El consenso del Estatuto del Artista salta por los aires tras un nuevo decretazo del Gobierno

Partido Popular -que estuvo en la génesis del Estatuto del Artista- y Vox se abstuvieron con el argumento de que este nuevo decretazo, y ya van más de noventa en esta legislatura, no está justificado. Según Mario Garcés, del PP, el Ejecutivo ha hecho «una perversión del uso del real decreto ley», una vía pensada para casos de extraordinaria y urgente necesidad: «Hay medidas que van a entrar en vigor en septiembre de 2023. ¿Cómo es posible que se utilice esta urgencia?». Juan José Aizcorbe, de Vox, lo calificó de fraude, pues el real decreto «mezcla medidas que pueden parecer parcialmente positivas, como las relacionadas con los artistas, con otras inaceptables».

El real decreto, además de las medidas relativas al Estatuto del Artista -una prestación por desempleo para los trabajadores de la cultura, la compatibilidad de la pensión de jubilación con cualquier actividad artística y una cotización reducida para los autónomos con ingresos bajos-, incluye bonificaciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencias sexuales o personas en situación de exclusión social. Otros partidos como PNV o Cs, que sí apoyaron las medidas, también censuraron el abuso del decretazo.

La iniciativa salió adelante con 200 síes y 146 abstenciones. Una segunda votación para tramitar estas medidas como proyecto de ley y que así puedan ser modificadas salió adelante con 344 síes de los 346 diputados presentes. El Gobierno presume de que 46 de las 57 medidas del Estatuto del Artista ya están «acordadas o en proceso de acuerdo», pero las efectivamente aprobadas se reducen a la mitad. El Consejo de Ministros aprobó hoy otro punto que consiste en reducir el IRPF a los artistas sujetos a una relación laboral especial y a los autónomos.

La semana pasada, Gobierno y PP chocaron por este tema en un acto al que acudieron representantes del sector para celebrar este último bloque de medidas aprobadas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como el ministro de Cultura, Miquel Iceta, pidieron dejar a un lado «intereses partidistas para una tarea común», después de que el PP avanzara su intención de llevar al Tribunal Constitucional el decreto al apreciar «mimbres de inconstitucionalidad». El Grupo Popular considera que Sánchez abusa de la figura del decretazo para ahorrarse informes de órganos consultivos y ahorrarse la negociación de enmiendas con la oposición.