La Audiencia Nacional cierra sin juzgar el 'caso Rueda', el escándalo que puso en jaque a la SGAE

El auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso ABC, tiene en cuenta la petición del Ministerio Fiscal, que se pronunció a favor del sobreseimiento provisional y archivo de la causa, y levanta todas las limitaciones que pesaban sobre los imputados. Entre ellos, nombres como José Miguel Fernández Sastrón, que presidió la entidad entre 2016 y 2018, y algunos autores muy críticos con la dirección actual. Es el caso de Rafael de Tena, que en los últimos años se ha personado en varios procedimientos contra la junta directiva de la SGAE; el último, una supuesta falsificación de votos en cuatro asambleas celebradas entre 2020 y 2021. De Tena ha estado seis años con los bienes embargados por el caso Rueda. Entre las catorce televisiones figuraban Mediaset, Atresmedia y varios canales autonómicos.

El 'caso Rueda', que siguió a otras investigaciones judiciales que provocaron la caída del poderoso Teddy Bautista al frente de la SGAE (y que también quedaron en nada), se inició en 2016. Varias asociaciones denunciaron la existencia de un grupo de socios que desde hacía una década estaban generando ingresos millonarios por la emisión en televisión, en horario nocturno, de obras que registraban como si fueran originales, pero que en realidad eran mínimas modificaciones de obras de dominio público. Esta música se emitía de fondo en programas de tarot o musicales que se programaban de madrugada. Muchas veces esa música era imperceptible. La franja nocturna, gracias a este sistema, llegó a suponer el 50 por ciento de la recaudación de la SGAE por la música emitida en televisión cuando solo llegaban al 1 por ciento de la audiencia.

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Según detalla el auto del juez Moreno, el fraude investigado ascendía a al menos 100 millones de euros entre los años 2006 y 2011. Los beneficiados habrían sido los autores que participaron de este sistema, que en dicha etapa pasaron a generar un volumen de obras e ingresos que no habían acreditado hasta entonces, y también las televisiones, que se quedaban con un 50 por ciento de la propiedad intelectual. De este modo, las editoras recuperaban en concepto de derechos de autor buena parte del dinero que pagaban a la SGAE por usar su repertorio, «obteniendo una fuente de financiación sin coste alguno». Hubo una tercera derivada, y es que los que se beneficiaban de esta 'rueda', al generar más ingresos, consiguieron más poder en la junta directiva para perpetuar el sistema.

Esta tormenta perfecta provocó una crisis sin precedentes en la SGAE, con la elección de varios presidentes que apenas duraron un año, la amenaza de suspensión por parte del Gobierno y la expulsión de los organismos internacionales. La Audiencia Nacional concluye ahora que «del conjunto de las pruebas practicadas, declaraciones, testificales, documentales, periciales, etc. no existen indicios suficientes que acrediten que los investigados han incurrido en las conductas constitutivas de los delitos penales que le son imputados»; esto es, delitos contra la propiedad intelectual, de pertenencia a organización criminal y de falsedad. El juez Moreno no ha incluido en su auto ninguna reparación para la reputación de los investigados.

El último lío interno de la SGAE –o uno de los últimos, porque nunca hay paz en esta entidad– tuvo que ver con la modificación del sistema de reparto. Fue en febrero de 2022, cuando la dirección llevó a la asamblea un nuevo modelo de reparto por la música emitida en televisión que tenía en cuenta, exclusivamente, el volumen de audiencia y la inversión publicitaria. Este sistema, que fue aprobado, beneficiaba a las multinacionales, que tienen mayoría en el órgano de gobierno de la SGAE, y perjudicaba a los autores. Antonio Onetti, actual presidente de la SGAE, defendió que no hacían otra cosa que cumplir las indicaciones del Ministerio de Cultura y recordó que «en la televisión se han producido una serie de fenómenos particulares que han hecho que parezca normal lo que no es normal».