La «venganza» de Hevia causa un nuevo incendio en la SGAE

Tras descubrir un informe de septiembre de 2017 , encargado por el expresidente José Miguel Fernández Sastrón, sobre las implicaciones fiscales y jurídicas de este tipo de contratos, se redactó la demanda y se presentó ante la fiscalía con el fin de animarla a una investigación punitiva contra dichos socios. Los nombres no figuraban en la demanda pero todos son autores de Warner Music. «No estamos en condiciones de acusar a nadie, pero sí de presentar la denuncia», dice una portavoz de la SGAE. También confirma que la demanda es de un despacho externo: «Tal vez haya que investigar más adelante responsabilidades en el departamento jurídico o en las actuaciones de las anteriores juntas directivas por estos usos, de ahí que parece mejor que sea así y se haya encargado fuera la demanda», añade la portavoz ( comunicado de la portavoz ).

El comité de dirección recibió la pasada semana, significativamente, la visita de «jóvenes abogados del despacho Auren , especializado en propiedad intelectual y entre cuyos clientes figura AtresMedia», según se dijo tras la reunión, quienes habrían redactado la demanda. Sin embargo, la única firma que aparece al pie del texto presentado ante la Fiscalía , al que ha tenido acceso ABC, es la de la procuradora Rocío Blanco Martínez, que representa a la entidad habitualmente ante los tribunales. Para un músico y crítico, «esta demanda es grotesca: el presidente más apoyado en la Rueda actúa con el despacho que defiende intereses de algunas de las cadenas con más peso en la trama» que investiga la Audiencia Nacional.

Entre los socios denunciados con datos concretos, aunque no mencionados en la demanda, figuran Sabina, Pau Donés, Alejandro Sanz, Dani Martín o Rosario (y se dice que hay listas) . La filtración de nombres al diario «El Mundo» y la identificación de las cantidades con las sociedades de cada uno que aparecen en un cuadro en la demanda «solo puede haber partido de la cúpula que ha manejado la demanda» , según denuncia un indignado socio, y eso es «la gota que colma el vaso para el colectivo». Es decir que la «venganza» sale de dentro. Fuego amigo.

Ayer, Pau Donés, músico que padece cáncer y recientemente se ha retirado, hizo público un comunicado en el que niega las acusaciones: «Me quedo estupefacto. La junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios (...) Dos juntas corruptas en manos de las televisiones privadas expoliando la Sociedad a merced de los intereses de dichas televisiones (La Rueda). (...) Este es un sistema [el de las cesionarias] de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas , en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal. (...) La propia SGAE sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años », añade el artista, que afirma que es una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas más importantes.

Por si fuera poco, el expresidente Fernández Sastrón, que archivó el informe en 2017, escribe en su blog estos días también que la denuncia es «irresponsable» , entre otras lindezas.

Para entender esta nueva batalla conviene echar la vista atrás. La SGAE prohíbe en su reglamento que los autores cedan más del 50% de sus derechos a las editoriales . Por ese motivo, algunos autores decidieron crear, además de su propia editorial, otra sociedad «cesionaria» que administraría el otro 50% de lo que producen sus obras, dando cada uno el fin que ha querido a esas comerciales.

En algunos casos, y solo como administrador de esas cesionarias, una conocida editorial , Warner, gestionaba los derechos siguiendo las indicaciones del autor, que quería una administración profesional, y ese es el motivo por el que aparece el CIF de la editora.

Algunos autores, además, recibían adelantos editoriales sobre los derechos de sus obras , las que más recaudan, y por ello se decidió según consejo del servicio jurídico de la SGAE que fueran esas editoriales -aunque solo administraban- quienes recibieran el pago de derechos de las obras a cuenta de esos adelantos.

Los ingresos tributaron, en todo caso, según los afectados , muchos de los cuales han tenido que regularizar su situación durante los años en los que Hacienda endureció su tolerancia a las empresas pantalla, con Montoro como ministro de Hacienda. Inspecciones y pagos ya han sucedido.

La solución de crear empresas cesionarias fue calificada como «legal aunque algo irregular» por el vicepresidente de la SGAE Luis Felipe Palacios, en 2017 , la época en la que se pidio el informe sobre posibles consecuencias fiscales y jurídicas del sistema. En esa época se desataba en SGAE la «guerra» de Sastrón contra las editoras multinacionales que acabó con su expulsión de la junta directiva y se fraguaba la mayoría en los órganos de poder de la entidad de los autores asociados a los intereses de la Rueda.

Un detalle relevante: se da la circunstancia de que en algunas de estas sociedades, como las que se han filtrado como cesionarias de Sabina, «El Pan de mis Niñas» y «Relatores» , el músico, según ha comprobado ABC en la información mercantil de ambas firmas, no figura ni como socio ni como administrador .

Con más insistencia cada vez se habla de un encuentro en el pasado entre José Miguel Fernández Sastrón, entonces presidente que había apurado sus mandatos; Teddy Bautista, contra el que la SGAE se había personado en la Audiencia Nacional por el caso SAGA, y José María Cámara, amigo personal del último y persona relacionada con la industria discográfica y la producción de espectáculos. En dicho encuentro se pactó, según cuentan destacados miembros de la entidad, que el canario volviera a ser candidato con apoyo de la Rueda de las TV. Para ello SGAE se retiro del caso SAGA, permitiendo así la concurrencia a las elecciones. El rumor es que Sastrón habría podido seguir, en la eventual victoria de Teddy, al frente de la entidad como consejero delegado.

Pero, siguiendo el relato que cuentan en SGAE, ninguno contaban con la derrota que obligó a cambiar los planes pactados. Teddy quedó fuera, el primero de la lista de suplentes, pero sin acceso a la junta directiva. Hubo alguna maniobra para correr el escalafón, pero los intereses de las editoras de las televisiones llevaron a Hevia a la presidencia, cortando el intento.

Esa nueva cofiguración con la junta que tomó posesión el pasado noviembre terminó en el fracaso de la asamblea del pasado 27 de diciembre, donde no se pudieron aprobar los estatutos, lo cual pone a la SGAE bajo la posibilidad de una intervención inminente del Ministerio de Cultura. Hay quien dice que eso es lo que ha llevado ahora a «la venganza contra Warner y sus autores», según eminentes socios de la SGAE, que fueron especialmente críticos en el entorno de aquella asamblea.

El Ministerio, de momento, no se pronuncia, pero sigue atentamente los acontecimientos. Exigió las actas y es consciente de que SGAE no ha cumplido su requerimientos en buena lid, sino con cicatería hacia el voto electrónico y otras demandas. Las espadas siguen en alto, pero si algo supone la «venganza» de Hevia es la constatación de que la entidad no es capaz de regenerarse desde dentro , según alguno de los más lúcidos analistas de la SGAE. Ese sería el problema que si no aboca a la intervención, llevará a la escisión y la entrada de entidades extranjeras o con ánimo de lucro, permitidas por la nueva legislación.