Rita Barberá muestra un resumen del estudio de Santiago Muñoz Machado - mikel ponce

Valencia lleva a Sinde ante el Supremo por paralizar el plan de El Cabanyal

La declaración ministerial de expolio es «ilegal y arbitraria», según un informe

M. CONEJOS / M. MOREIRA
VALENCIA Actualizado:

El conflicto entre el Gobierno y la Comunidad Valenciana por la paralización del plan especial de reforma del barrio de El Cabanyal de Valencia por parte del Ministerio de Cultura continúa abismándose. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, anunció ayer la presentación ante el Tribunal Supremo de una querella contra la ministra Ángeles González-Sinde, por firmar en enero del pasado año la orden de paralización del planeamiento urbano «a sabiendas de su injusticia». Las obras permanecen suspendidas desde abril de 2010.

La decisión está fundamentanda en las conclusiones del dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado, en el que se determina que la orden ministerial CLU/3631/2009 es «arbitraria» y hace uso de una «desviación de poder con la voluntad de torcer la aplicación de la Ley para obtener fines no pretendidos por la norma». El informe remarca especialmente que «nunca antes de esta orden» el Ministerio de Cultura había hecho una declaración de expolio. Insiste, además, en que la orden contiene un «vicio de nulidad», ya que, razona, no puede producirse expolio en un bien protegido por la legislación urbanística y de patrimonio cultural autonómico.

Un barrio singular

La discutida orden ministerial hace suyos los argumentos de quienes consideran que la apertura de una avenida a través del Cabanyal rompería de forma irreversible su integridad desde un punto de vista tanto etnográfico como arquitectónico. Su trama reticular de casas de dos alturas, construidas en base a una estética antojadiza basada en la interpretación popular de las corrientes arquitectónicas burguesas como el modernismo y el racionalismo, hace de este barrio de pescadores un ejemplo único en su clase. El plan del Ayuntamiento supone derribar 1.651 inmuebles, algunos de los cuales revisten un cierto valor, si no económico, sí patrimonial.

La postura del Ministerio está basada en varios informes técnicos, entre los que destacan los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España o la Real Academia de la Historia.

Por su parte, el Consistorio valenciano enarbola los aportados por sus propios técnicos, así como el de arquitectos como Alejandro Escribano.

Carencia de atribuciones

Santiago Muñoz, que no se adentra en disquisiciones sobre el valor patrimonial del barrio, considera sin embargo que González-Sinde actuó «careciendo de atribuciones para suspender la ejecución del plan especial» y, con su decisión, impidió ejecutar las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales: «nueve sentencias en recursos directos dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia y tres del Supremo».

A la luz de este informe, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno valenciano consideran suficientemente justificada la presentación de una querella por prevaricación contra la ministra, quien, por su parte, reaccionó ayer a la noticia declarando que «cuando una administración recurre a una querella es que no tiene otros argumentos de peso».