Abren una investigación al expresidente colombiano Juan Manuel Santos por presunto saqueo en el galeón San José

Francisco Muñoz, director de la Veeduría, ha manifestado en una nota su «satisfacción» por el inicio de esta investigación preliminar contra Santos y por el traslado de su denuncia a la Fiscalía para que inicie la respectiva indagación penal sobre los demás demandados carentes de fuero entre los que figuran la exministra Mariana Garcés, el asesor jurídico del Ministerio de Cultura en la época, Juan Manuel Vargas, el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) Ernesto Montenegro, el arqueólogo Carlos del Cairo o el contraalmirante Pablo Emilio Romero, antiguo responsable de la Dirección General Marítima, así como representantes de la empresa cazatesoros MACS.

Algunos de los demandados son miembros del actual equipo formado desde el ministerio de Cultura, el ICANH y la Armada que intervendrá esta primavera en el pecio, según anunció el ministro de las Culturas Juan David Correa.

Desde la Veeduría se insta al gobierno de Gustavo Petro a que «detenga de manera inmediata la proyectada intervención» en el galeón San José y espere a que finalicen las inspecciones judiciales en el yacimiento subacuático «ya que ese pecio es la escena de un presunto acto criminal, y su alteración podría interpretarse como un evidente intento de encubrimiento de los responsables».

«Los colombianos confiamos plenamente en la imparcialidad y diligencia del doctor Wadith Alberto Manzur Imbett, presidente de la Comisión de Acusaciones, así como en la de la doctora Luz Adriana Camargo Garzón, nuestra nueva Fiscal General de la Nación, quienes con toda seguridad llevarán a cabo diligentemente las investigaciones pertinentes», subraya Muñoz, esperanzado en que «una investigación seria, pública, profunda y transparente» garantice la justicia y la protección del patrimonio cultural sumergido.

El veedor colombiano ha sido citado el 18 de abril por la Comisión de Acusaciones de la Cámara para ampliar o ratificar la denuncia penal que presentó el 21 de enero de 2021 ante la Fiscalía General por la «violación del contexto arqueológico del galeón San José, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, favorecimiento, conspiración y prevaricato por omisión».

Días después la Fiscalía dio traslado por competencia a la Comisión de Acusaciones por ser uno de los demandados el expresidente Santos y, según denuncia la Veeduría, «cerró de manera ilegal la indagación penal en la Fiscalía, dejando indemnes a los demás involucrados carentes de fuero».

El 30 de noviembre de 2023 la Veeduría presentó una acción de tutela para que se protegiera su derecho al debido proceso y el 13 de diciembre del pasado año el Tribunal Superior de Cartagena de Indias ordenó a la Comisión de Acusación del Congreso que procediera a estudiar la denuncia y verificara qué denunciados contaban con fuero y cuáles no, para que cada organismo competente siguiera con la investigación en cada caso, tal como finalmente se ha hecho.

Varios expertos ya denunciaron en ABC en 2015 que el yacimiento de este buque de Estado español hundido por los ingleses en 1708 frente a Cartagena de Indias había sido intervenido, pues las fotografías difundidas reflejaban una retirada de sedimentos. En 2020, el arqueólogo Rodrigo Pacheco, investigador de la Universidad de Southampton, comparó las imágenes de 2015 con las realizadas supuestamente en 2016 y divulgadas en 2018 y también defendió que el pecio había sido objeto de intrusión.

Otros arqueólogos discrepan, sin embargo, con sus colegas y el Gobierno colombiano ha negado siempre que en las actuaciones de la Armada se haya intervenido en el galeón San José, declarado Bien de Interés Cultural en 2019. Tal vez con esta investigación salgan a la luz los informes de 2015 y 2016 de la empresa cazatesoros MAC que aclaren el debate.