La SGAE cobra a las casetas de Feria hasta por las sevillanas del XIX

En el primer apartado no hay polémica, ya que «pasan los recibos, comprueban qué cantantes vienen y luego liquidan», afirma Luis Jiménez Játiva, gerente de la caseta del Círculo Mercantil. Sin embargo, el problema viene con el cobro del canon de los discos. «Es un porcentaje menor, más o menos un diez por ciento», aclara Jiménez, pero nadie revisa la música que se pone, por lo que muchas entidades se han querellado contra la SGAE. La razón es que se usan discos con sevillanas populares, como las corraleras del siglo XIX, que no generan derechos de autor, a pesar de lo cual las asociaciones feriales deben pasar por caja. El Círculo Mercantil, por ejemplo, pagó 2.000 euros en abril de a la SGAE, de los que «unos 200 eran para el canon general».

Según ha podido saber ABC, la Caseta del Club Pineda perdió un juicio por negarse a pagar dicho canon. Y la cuestión es que desde hace años la picaresca sevillana encontró un resquicio por el que colarse que hasta ahora no le ha servido para nada. Varios promotores han editado discos compuestos por sevillanas que no generan derechos porque son populares para esquivar el cobro de la SGAE.

No controlan la música emitida

Sin embargo, hasta ahora la medida no ha surtido efecto. Desde el año 2004, las casetas de la Feria de Abril de Sevilla -casi 1.100- deben abonar el canon sin que ningún técnico de la SGAE controle la música grabada que emiten. Y las que se han negado a hacerlo están inmersas en un proceso judicial que, por la jurisprudencia existente, acabarán perdiendo. Y todos los gerentes consultados por ABC se hacen la misma pregunta: «Si usamos sevillanas populares, ¿a quién va a parar el dinero que pagamos?»

Lo sorprendente en el caso de las fiestas de Sevilla es que con la Semana Santa, en la que se interpretan marchas de autores conocidos, ocurre lo contrario que con la Feria. Nadie cobra. El compositor Abel Moreno reconoce que jamás ha obtenido ningún ingreso por el uso de sus obras: «Según la SGAE, uno de los requisitos para cobrar es que el público pague por asistir al espectáculo o que el grupo musical cobre por hacer su trabajo. Con que se dé uno de los dos es suficiente. Pero hasta ahora no he cobrado nada a pesar de que se tocan mis cosas. Quién debe de pagar no lo sé».

Por su parte, Manolo Marvizón, que también es compositor de marchas procesionales, asegura no haber cobrado derechos de autor por la difusión de las mismas durante la Carrera Oficial. «El problema no es el dinero en sí sino la dignificación de los autores. Se está difundiendo este asunto desde un punto de vista mercantilista pero hay que decir que en España hay unos cien mil autores, y que los que tienen la suerte de ganar mucho dinero, como Alejandro Sanz, son sólo 5 ó 10. Son una pequeñísima proporción, menos del 0,001 por ciento. El resto tienen que hacer muchas cosas para sobrevivir».

Respecto al pago de derechos de autor por las procesiones de Semana Santa, Marvizón recuerda algunas reuniones que no fructificaron entre el Consejo de Hermandades y la SGAE: «La cantidad era tan pequeña y exigua para los autores que al final no se hizo».

«Desfiles culturales»

El abogado Joaquín Moeckel también aclara esta situación: «El que tiene que pagar el derecho de autor es el consumidor final. La banda debe pagar a la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Por ejemplo, en una boda, quien interpreta las piezas es el grupo, pero quien paga es el salón de celebración. La SGAE podría cobrar a las hermandades, que son las que contratan a las bandas, pero como eso sería muy difícil está la figura del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Como en los palcos se paga, ¿por qué no sacarlo de ahí?».

El abogado afirma que no se paga porque el Consejo de Cofradías calificó el paso de las procesiones por dicho tramo de «desfile cultural» y considera que la SGAE «no se atreve con las cofradías, a las que tendría derecho a cobrar, porque le daría muy mala imagen, mientras espía y graba ilegalmente, como se ha determinado en varias sentencias judiciales, en bodas y bautizos, que son celebraciones estrictamente privadas».