nacionalismo moderado, ha tratado de situarse al margen de las polémicas políticas -con honrosas, valiosas y valientes excepciones-, producto de una compleja mezcla de cálculo, miedo y cobardía , sentimientos profundamente humanos pero cuestionables y poco productivos». Entre los empresarios que se negaron a ceder al chantaje y que además lo denunciaron, personas como José Legasa Ubiría y José María Korta, asesinados por ETA en 1978 y 2000, y Juan Alcorta, que en 1980 hizo pública su negativa al pago. Excepcional también el empresario Luis Olarra que en los años ochenta desafió a los terroristas. «Les dijo que no solo no iba a pagar una peseta del dinero que le solicitaban, sino que había depositado en una cuenta de Zúrich ese importe que sería abonado a la mafia marsellesa si algo le pasaba a él o a su familia». Bilbao y Etxeberria definen esta actitud como «éticamente negativa» opinando que «la legítima defensa comporta actuaciones que objetivamente son vulneradoras de derechos humanos y trastocan la dinámica cívica de la justicia». Discutible planteamiento dada su insistencia en la incapacidad estatal: ¿debe el ciudadano aceptar que se le niegue el derecho a la vida y a la integridad física si el Estado no lo garantiza?

La legítima defensa es ética aun teniendo difícil encaje jurídico en determinadas circunstancias. De hecho, quienes cedieron al chantaje cometieron delito, si bien reciben de los autores otra calificación ética. Aunque el «deber general» obliga a «no ofrecer apoyos a la acción del violento», esta postura «no es exigible» porque las «circunstancias» convierten en «heroicos» esos actos de resistencia «por los grandes riesgos que implican». Para ellos no fue «incorrecto» ceder al chantaje. Su tesis es cuestionable política y éticamente. Al extender esa lógica a la respuesta cívica de otras víctimas de la violencia de persecución, quienes sí adoptaron esas conductas heroicas sentirán con toda legitimidad que lo que acrecentó el peligro hacia ellos fue que otros cedieran y no secundaran su ejemplaridad. Sáez de la Fuente asegura que «hay que valorar como se merece la que, en principio, es la mejor respuesta: no ceder al chantaje y denunciarlo a la policía e incluso públicamente ».

¿Pero se puede valorar a quienes se resistieron al chantaje como se merecen si se ignora que lo éticamente correcto fue no ceder, aunque la cesión pudiera parecer comprensible? Probablemente sentirán que cumplir la ley, su civismo, con graves consecuencias personales no ha sido reconocida ni recompensada como es debido. Todo ello incide en la pregunta formulada por los autores: ¿cómo se restituyen los derechos de estas víctimas ?

Imposible satisfacer el derecho a la justicia tras años de impunidad y cuando el cese de ETA ha llegado a costa de la rehabilitación política y social de su entorno que, como señala Sáez de la Fuente, «funcionó como un auténtico poder fáctico». El «entorno político de ETA» participó «en los procesos de chantaje», asumiendo «diversos roles de recaudación y gestión» , existiendo además «un flujo financiero de aquel a la organización terrorista y viceversa». Subraya la «especial responsabilidad» de esa «izquierda abertzale» que «jaleó a los victimarios y legitimó, e incluso contribuyó, a que la dinámica de la extorsión y de las prácticas mafiosas funcionase». Pero la indiferencia que durante años muchos mostraron con la extorsión se reproduce hoy ante la impunidad de quienes se beneficiaron de ella .

Su complicidad queda amortizada con su rehabilitación política y social, como evidencia un ejemplo no recogido en el libro. En 2012, Martín Garitano, entonces diputado general de Guipúzcoa, y durante años uno de los jaleadores de la extorsión etarra, acudió a la entrega de los premios Joxe Mari Korta . Las fuerzas vivas de la política y la sociedad vasca desaprovecharon la oportunidad para denunciar la falta de ética de quien sigue sin condenar el asesinato del empresario vasco.

Bilbao y Etxeberria alertan sobre la «desresponsabilización colectiva» mediante la «abstracción del sujeto» (el pueblo, la sociedad, el Estado), incurriendo en ella en ocasiones. Así lo hacen al subrayar que «el Estado fracasó mayormente en su obligación de proteger a los ciudadanos extorsionados», sin distinguir los distintos niveles de organización estatales y, en consecuencia, sus diferentes responsabilidades pues no son equiparables incapacidad y dejación. Por ejemplo, aunque no se menciona, la Hacienda foral vizcaína permitió desgravar el pago de la extorsión . Aunque destacan la ausencia de solidaridad, con excepciones, de las asociaciones empresariales eluden un análisis profundo de los sindicatos nacionalistas, decisivos en la trama mafiosa.