Los vecinos de la Tate Modern llevarán a la Corte Suprema su demanda contra el museo por invasión de la privacidad

La batalla legal continuará en diciembre de este año en la Corte Suprema, dos años después de que los vecinos solicitaran al Tribunal Superior una orden judicial para que la famosa galería de arte moderno acordonara una zona de la plataforma o la cubriera con una pantalla que impidiera las miradas de los curiosos en el interior de las elegantes residencias. Los demandantes, representados por el bufete de abogados Forsters , justificaron su reclamo en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1998. «A menudo se toman fotografías del interior de los apartamentos y de sus ocupantes, y muchas de ellas se suben posteriormente a varias plataformas de redes sociales», señalaron fuentes del bufete. Pese a sus argumentos, perdieron el caso. «Estas propiedades son impresionantes, y sin duda es una gran ventaja que se pueda disfrutar de esas vistas gracias a sus cristaleras, pero eso, en efecto, tiene un precio en términos de privacidad», afirmó uno de los jueces, que instó a los vecinos a poner cortinas o incluso colocar en macetas «plantas altas» para obstaculizar la visión.

El Tribunal de Apelación resolvió en la misma línea, diciendo que desestimó la apelación porque mirar no constituye un delito y explicó en el fallo que «no hay ningún caso en este país en el que un reclamante haya tenido éxito en una reclamación por ser observado por un vecino». El ex director de la Tate, Nicholas Serota , sugirió a los residentes instalar cortinas para evitar a los mirones, que según los abogados de los perjudicados se cuentan por miles y además de tomar imágenes no autorizadas a veces hacen gestos obscenos o utilizan binoculares para cotillear la vida de las familias.

El museo pidió a los guardias de seguridad controlar que la gente no tome fotografías, pero no ha sido suficiente. «Las limitadas medidas adoptadas por la Tate para evitar que los visitantes vean los pisos de mis clientes son ineficaces», manifestó la abogada de la firma, Natasha Rees, que agregó que «tanto mis clientes como sus familias tendrán que seguir viviendo con esta intromisión diaria en su privacidad ». De ahí que la siguiente apelación sea en la Corte Suprema.

La plataforma de 360 grados, que fue inaugurada en el 2016 como parte de la expansión del edificio Blavatnik y que costó uno 260 millones de libras (unos 300 millones de euros), se construyó antes que el edificio, en el que los pisos rondan los cuatro millones de libras y cuyos propietarios aseguran que se sienten «como viviendo en un zoológico».