Sin ley de internet ni debate se regulan los cortes a webs

I. REYERO |
MADRID Actualizado: Guardar
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El Gobierno español ha levantado por fin sus cartas para librar su particular lucha contra la piratería en internet, tras meses de estériles negociaciones entre la industria cultural y los operadores de acceso. Pero, tal vez consciente de la impopularidad que acompaña cualquier medida que restringe los derechos digitales de los internautas, el Ejecutivo ha decidido «colar» su propuesta en la disposicion final de la Ley de Economía Sostenible, acción que el PP, a través del diputado José María Lassalle, ha calificado de «bofetada» a la Subcomisión del Congreso de la Propiedad Intelectual, creada específicamente para estudiar este asunto. «No nos gusta la fórmula elegida porque se introduce por la puerta falsa de la Ley, en un acto de secuestro parlamentario», censuró. La disposición, que modifica la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSII) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), supone que por vez primera la piratería será en España motivo de desconexión. La ministra de Cultura reiteró por enésima ayer en los pasillos del Congreso que la ley atacará únicamente a las web, pero «en ningún caso al usuario final».

A falta de conocer los detalles del modelo español, González-Sinde adelantó que será la Comisión de Propiedad Intelectual —órgano dependiente de Cultura formado por un reducido grupo de expertos independientes— quien maneje la llave del grifo y autorice el bloqueo de páginas web que alojen ilegalmente archivos protegidos de descarga (películas, música y videojuegos, principalmente). Sólo en el caso de que este órgano estime que el corte podría conculcar otros derechos fundamentales (como el de expresión), entonces remitirá la documentación a un juez. Según fuentes de dicha Comisión, ésta no se dedicará a espiar al usuario, sino que actuará siempre tras la denuncia de un productor, entidad de gestión o titular de derechos vulnerados. La Comisión estudiará cada denuncia; valorará la legitimidad de denuncia, y se pondrá en contacto con el propietario de la web para ordenarle que elimine el archivo por el cual ha sido denunciado, si no tiene licencia. En caso de no localizar al propietario, se dirigirá al servidor para pedirle que bloquee ese link concreto. Pero si la web en cuestión tiene varias denuncias, entonces se bloqueará toda la página. El modelo español se acogerá también a la famosa ley de tres avisos, impulsada por Sarkozy.

España se sirve así de la laxitud exhibida por Bruselas, que si bien establece unas «garantías procesales» como mínimo común denominador, da carta libre a los Estados para que regulen a su manera el acceso a internet.