Venganzas y plagios: las claves de la guerra abierta en la cúpula de la SGAE por la intervención

El mismo Williams da pistas en conversación con ABC: «Ha tenido un mal comportamiento personal», asegura, en referencia a la reciente Junta en la que votó dos veces con el fin de asegurarse la destitución del secretario general, Carlos López, y... fue descubierto y reconvenido. Por eso Hevia se marchó con cajas destempladas de la reunión gritando «¡que os follen!» antes de amenazar con publicar informaciones confidenciales de algunos...

Clifton Williams está entre los que se sienten amenazados y añade que «le he intentado ayudar en todo lo que podía, pero no conoce los estatutos y no confía en la gente». Como colofón, se lamenta de «la pasta que ha gastado en un despacho de abogados que le aconsejó la denuncia sobre posibles delitos fiscales de socios eminentes [Alejandro Sanz, Sabina y Pau Donés estaban entre ellos] y lo pagó para nada, porque todo quedó en papel mojado . Son cosas muy serias», subraya Williams, que al cierre de esta edición aún busca las 18 firmas necesarias para convocar otra Junta que obligue a Hevia a enfrentarse a una moción de censura.

No teme conspiraciones del viejo poder . Para él «la conspiración es el pan nuestro de cada día en la SGAE. Conozco a [José Miguel Fernández] Sastrón y a Teddy [Bautista], tengo buena relación con todo el mundo. También se dice que [Juan Carlos] Onetti y [Fermín] Cabal habían pactado con Hevia antes de las elecciones. ¿Y qué? Hay que trabajar».

El expresidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, vuelve a estar en los ápices de todo . Su blog echa humo . Habla con poco entusiasmo de la Junta actual, con 14 miembros en entredicho por el «conflicto de intereses» -el cobro excesivo de las televisiones- denunciado por la comisión deontológica. Recuerda que Hevia impugnó ese informe deontológico y después quiso destituir al secretario general, Carlos López, por defenderlo. Pero hay mucho más.

«Me investigaron a mí -reprocha Sastrón- por haber filtrado la recaudación de Hevia, cosa que es falsa: el dictamen sobre él estaba antes de que la nueva Junta se reuniera por primera vez». Se publicó en «El Mundo» que el gaitero había recaudado 1,9 millones gracias a la famosa Rueda de las TV, la trama fraudulenta que ha encumbrado a algunos miembros de la Junta y según se denuncia, ha dado el control de la SGAE a las editoriales de las cadenas , empezando por AtresMedia, según se desprende del sumario de la Audiencia Nacinal contra la Rueda.

Lo cierto es que aquella filtración indignó a Hevia, como es lógico, y «como siempre, tiró p’alante como elefante en una cristalería» (según Williams). El presidente desató una caza de brujas contra el departamento jurídico porque relaciona a su antiguo director, Antonio Martínez Bodi, con el informe de la comisión deontológica (porque había pedido las recaudaciones para valorar el conflicto de intereses). Su directora, Marta Beca, fue sancionada y su ordenador clonado en busca de pruebas. Entonces, según fuentes de la entidad, Hevia debió encontrar el informe sobre las llamadas sociedades cesionarias de los citados socios eminentes (Sanz, Sabina, Donés...) y decidió utilizarlo. Por pura desconfianza no quiso que el departamento jurídico analizase el impacto de ese informe y contrató al despacho Auren , especializado en propiedad intelectual. Auren, que tiene entre sus socios a AtresMedia, acudió al Consejo de Dirección de la SGAE.

Como nota al margen, fuentes internas comentan que en ese momento, uno de los abogados de SGAE, Pedro Letai, el responsable de relaciones internacionales de la entidad, se mostró colaborador con Hevia y, qué coincidencia, alguien filtró a la prensa una denuncia pública por plagio en un libro de aforismos . Pedro Letai, además de poeta y escritor de aforismos, es de formación abogado con un Máster oficial en Propiedad Intelectual. Y , públicamente, es conocido por ser pareja de la modelo Laura Ponte. El abogado declaró a «El Español» que «seguro que el libro contiene frases breves, y sobre todo ideas, que otros hayan podido expresar con anterioridad, de forma igual o parecida. Nada más lejos de mi intención el que sientan que me he apropiado de ellas ». Pero lo cierto es que todos dentro de la entidad entendieron el «recadito», según comentan a ABC miembros de la Junta.

Según Sastrón, Auren cobró por ese informe 78.000 euros y recomendó la denuncia ante la fiscalía de los socios por posibles prácticas ilícitas, que finalmente ha sido desestimada. ABC también ha preguntado a Sastrón por los orígenes de ese informe: «Lo pedí porque el director general me dijo en su día que una cesionaria podría no cumplir todos los parámetros y decidimos investigar. Y al final lo archivamos porque no había motivo. Pero ahora según he sabido nadie aprobó en el Consejo de Dirección que se presentara aquella denuncia contra los socios. No se votó. Quiero saber por escrito quién tomó la decisión sin participación de los servicios jurídicos de la casa. Esto es muy grave».

Sastrón no habla como alguien retirado de la pelea. Se ríe cuando se recuerda que en la última asamblea estuvo muy cercano con Teddy Bautista y se habló de una reunión de ambos con José María Cámara donde se pudo fraguar un pacto.

Así están las cosas cuando el Ministerio de Cultura anunció ayer que ha pedido la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la Audiencia Nacional. Pero el ministro de Cultura, José Guirao, aguó la energía del anuncio al indicar que «si lo hacen [arreglar las cosas] antes de que el juez hable, siempre hay solución , lo que tiene que haber es voluntad. Cuando hemos ido a la Audiencia Nacional es porque no han solucionado lo que hemos requerido. Y desde el 27 de septiembre han tenido tiempo».

Cultura pide tres cosas: que los estatutos se adecúen al vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que se implante el voto electrónico y que el reparto de 2018 sea como dice la misma ley. Guirao ha propuesto al juez que el subsecretario de Cultura, Javier García Fernández , un representante de Hacienda y un magistrado retirado que trabaja en un bufete privado dirijan la entidad intervenida.