Cultura construyó fuera de la ley el despacho libre de amianto del ministro

Todo comenzó el 31 de agosto de 2019. Ese día se produjo un desprendimiento parcial de un falso techo en la planta quinta del edificio, construido en el solar del antiguo Teatro Circo Price. Seis meses después, en febrero de 2020, ya con Uribes al frente del departamento, Cultura declaró la emergencia de las obras de demolición de falsos techos en la planta quinta y también en la segunda. En esta, donde se ubicaba entonces el despacho del ministro, se habían detectado una serie de fisuras peligrosas. La empresa adjudicataria fue Tedecon, por importe de 607.740,57 euros, para unos trabajos que debían durar cinco meses. Cuando comenzaron las obras, en marzo, se constató la presencia de fibrocemento (amianto) en el recubrimiento de los parámetros en zonas de ventana de la planta quinta. El amianto, muy utilizado en construcciones en los años 70 y 90, es una sustancia tóxica que si entra en contacto con las personas puede llegar a producir enfermedades respiratorias o incluso cáncer. Estaba presente en las seis plantas y en un sótano del edificio anexo.

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El inicio de las obras coincidió con la declaración del estado de alarma por el Covid. Se reanudaron en mayo y se entregaron en febrero de 2021. Cuando en el segundo semestre del año se retomó el trabajo presencial, los trabajadores se encontraron con que la segunda planta estaba inutilizable, con los techos levantados, y que el espacio en el que antes había una cafetería con servicio de comedor había sido sustituido por una pequeña sala para calentar la comida y nuevos despachos: los del ministro, que ya era Iceta, del ex secretario general y oficinas para sus respectivos gabinetes y el equipo de comunicación. Los trabajadores recogieron firmas en protesta por la supresión de la antigua cafetería y los sindicatos convocaron concentraciones exigiendo la reforma integral del edificio bajo el grito «¡amianto fuera ya!».

Tres años después, todo sigue igual en Plaza del Rey: la segunda planta sigue cerrada y el amianto sin retirar. Cultura siempre sostuvo que no hay ningún riesgo de contaminación, como van demostrando los análisis periódicos que se realizan. Iceta, para exculparse de la polémica del despacho, dijo que él se limitó a ocupar el espacio en el que ya trabajó el ministro anterior, Uribes. Y explicó que las obras se quedaron a medias porque «se iniciaron por parte de una empresa que quebró». Mentía. Lo que ocurrió en realidad es que esa adjudicataria, Tedecon, realizó unas obras que no se correspondían con los trabajos de emergencia contratados con el visto bueno del Ministerio de Cultura, no se cumplieron los plazos previstos y el importe total a abonar pasó de 607.740,57 euros a 1.290.390,95 euros. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitió una opinión desfavorable y se inició un litigio que implicó informes de la Abogacía del Estado, denuncias ante la Justicia y la emisión de hasta dos dictámenes del Consejo de Estado instando a Urtasun a elevar al Consejo de Ministros la «nulidad de pleno derecho de las actuaciones» y pagar a la contratista 657.425,06 euros más intereses de demora por el sobrecoste de sus trabajos.

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El Consejo de Estado, en su primer dictamen, de junio de 2023, esgrime que las obras adicionales hechas en el ministerio -las que implicaron la remodelación de la planta quinta para «terrazas, despachos, aseos, sala polivalente y sustitución de tabiques»- se ejecutaron sin haberse seguido los procedimientos de licitación necesarios, «un incumplimiento del que derivó la ejecución por parte de la contratista» de tales obras «con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». El sobrecoste de más del 50 por ciento impidió aprobar una modificación del contrato, que es posible hacer cuando hay alteraciones de este tipo. Al no haberse observado las reglas ordinarias de contratación, «procede declarar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones indicadas», sostiene el Consejo de Estado, y como consecuencia «es preciso resarcir a la contratista por los trabajos realizados, a fin de evitar un enriquecimiento injusto de la Administración contratante».

En el cálculo de la cantidad a recibir por parte de Tedecon, el Consejo de Estado excluye el beneficio industrial, del 6 por ciento, en tanto que «la empresa contratista pudiera no ser del todo ajena a la irregularidad que se ha producido» y no debe beneficiarse de ella como si fuera una aplicación ordinaria del contrato: «Es una contratista habitual del sector público conocedora de que una prestación contractual no puede ejecutarse sin título habilitante». El Consejo de Estado se reafirmó en un segundo dictamen, emitido el 26 de septiembre, en que la competencia para declarar la nulidad de pleno derecho le correspondía al Consejo de Ministros. Esto es lo que elevará mañana Urtasun a la reunión del Gabinete. El texto, que subraya las vulneraciones de la contratista, recoge también la doctrina del Consejo de Estado que implica a Cultura por su papel en «el seguimiento de dichas obras y su validación o certificación».

Actualmente, el ministerio busca una empresa que elabore un plan director para abordar una reparación integral de la sede. «Una premisa básica de la intervención proyectada es que, de ser posible, se pretende acometer la renovación completa del edificio sin abandonarlo para su rehabilitación, combinando las oportunidades que nos ofrecen las alternativas de teletrabajo con la existencia de partes del edificio desocupadas temporalmente, lo que posibilita la ejecución de la actuación por fases». La licitación tiene un valor de 1.253.560 euros.

Mientras comienzan las obras definitivas, algo que irá para largo porque serán necesarias más licitaciones, Urtasun aprobará una declaración de emergencia para reformar la fachada de la sede de Plaza del Rey. ¿El motivo? En la madrugada del 12 al 13 de septiembre cayó un trozo de aplacado de piedra natural del revestimiento de la fachada. De manera urgente, el ministerio ha encargado a la empresa Lía Rehabilitaciones la instalación de medidas preventivas, con la colocación de viseras, y la sustitución de las piedras con riesgo de desprendimiento. Los trabajos durarán seis meses y costarán 600.000 euros.