Colombia se compromete a reformar la ley que aún permite operar a los cazatesoros y comercializar piezas arqueológicas

En su despedida del simposio 'Perspectivas y desafíos en investigación del hallazgo del Galeón San José', que ha reunido en Cartagena de Indias a expertos internacionales, Correa ha querido salir al paso de las sospechas que se ciernen sobre los planes del gobierno de Gustavo Petro en el naufragio de este barco español hundido en 1708 cerca de las islas del Rosario con 600 personas a bordo y un valioso cargamento de oro y plata.

Según el ministro, el ejecutivo no tiene «voluntad de esconder decretos en los despachos, de decir mentiras, de tener planes secretos para mercantilizar un patrimonio arqueológico».

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«En mi despacho no se esconden decretos. Este ministro no esconde decretos», ha insistido Correa, advirtiendo a los recelosos con que el simposio fuera solo un gesto para avalar decisiones ya tomadas sobre el galeón: «Estamos cansados de sentir que cualquier forma de generosidad, de abrir el espacio a lo público, a lo interinstitucional, a la colaboración, a la generosidad, a escuchar a los pueblos indígenas, a escuchar a los gobiernos como el español, a escuchar a los críticos, a las universidades, a los expertos, siga poniéndose como si estuviéramos tratando de legitimar algo que no está bien hecho».

El patrimonio cultural sumergido es «exclusivamente de la nación y tiene carácter inalienable, imprescriptible e inembargable» y «esa es una premisa irrefutable para este gobierno», ha remarcado en respuesta a la intervención de Juan Guillermo Martín, representante de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido (RUPCS).

El arqueólogo y profesor de la Universidad del Norte expuso en la jornada de ayer las carencias e incongruencias legales que diversos académicos de universidades colombianas han detectado en el proceso «poco transparente» y en el Plan de Manejo Arqueológico sobre el galeón San José, que han reunido en un comunicado hecho público hoy.

Martín denunció que el conocido cazatesoros Roger Dooley se reuniera con Petro y que «gente involucrada» en el proyecto con la empresa MACS del expresidente Juan Manuel Santos «haya terminado contratada por el gobierno actual». Por eso pidió al gobierno que «se desmarque de cualquier proceso de mercantilización» y resaltó que la citada ley 1675 de 2013 aún permite a los cazatesoros operar en Colombia.

Tras escuchar este viernes al ministro Correa, Martín ha valorado que el anuncio de la derogatoria de dicha legislación «es una respuesta a las demandas que desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, se han venido haciendo desde 2018».

«Confiamos en que le dé trámite y se haga efectivo ese cambio fundamental en nuestra legislación, cerrándole la puerta, definitivamente, a los cazatesoros«, ha añadido este especialista que, sin embargo, se ha mostrado sorprendido de que el antropólogo Ernesto Montenegro, actual asesor de la Dirección de Patrimonio y Memoria y director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) durante el gobierno de Santos, fuera quien presentara en el congreso el 'Proyecto de investigación de aguas profundas. Galeón San José'.

«Es increíble que quien facilitó el trámite de la Ley 1675, sin experiencia alguna en arqueología, resulte ser el director de este proyecto», ha resaltado Martín. A su juicio, «sabiendo la importancia de este proyecto, el gobierno toma una decisión equivocada».

Montenegro reveló la existencia de ocho equipos de trabajo (uno directivo y otros siete equipos de operación, tecnología, prospección y caracterización, registro, materiales, monitoreo y seguridad del BIC y divulgación científica), aunque no detalló los integrantes de los mismos, ni siquiera de la dirección. Tampoco señaló qué materiales prevén recoger en la campaña de 2024, donde se ampliarán las prospecciones en el sitio.

Según la directora del ICANH, Alhena Caicedo, el principal objetivo para este año es declarar el galeón San José «Área Arqueológica Protegida».

El gobierno español, a través del embajador Joaquín Aristegui, propuso a Colombia la elaboración de «un acuerdo bilateral de colaboración» que podría contar con el apoyo de «las organizaciones internacionales especializadas en la materia, como la Unesco, para crear un nuevo referente, un nuevo paradigma en materia de protección del patrimonio subacuático».