Borrón y cuenta nueva

Con esta decisión, el Tribunal europeo ha puesto al Gobierno español a trabajar de nuevo para encontrar una fórmula que contente a todos. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, lejos de considerar la sentencia como un fracaso la ha calificado de «histórica», aunque ha reconocido que habrá que buscar «otras alternativas». Mientras, las partes implicadas tiran desde las distintas esquinas de la sentencia para llevarla a su terreno.

Ni devolución de lo ya ingresado —como han pedido algunos ayuntamientos y la Asociación de Internautas— ni disminución de la compensación para los titulares de derechos por el uso de la copia privada. Eso es lo que tienen claro las entidades de gestión de derechos después de la sentencia del TJUE, «que es interpretativa y no creo que a todos los países les pidan que sea de carácter retroactivo», afirma Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión. Tras subrayar que en la sentencia no se dice en ningún momento «que el canon digital es ilegal, tan solo que es indiscriminado», matiza que en ella tampoco aparece reflejado que «la compensación de los titulares tenga que disminuir». Pero ¿quién deberá abonar ahora el dinero que las entidades de gestión dejarán de percibir de las empresas y los profesionales? Son muchas las especulaciones que han aparecido en los últimos días referidas a cómo afectaría a sus ingresos —en el caso de Cedro podría suponer un 90%, frente a un 40% para la SGAE, según apuntan algunas fuentes—. Sánchez se muestra sorprendido ante estos datos. «Si no lo sabemos nosotros cómo lo van a saber los demás. Desconocemos qué uso final se le da a las unidades que se venden, si es a personas jurídicas o físicas». En su opinión, la solución estriba en «buscar compatibilizar el dinero que no ingresen las empresas para que se mantenga el dinero que hay que compensar. La Comisión de Cultura —añade— ya dijo que había que buscar una fórmula para que los fabricantes e importadores asumieran parte de la compensación por copia privada».

En la Administración saben que la sentencia del TJUE va a cambiar las cosas. Fuentes gubernamentales muestran tranquilidad por el hecho de que la sentencia reconoce la legalidad del canon digital, aunque establezca excepciones que ya estaban apuntadas en el artículo 25.7.b de la ley de Propiedad Intelectual. Pero lo cierto es que el dictamen del Tribunal europeo obliga a las entidades, los usuarios y al sector empresarial implicado a renegociar el estatus que sostenía el canon digital en España. La Administración tendrá que promover este diálogo pero también hará saber a las partes que si no se logra el consenso el sistema puede colapsarse, con lo que las industrias culturales españolas pasarían por momentos difíciles.

En el Gobierno se subraya la compensación por copia privada como única manera sostenible de fomentarlas, y ve esta nueva situación como una oportunidad para construir de un modo sólido y duradero un nuevo consenso al respecto. Ante la tesitura de que las entidades de gestión no quieran renunciar a la parte de recaudación que la nueva situación les arrebata, es claro: las entidades tendrán lo que les corresponda y no el total de sus aspiraciones. No en vano invocan modelos como el noruego o el austriaco, en los que el dinero público sostiene el sistema o donde existe una única entidad que gestiona todos los casos. En España es imposible pensar en que el Estado se haga cargo del canon y desde luego la ventanilla única es la gran asignatura pendiente de la SGAE, que la asumió como proyecto hace una década y no ha sido capaz de ponerla en práctica. ¿Por qué?

Para el portavoz de Cultura del Partido Popular en el Congreso, José María Lasalle, la sentencia del TJUE es una confirmación «de nuestra tesis que critica la existencia de un modelo de canon indiscriminado», pero, añade, ha desencadenado «una gran incertidumbre jurídica porque el Gobierno tiene que aclarar cual es el régimen jurídico que se va a utilizar después de que la TJUE anulara la aplicación del canon a empresas y profesionales. La anulación de la ley aprobada en 2007 requerirá una reformulación porque el Tribunal insiste en la adaptación de la Administración española a la política europea». En cuanto a los Tribunales españoles, cree que son ellos «los que deberán dilucidar las posibles reclamaciones que puedan plantear los afectados por un cobro indebido del canon».

Afirma además que es precisa la reelaboración de una nueva Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al escenario digital en el que hoy se proyectan los derechos de propiedad intelectual. «No tiene sentido que sigamos funcionando con una ley con un marcado carácter analógico como es la LPI vigente, necesita una adecuación a los nuevos retos».