Temor en el Prado a un desguace de los museos nacionales por Iceta

Oficialmente el museo del Prado se muestra tranquilo frente a esta nueva situación y agradece los 36 millones de euros de dotación presupuestaria que Iceta tiene previsto otorgarle en 2022, pero sí reconoce cierta preocupación a medio plazo . Dentro del museo ayer se hablaba intensamente del problema.

Fuentes no oficiales confirmaban la preocupación que existe en los despachos del Prado sobre el alcance de la política de este ministro en las colecciones. ABC pudo confirmar con personalidades del mundo de la cultura que han hablado con el equipo directivo del museo que el tema preocupa bastante y que están a la espera de que el ministerio pueda aclarar sus planes tras la dimisión de la directora general de bellas artes

El miércoles, Dolores Jiménez-Blanco acudió a una comisión permanente del Patronato del Prado, donde se mantuvo opaca respecto a estos temas, a pesar de que la cúpula del Prado le preguntó por los motivos de su salida, según testimonios recogidos por ABC. La Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo lamentó ayer, en nombre de todo el sector, la dimisión de Jiménez-Blanco , que tendrá que ser tratada el martes en el Consejo de Ministros.

Aunque a muchos les puede parecer algo improbable, hay motivos para la preocupación. El primero es que la reivindicación existe: Málaga va a volver a solicitar el 'regreso' de la Lex Flavia Malacitana, la pieza de bronce en la que están inscritos sus estatutos fundacionales como ciudad romana, que se encuentra en el MAN de Madrid. Así lo ha confirmado a ABC la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Noelia Losada. Petición recurrente, pero esta vez coincide con la crisis de Cultura.

Según la edil malagueña, también sería «emblemático» que el cuadro 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga', pintado por Antonio Gisbert y que alberga el Museo del Prado (el mismo que lo encargó) estuviera en la capital de la Costa del Sol. «Hay elementos significativos para el patrimonio de ciertas ciudades que no pasa nada si están en ellas». Así se expresa Losada, de Ciudadanos, como argumento para justificar una decisión que aún no sabe qué forma tomará. Exactamente las mismas motivaciones que pueden exponer en Elche, en Baza o en cualquier otro municipio que quiera la vuelta de cualquier pieza que, por razones de Estado, se encuentre en un museo de nacional a disposición del público. Y que parece que ahora Iceta está dispuesto a contentar.

Especialistas en el campo jurídico de patrimonio asisten espantados al espectáculo y temen el desmembramiento de los museos nacionales porque no resulta inimaginable con la ley en la mano. El poder estatal lleva mucho tiempo sin ejercer las funciones que le encomienda la ley de Patrimonio, en favor de las legislaciones autonómicas. «Creo que la última vez que vimos al Ministerio corrigiendo una decisión autonómica fue con el barrio del Cabañal en 2009», comenta uno de los grandes especialistas españoles. En realidad, nunca se han utilizado las posibilidades competenciales que otorga la ley de Patrimonio de 1985. Con las últimas iniciativas de Iceta «ya no hablamos de la posibilidad de ejercerlas sino de la existencia de la competencia del Estado, que ya está en cuestión. Eso es lo grave, que las Autonomías creen que el Estado no tiene nada que decir en los temas de cultura de su territorio». El Gobierno central no comparece.

La Constitución otorga en el artículo 149.1.28 competencias contra el expolio, en la defensa del patrimonio, su exportación y, sobre todo, la titularidad de las colecciones y museos estatales. «Quiere decirse -comenta el especialista- que la Constitución 'quiere' que sigan existiendo esos museos, esas colecciones, su redacción implica una garantía de permanencia de estas instituciones». Pero cuando el Gobierno socialista de Zapatero decidió desgajar una parte del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y la decisión fue recurrida, el Tribunal Constitucional «cometió un error devastador al permitir que el Estado pueda modificar mediante una ley ese mandato del artículo 149.1.28». Desde que el TC se pronunció han pasado ocho años y el problema no ha hecho más que acrecentarse. «Tanto que se percibe el Estado sin valladares, sin defensa y cualquier cosa es posible», concluye.

La dirección general de Bellas Artes está cada vez más cuestionada, es prácticamente ya «una oficina de correos de la Unesco, que se dedica a llevar los recados de las comunidades autónomas, con las competencias transferidas».

El Arqueológico fue el primer Museo Nacional de España, creado en 1867 por el Estado Liberal, como museo de la Historia de España, reuniendo los objetos arqueológicos de las diferentes culturas. Detrás del Arqueológico vinieron el resto de museos y hay que decir que incluso el Museo del Prado, que procede de la colección real, recibió los fondos de la desamortización del Convento de la Trinidad, entre otros, lo cual supone casi toda la obra de El Greco para empezar, además de los cuadros de pintura histórica del XIX.

Ahí se enmarca el peligro de las reivindicaciones para el Prado tras abrir el ministro Iceta la caja de pandora. Imposible frenar en ningún punto la reivindicación. Ningún partido político sostiene desde lo autonómico la defensa de lo común que supone el museo nacional. Incluso de la Biblioteca Nacional, el fondo antiguo procede de las desamortizaciones.

«Habiendo una sentencia del TC [otorga titularidad en cuanto Estado a las autonomías] que permite el desmembramiento, cualquier museo nacional podrá ser desprovisto de su núcleo esencial. La idea de comunidad como suma de diferentes culturas y territorios se acaba», añade el experto ya citado.

De igual modo, en Elche ningún partido se posiciona contra el traslado de la Dama de Elche, solo discrepan sobre la duración de la estancia de la obra allí. Nadie pone los informes técnicos por encima de los apetitos competenciales.

Por su parte, la presidenta de ICOM España, Teresa Reyes , dijo a ABC que los posibles traslados de bienes culturales de los museos nacionales a sus lugares de origen deben ser analizados «caso por caso» y siempre desde un punto de vista técnico porque lo más importante, subraya, es que «el patrimonio no sufra». «Lo preocupante es que estos temas pasen a la esfera política».

Reyes ha recordado que cuando se descubrieron gran parte de las piezas que hoy integran la colección del MAN «no había museos en los lugares de origen y el Arqueológico era el lugar donde tenían que ir». La decisión ahora sobre su posible regreso debería quedar siempre en manos de los técnicos y no de la política, a juicio de Reyes, porque «puede ser dañino para el patrimonio».